Tribunal acogió solicitud de Fiscalía tras concluir que no hubo delito.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó una desestimación formal a favor del expresidente Carlos Alvarado Quesada, en la causa penal que se abrió en su contra por un viaje familiar realizado en agosto de 2020 al hotel Punta Islita, en Guanacaste.
Según informó su equipo legal este jueves, la decisión judicial fue adoptada tras una solicitud del Ministerio Público, que luego de una investigación concluyó que no existía delito que perseguir en los hechos objeto del expediente 20-000044-0033-PE. La resolución fue emitida oralmente, notificada a las partes y ya quedó en firme.
La causa se había abierto de oficio en agosto de 2020, luego de que varios medios de comunicación revelaran detalles sobre el viaje realizado por el entonces mandatario junto con su familia y el exministro André Garnier Kruse, incluyendo el uso de un helicóptero y los servicios del hotel en Punta Islita. En su momento, Casa Presidencial aseguró que los gastos fueron cubiertos por ambos funcionarios de forma equitativa.
De acuerdo con los abogados defensores Rodolfo Brenes y Roger Guevara, el proceso permitió demostrar que Alvarado costeó todos sus gastos personales de transporte, hospedaje y alimentación. En el expediente figuran los documentos bancarios que respaldan dichos pagos, los cuales fueron valorados por el Ministerio Público como prueba suficiente para descartar la comisión de un ilícito penal.
“Esta decisión le pone punto final al proceso y confirma que don Carlos no cometió delito alguno con esa visita familiar. Las autoridades judiciales hicieron una amplia investigación y en el expediente judicial constan todos los documentos bancarios que demuestran que él pagó todos sus gastos y por eso el Juzgado Penal resolvió acoger la solicitud y desestimar el proceso”, señaló el abogado Rodolfo Brenes.
Durante el desarrollo del expediente, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo el levantamiento del secreto tributario de las empresas vinculadas al hotel y a la transportación aérea, a fin de verificar la trazabilidad de las facturas emitidas y la legalidad de las transacciones asociadas al viaje. Entre las sociedades revisadas figuró Servuss S.A., empresa vinculada a Garnier y utilizada para gestionar el vuelo en helicóptero.
Aunque algunas inconsistencias en las facturas motivaron esa diligencia, la defensa del expresidente insistió desde el inicio en que dichas gestiones no comprometían penalmente a su representado. “El levantamiento se pide para verificar la información relacionada con la emisión de las facturas que hicieron terceras personas... lo relevante es determinar si don Carlos pagó o no, y la Fiscalía tiene toda la prueba bancaria”, declaró Brenes en 2021.
El abogado también cuestionó en su momento las filtraciones del caso a la prensa, al considerar que atentaban contra la presunción de inocencia y la independencia judicial.
