Costa Rica enfrenta una encrucijada en su sistema de pensiones. La posibilidad de elevar la edad de jubilación a 70 años se está analizando – al menos en borrador - como una medida para aliviar la presión financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, esta decisión conlleva consecuencias significativas en el mercado laboral, la salud, lo gerontológico y la calidad de vida de los trabajadores y definitivamente este será un tema a considerar en el año electoral que se nos viene.
Actualmente, la edad de jubilación en el IVM es de 65 años para los hombres y mujeres, pero ellas la pueden adelantar a los 62 años, con un requisito mínimo de 300 cuotas. Si esta edad se elevara a 70 años, el impacto sería significativo. Por un lado, el sistema de pensiones se vería beneficiado, ya que disminuiría los años de pago de pensiones y aumentaría la cantidad de contribuciones activas, lo que brindaría un respiro financiero al fondo. Sin embargo, esta medida también conllevaría efectos negativos.
Uno de los principales riesgos es el aumento de la informalidad laboral, que creció en 2024, alcanzando las 238 mil personas según el INEC. Además, existe el peligro de una mayor exclusión de las personas mayores en el mercado de trabajo. En la práctica, la discriminación por edad ya afecta a quienes superan los 45 años, dificultando su acceso a un empleo digno. Elevar la edad de jubilación a 70 años no solo profundizaría estos problemas, sino que podría generar un impacto contrario al esperado, agravando la precariedad laboral y la exclusión en lugar de fortalecer el sistema de pensiones.
El impacto en la seguridad social sería profundo. Retrasar la jubilación podría disminuir el gasto en pensiones y aumentar las contribuciones al fondo. Sin embargo, muchas personas mayores de 60 años podrían enfrentar un deterioro de salud significativo, lo que aumentaría las solicitudes de incapacidad laboral. Esto generaría costos adicionales para el sistema de salud pública, contrarrestando en parte el beneficio económico de la reforma. Además, generaría estrés en el ámbito geriátrico gerontológico en una Costa Rica que no logra tomarse en serio los temas de envejecimiento y vejez.
En el ámbito laboral, el efecto podría ser doble. Por un lado, la permanencia obligatoria de personas mayores en el mercado de trabajo podría bloquear oportunidades de empleo para los jóvenes, dificultando la renovación de la fuerza laboral. Por otro lado, la discriminación por edad se volvería un problema más evidente, con empresas evitando contratar personas mayores de 50 años por temor a que permanezcan en sus puestos hasta los 70. Esta situación podría incrementar los despidos anticipados y la precarización del empleo en los últimos años de vida laboral. Incluso podríamos agravar más los efectos negativos con las jornadas cuatro por tres que discuten su viabilidad hace meses.
Desde la perspectiva de la calidad de vida, el panorama también es complejo. Costa Rica tiene una esperanza de vida cercana a los 80 años, pero la esperanza de vida saludable es menor, con 67 años. Si la edad de jubilación se extiende hasta los 70 años, muchas personas no podrán disfrutar de un retiro con calidad de vida. Trabajar hasta edades avanzadas podría afectar su bienestar físico y emocional, aumentando los casos de agotamiento y enfermedades crónicas.
Desde una perspectiva social, una medida de este tipo enfrentaría una fuerte oposición tanto sindical como ciudadana, y con razón. En un país con una sólida tradición de luchas laborales y protección social, retrasar la edad de jubilación podría percibirse como un retroceso en los derechos conquistados. Esto daría lugar a protestas y negociaciones que presionarían al gobierno a buscar alternativas para mitigar el impacto en los trabajadores próximos al retiro. En este sentido, el análisis de una posible jubilación a los 70 años no puede reducirse únicamente a cálculos actuariales, sino que debe considerar también su impacto humano y social.
Para enfrentar estos desafíos, definitivamente como país debemos plantear diversas alternativas incluso la innovación social. Un enfoque sería un aumento gradual de la edad de jubilación, implementado progresivamente a razón de un año cada cinco años hasta alcanzar los 70. Otra opción sería un modelo de edad diferenciada según el tipo de empleo, permitiendo que quienes desempeñan trabajos físicamente exigentes se jubilen antes que aquellos con labores más livianas. También se podría optar por un modelo flexible con incentivos, manteniendo la edad actual de jubilación, pero ofreciendo beneficios a quienes elijan seguir trabajando hasta los 70 años. El agua tibia en este tema ya la inventaron países como Suecia, Alemania, Italia y Uruguay.
El debate sobre la reforma del sistema de pensiones en Costa Rica no es solo una cuestión financiera, sino una decisión con implicaciones en la estructura laboral, social gerontológico y de salud del país. La pregunta clave sigue siendo: ¿Está Costa Rica preparada para este cambio? Más allá de la sostenibilidad del sistema, cualquier reforma debe priorizar la dignidad y el bienestar de los trabajadores, asegurando que la vejez no se convierta en una etapa de vulnerabilidad e incertidumbre.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
