El tema de la gentrificación ha cobrado relevancia en el debate público costarricense. Sin embargo, muchas de las discusiones en los medios de comunicación que he visto, se centran en la llegada de turistas y extranjeros como los responsables del fenómeno. Es más, en un reportaje se presenta como una dicotomía entre progreso y preservación. Este enfoque, el más fácil de señalar, omite factores estructurales fundamentales que han propiciado el problema: la falta de planificación urbana, ordenamiento territorial y regulaciones adecuadas. La gentrificación no es un problema que viene de afuera, sino que es consecuencia de la negligencia en la gestión de nuestro propio territorio, sobre todo en las zonas costeras.

Si bien el turismo ha impulsado la economía, el desarrollo no planificado ha exacerbado procesos de desplazamiento de comunidades locales, particularmente en zonas costeras y rurales. Guanacaste, por ejemplo, ha experimentado un aumento de hasta un 400% en el valor de las propiedades entre 2020 y 2023, según el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Este encarecimiento hace que muchos costarricenses ya no puedan costear una vivienda en sus propios pueblos.

El estudio de Percepción Nacional sobre los Residentes en Costa Rica, realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA, reveló que un 86,8% de los ciudadanos cree que los extranjeros se están apropiando de terrenos en zonas costeras, mientras que un 76,9% opina que encarecen el costo de las propiedades y afectan a la población local. Este sentimiento popular se basa en una realidad palpable: los espacios urbanos y rurales se transforman sin que haya un control efectivo por parte del Estado.

No obstante, culpar a los extranjeros, a los turistas o al turismo por este problema es perder de vista el verdadero origen de la gentrificación. Según el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (DU-UCTOT-021-2025), solo cinco cantones costeros cuentan con planes reguladores vigentes, mientras que 23 carecen por completo de estos instrumentos. En muchos casos, las municipalidades no tienen la capacidad técnica o política para liderar procesos de ordenamiento territorial ni para fiscalizar adecuadamente el crecimiento urbano. Esta situación ha permitido la proliferación de sitios sin criterios de sostenibilidad ni que protege la identidad cultura o de consulta con las comunidades afectadas.

La ausencia de una visión integradora de las instituciones públicas, promueve una falta de protección de espacios públicos y naturales. Un claro ejemplo es el Plan de Gestión de Destino para el Caribe del ICT, que prioriza el desarrollo turístico de poblados como Tortuguero, Parismina, Puerto Limón, Cahuita y Puerto Viejo, pero sin articular esfuerzos con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para potenciar áreas naturales clave como el Parque Nacional Tortuguero,  Parque Nacional Cahuita, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo o el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. Esta fragmentación institucional refleja la falta de una visión integral para el desarrollo del país.

Para enfrentar la gentrificación, Costa Rica necesita implementar planes de vivienda asequible, regular el mercado inmobiliario y garantizar la protección de inquilinos y propietarios locales. Además, la participación ciudadana es clave. La apatía social ha permitido que las decisiones sobre el territorio queden en manos de terceros. Es crucial que las comunidades exijan transparencia, pero también que participen en consultas públicas y presionen a los gobiernos locales para que prioricen el bienestar de la población sobre intereses comerciales. Son pocos los casos exitosos de participación como Playa Cabuyal o Playa Hermosa. 

La solución no es restringir la inversión extranjera ni culpar a quienes deciden radicarse en Costa Rica, sino establecer reglas claras que garanticen un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin una acción decidida, el crecimiento descontrolado seguirá profundizando desigualdades y afectando el derecho de los costarricenses a habitar su propio país. Es momento de asumir responsabilidad, promover el desarrollo de la infraestructura para el turismo de manera ordenada y exigir políticas urbanas que protejan tanto la identidad cultural como el acceso equitativo a la vivienda y espacios públicos.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.