La situación de los productores de tubérculos y hortalizas es cada vez más precaria. La importación de cebolla y papa, promovida por el Gobierno y, extrañamente, ahora secundada por el Banco Central, resulta enormemente preocupante.
El Gobierno ha emprendido una nueva arremetida contra el sector agrícola, replicando la receta de la “Ruta del Arroz” y dando paso a una especie de “Ruta de la papa 2.0”, con consecuencias ya conocidas, entre ellas:
- El favorecimiento desleal a ciertos importadores;
- Graves afectaciones al productor nacional, y
- La ausencia de beneficios reales y sostenibles para el consumidor final a largo plazo.
El abandono y desmantelamiento del sector agrícola se profundiza cada vez más, con consecuencias que afectan tanto a los productores como a los consumidores.
Recientemente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tomó la decisión de flexibilizar los controles fitosanitarios, lo cual podría derivar en enfermedades que afecten la papa nacional.
Y no solo eso: a raíz de la conmoción e incertidumbre generadas, papa de baja calidad —destinada a la industria— está siendo comercializada clandestinamente como papa de consumo fresco en nuestros hogares.
Es decir, no solo se expone la producción nacional a brotes de enfermedades, sino también a una merma en la calidad de las papas que llegan a nuestras mesas, lo cual acarrea, inevitablemente, el desmejoramiento de este producto insigne cartaginés.
Los agricultores ya reportan pérdidas millonarias por el incremento en las importaciones, superiores a los ₡15.000 millones.
El sector primario costarricense da trabajo a miles de personas, y este favorecimiento a las importaciones amenaza con disparar el desempleo rural. Todo ello en un contexto de absoluta ausencia de una política agrícola que proteja al cultivador y a sus familias.
No existen seguros agrícolas, subsidios de emergencia ni créditos accesibles que permitan aminorar las crisis ocasionadas por eventos climáticos o por la volatilidad del mercado.
Estamos a las puertas de un descalabro sectorial, a vista y paciencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo cual pone en grave riesgo nuestra seguridad alimentaria.
Como si esto fuera poco, el presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal, sugirió públicamente la importación de papa y tomate, alineándose con la posición del Gobierno, rebasando sus competencias técnicas, violentando el principio de legalidad y asumiendo como propias funciones ajenas. A un banco central no le corresponde sugerir medidas comerciales, mucho menos en relación con productos específicos. Este es un pésimo precedente y un mensaje institucionalmente dañino.
Así pues, la apertura desorganizada de las importaciones de productos como la papa y la cebolla, promovida por el Gobierno y respaldada erróneamente por el Banco Central, está arruinando a nuestros agricultores y a sus economías familiares.
La “Ruta de la papa 2.0” ya está en marcha. Y, si esto continúa, nos dirigimos al colapso del sector agrícola, cuyos gritos de auxilio siguen siendo ignorados por el Gobierno.
La voz de nuestras agricultoras y agricultores no se puede ahogar en un mar de importaciones. No olvidemos que son ellos, finalmente, quienes hacen posible que cada día tengamos alimentos en nuestras mesas.
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