Moción de prórroga del proyecto fracasó con 12 a favor y 28 en contra.

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al proyecto de ley 22.459, que pretendía regular y transparentar el uso de la cuota mensual de 500 litros de gasolina que actualmente reciben las diputaciones como parte de sus componentes salariales.

La moción para extender el tiempo de vida del expediente legislativo requería el respaldo de al menos 29 congresistas, pero no logró ese respaldo y fue rechazada con 12 votos a favor y 28 en contra de la prórroga, 17 miembros del parlamento se ausentaron de la votación.

El resultado entierra una iniciativa que había sido dictaminada afirmativamente por unanimidad desde marzo de 2022 y que permanecía sin ser conocida en el plenario.

El proyecto, propuesto por la entonces diputada Carolina Hidalgo Herrera y aprobado por la Comisión de Gobierno y Administración, establecía mecanismos de control para eliminar el uso discrecional de los combustibles asignados a cada legislador. En su dictamen unánime, la comisión resaltó que la intención era “dar transparencia sobre el uso de la cuota de 500 litros de gasolina asignada a cada diputado y diputada mediante los controles que al efecto sean establecidos”.

Entre los cambios que introducía el texto sustitutivo aprobado en comisión, se incluía la obligación de las diputaciones de justificar el uso del combustible y sujetarse a un sistema de rendición de cuentas, además de establecer límites al uso personal del recurso y evitar su acumulación o comercialización.

Durante su trámite en comisión, el proyecto fue consultado a diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Procuraduría General y el Tribunal Supremo de Elecciones. El texto final, aprobado el 29 de marzo de 2022, reflejaba recomendaciones y ajustes sugeridos por estas instituciones.

Pese a contar con ese respaldo técnico y un dictamen unánime, el proyecto no fue convocado en periodos extraordinarios ni tramitado por el plenario antes de vencer su plazo de vida útil, razón por la cual se propuso una moción para extender su periodo de tramitación durante cuatro años más. El rechazo de la misma equivale a un archivo definitivo del expediente.

Entre las pocas diputaciones que respaldaron la ampliación del plazo se encontraban el Frente Amplio, el oficialismo (a excepción de Alexander Barrantes Chacón), y las congresistas independientes Gloria Navas Montero, Kattia Cambronero Aguiluz y Cynthia Córdoba Serrano. Sin embargo, la mayoría de legisladores del PLN, PUSC, Nueva República, y el Liberal Progresista votaron en contra.