En junio de 2020 se publicó la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 9859), mejor conocida como la Ley Contra la Usura Crediticia, la cual define los parámetros para penalizar la usura por concepto de tasas de interés exorbitantes en créditos. Dicha ley establece tasas anuales máximas de interés (TAM) tanto para créditos como para microcréditos y establece, por tanto, un umbral por encima del cual una entidad financiera no debería ofrecer créditos. Dicha TAM se compara con la tasa de interés total anual (TITA), esta última es una tasa que incorpora la tasa de interés nominal más todos los costos, gastos, multas, seguros obligatorios, comisiones y gastos legales, así como cualquier otro rubro financiero obligatorio en el que el cliente deba incurrir. La TAM es publicada por el Banco Central (BCCR) por moneda y de forma semestral (en la primera semana de enero y julio de cada año).

Ahora bien, el más reciente estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Costa Rica, publicado hace pocos días, pone en perspectiva la situación macroeconómica, el mercado laboral, las energías renovables y el comercio. La lectura del informe resulta imprescindible si queremos conocer un diagnóstico integral de la economía costarricense, pero también las sugerencias de la OCDE sobre dónde debería estar el foco de las políticas públicas.

En el informe, la OCDE señala que aumentar la inclusión financiera sigue siendo un desafío pendiente para el país. Los datos indican que en Costa Rica poco menos del 70% de las personas mayores de 15 años tienen una cuenta en una entidad financiera, nivel considerablemente inferior al promedio de la OCDE, el cual ronda el 95%. Al respecto, el informe señala que el tope de las tasas de interés (la supracitada Ley Contra la Usura Crediticia) está causando exclusión financiera, veamos por qué.

Los resultados del estudio apuntan a que la Ley Contra la Usura Creditica actualmente está restringiendo el acceso a los créditos, en especial para las personas con una condición socioeconómica más vulnerable y de mayor riesgo, ya que las entidades financieras muestran menos disposición a prestar dinero a estos grupos debido al limitado potencial de beneficio respecto a los más altos riesgos implícitos.

Ante ello, la OCDE propone aplicar topes escalonados, basados en el perfil de riesgo del prestatario, lo que permitiría tasas más altas para préstamos con mayor riesgo. De esta forma, se desincentivaría el uso de canales informales y predatorios de crédito (créditos “gota a gota”), que a menudo cobran tasas de interés considerablemente altas y en algunos casos están conectados con grupos criminales. Si bien a nivel nacional ha habido iniciativas para facilitar el acceso a créditos formales en condiciones accesibles para la población vulnerable, la propuesta de la OCDE resulta interesante desde el ámbito de la gestión de riesgos, así como para aumentar la inclusión financiera del país.

Finalmente, la OCDE también indica que, fomentar la competencia en el sector financiero y garantizar una sólida protección al consumidor contribuiría a impulsar la inclusión financiera y sería más efectivo que el tope de tasas de interés asociado a la Ley Contra la Usura Crediticia. Vamos por partes… recientemente se ha visto un sector financiero cuyo mercado es cada vez más reducido, con 15 intervenciones en el sistema financiero en las últimas 3 décadas.

Por otro lado, una parte importante de garantizar la protección al consumir está asociado con “disciplina de mercado” o el pilar 3 del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) y cual se refiere a la necesidad de que las entidades financieras divulguen información significativa y oportuna para los agentes económicos. Lo que se busca es facilitarles a los depositantes, inversionistas y al público en general una mejor evaluación del perfil de riesgo de las entidades, su posición financiera y estructura de capital, de forma tal que se disminuyan las asimetrías de información imperantes entre las entidades financieras y las principales partes interesadas.

La recomendación puntual de la OCDE sobre estos últimos puntos es ampliar el alcance del registro crediticio para incorporar más entidades con actividades crediticias y a una mayor proporción de la población.

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