Conozca los pasos que deben cumplirse para remover la inmunidad al presidente y al ministro de Cultura y Juventud por el caso BCIE.

La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, por un presunto delito de concusión relacionado con la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Al presentarse la acusación se inició el proceso que puede llevar al levantamiento de la inmunidad a ambos funcionarios. Los pasos que deben cumplirse ahora para levantar la inmunidad del presidente y ministro son:

  • La Corte Suprema de Justicia, en su función de Tribunal de Corte, debe conocer la acusación presentada por la Fiscalía General.
  • Si una mayoría de la Corte considera que la acusación cumple con los requisitos legales y que los hechos podrían constituir un delito, envía a la Asamblea Legislativa la solicitud para el levantamiento de la inmunidad.
  • La Asamblea Legislativa debe designar una comisión conformada por tres congresistas que conocerá la acusación de la fiscalía, así como la defensa que hagan los acusados.
  • La comisión rinde un informe al plenario, recomendando si se debe levantar o no la inmunidad.
  • La Asamblea Legislativa, con mínimo de 38 votos, puede acordar levantar la inmunidad.
  • Si se levanta la inmunidad del mandatario, el caso será presentado ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de que la Asamblea acuerde no levantar la inmunidad al presidente, el proceso no se archiva, ya que puede ser presentado por la vía ordinaria en el momento en que deje el cargo.

La acusación contra el presidente Chaves

EL Ministerio Público informó que la acusación contra el presidente Chaves y el ministro Rodríguez fue realizada por el presunto delito de concusión, el cual está tipificado en el artículo 355 del Código Penal y se castiga con penas de hasta ocho años de prisión.

Dato D+: El delito de concusión se da cuando un funcionario público abusa de su puesto para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.

De acuerdo con la Fiscalía, la contratación por $405.800, adjudicada a la empresa RMC La Productora S. A. (también conocida como Nocaut), fue fraguada a la medida del empresario Christian Bulgarelli Rojas, con el propósito de canalizar recursos públicos hacia allegados del mandatario. Entre ellos figura Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen de Chaves, quien habría recibido $32.000 para la compra de una vivienda.

De acuerdo con la acusación, tanto Chaves como Rodríguez Vives —quien al momento de los hechos era jefe de despacho del presidente— sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en Casa Presidencial y lo instruyeron para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato que eventualmente ganaría. La Fiscalía argumenta que estas acciones constituyen una violación al artículo 355 del Código Penal, que sanciona con penas de entre 2 y 8 años a cualquier funcionario que, abusando de su cargo, obligue o induzca a una persona a dar o prometer beneficios patrimoniales indebidos.

La tesis del Ministerio Público se apoya, entre otras pruebas, en los denominados Audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones sostenidas en Zapote tras la toma de posesión de Chaves en mayo del 2022. En una de ellas, el mandatario pidió expresamente el contrato con el BCIE y mencionó que tenía “un montón de antojos”. Además, consultó si Cruz Saravanja estaría incluido entre los beneficiarios del acuerdo.

En este proceso, Bulgarelli no será acusado, pues se le otorgó un criterio de oportunidad a cambio de colaborar como "testigo de la corona". El empresario, quien fue quien ganó el contrato, admitió haber elaborado los términos de referencia y reconoció que conocía con anticipación que cumplía con todos los requerimientos. Su colaboración está condicionada a que los datos aportados resulten útiles y veraces para el avance del proceso penal; de lo contrario, la acción penal en su contra será retomada.

En paralelo, la Fiscalía abrió una causa separada contra Cruz Saravanja —quien no goza de inmunidad— por los mismos hechos, bajo el expediente 25-000044-0033-PE.

Durante el desarrollo del caso, tanto Casa Presidencial como el BCIE intentaron mantener bajo reserva el expediente completo de contratación. La Presidencia solo divulgó parcialmente el contenido tras una solicitud de acceso, omitiendo documentos claves como criterios técnicos previos, transferencias bancarias y correos electrónicos entre las partes involucradas. Además, en diciembre del 2023, se conoció que el monto inicial del contrato fue ampliado en un 35% sin informar públicamente, pasando de $300.000 a $405.800.

El Ministerio Público también informó que, en enero pasado, agentes del OIJ secuestraron las grabaciones clave del caso en la residencia de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien declaró como testigo y justificó las grabaciones por sospechas de posibles irregularidades legales y éticas.