Respuesta corta: sí.

Ya paso a explicar por qué decidí contestar esta pregunta pero primero lo primero, ¿qué entendemos por pensión de lujo?

Existen diferentes criterios. El clásico de corte “técnico” llama pensión de lujo a aquella que se recibe sin haber cotizado lo suficiente para justificar el monto recibido. El tema es que en palabras de Álvaro Ramos (cuando era el superintendente general de pensiones) “eso sucede prácticamente en todos los casos”. En buena medida esto es así porque el sistema de pensiones básico costarricense tiene una concepción solidaria, por lo que en la cotización participan el trabajador, el patrono y el Estado. Eso sin mencionar el régimen no contributivo (también de corte solidario) para el cual la persona no cotizó y difícilmente diríamos que esas son pensiones de lujo (rondan los ₡82.000 mensuales).

En otras palabras, la definición técnica no sirve de mucho en nuestro país.

Por ese motivo el propio Ramos propuso entonces (y así mismo lo dijo a Delfino.CR en conversación con Trilce Villalobos) usar de referencia el tope del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja (al que cotiza el 91% de la población):

Si este es un país que decidió que a nivel de pensiones debe haber un tope de un millón y medio, ¿qué hacemos teniendo gente que superan ese tope? (...) ¿Si se decidió que la mayoría de personas va a recibir máximo millón y medio, por qué hay una categoría de ciudadanos que puede recibir más que eso?”.

Dato D+: Actualmente el tope del IVM ronda ₡1.765.859.

En esencia, la tesis de Ramos se basa en que 9 de cada 10 costarricenses no pueden optar por una pensión por encima de ese monto (sin importar si su salario es mucho más alto), por lo que una pensión que lo supere se puede considerar “de lujo”.

Dato D+: En 2018 DobleCheck ubicó 14.585 pensiones superiores al tope del IVM.

Aquí es oportuno una breve pausa para recordar que el sistema de pensiones de Costa Rica está constituido por cuatro pilares: el pilar contributivo obligatorio, el pilar complementario obligatorio (el famoso ROP por el que todo el mundo está peleando ahora), el pilar complementario voluntario y el pilar no contributivo. La discusión que hoy nos ocupa se centra en el primer pilar que acuerpa (principalmente...) el IVM de la Caja, el Magisterio Nacional (Jupema) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Superado ese necesario “refresque” volvamos a a lo que nos ocupa, existen otros parámetros aceptados para hablar de “pensión de lujo”. Por ejemplo el establecido indirectamente por la propia Asamblea Legislativa cuando en 2016 aprobó cuatro leyes con el fin de limitarlas.

Dice el texto: “Crear y regular la contribución especial, solidaria y redistributiva para los regímenes de pensiones citados en esta ley y cuyo monto de pensión exceda diez veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil”. En términos prácticos eso implicó que aquellas cuatro leyes aplicaron para pensiones que superan los ₡2,5 millones.

Posteriormente, durante la administración Alvarado, se aprobó la Ley 9796 que reguló pensiones entre los ₡2,2 millones y ₡2,6 millones, así que el parámetro fue más o menos el mismo.

Dato D+: En 2018 La Nación reportó que existían casi 3.800 jubilaciones que superaban los ₡2,5 millones mensuales. Casi 1 de cada 2 de esos pensionados provenía de las universidades públicas.

Hay otras interpretaciones de qué podemos entender por pensionado de lujo. En 2018 La Nación, por ejemplo, lo describió así:

Las jubilaciones de lujo las perciben todos aquellos que no cotizaron lo suficiente para sostener las ventajas que tienen, como percibir una pensión equivalente al 100% del mejor salario devengado, o bien, retirarse a los 50 años. Actualmente, existen 61.000 pensiones de este tipo”.

Así las cosas usted puede usar un criterio u otro pero podemos concluir de cualquier con certeza que una pensión de lujo se caracteriza porque excede significativamente el estándar general del sistema nacional (supera por amplio margen el tope del IVM) y porque amén de las buenas intenciones con la que haya sido creada no tiene una justificación social suficiente para existir como excepción.

Puesto en sencillo: una pensión de lujo es aquella que resulta desproporcionada y estructuralmente insostenible dentro del sistema solidario.

Listo, ya estamos. Pero antes de continuar quiero invitarlos a no confundirse con el tema del “tope”. Aunque el tope del IVM ronde los ₡1,8 millones, la pensión promedio del régimen anda por los ₡330 mil mensuales.

Repito: ₡330 mil mensuales.

Digo, a ver si empezamos a entender por qué este tema de las pensiones de lujo enfada tanto a la mayoría de la población. A veces el nivel de desubique que se maneja en algunos círculos (especialmente el de los pensionados de lujo...) es alucinante.

***

Bien, hasta aquí la introducción, pasemos a contestar lo que hoy nos ocupa: ¿Es Ana Virginia Calzada una pensionada de lujo?

Primero, el dato: actualmente doña Ana tiene una pensión bruta mensual de ₡7.936.794,19 que, tras las deducciones de ley, se traduce a un monto neto que recibe de ₡3.968.397,10.

Evidentemente la pregunta ya se contestó sola, pero la exmagistrada sostiene que no es una pensionada de lujo y precisamente por eso me sentí moralmente obligado a refutarla, muy a pesar de que es una de mis candidaturas favoritas. Diay, así es esto.

A ver, en recientes entrevistas tanto en Monumental como en OPA se le consultó sobre el tema y en ambas ocasiones recurrió a un discurso que, al costarricense promedio, le cae como una bofetada.

En Monumental dijo que “ya lo he explicado montones de veces, pero me parece que es un argumento populista que siguen usando (...) yo les he dicho, yo no soy una pensionada de lujo. Uno, porque pagué mi pensión. Dos, porque ya nos rebajaron el 55 % de la pensión. Y tres, porque yo no me di la pensión. Yo no fui la que me di la pensión, me la dio el sistema. Eso no quiere decir que yo no esté consciente de que hay pensiones que hay que mejorarlas. Muchas pensiones hay que mejorarlas. Vea, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que no tenemos culpa ninguno de los pensionados del Poder Judicial ni de los maestros. Le están quitando al régimen no contributivo de 83 mil colones... le están bajando la pensión a 73, y eso no tiene nada que ver el Poder Judicial, ni Jupema, ni ningún fondo de pensiones. En este país hay varios fondos de pensiones. Eso es culpa del gobierno. La mala administración que están teniendo con la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es lo que hay que mejorar. Que esas personas tengan mejores ingresos”.

Voy por partes.

#1. “Yo pagué mi pensión”. Falso. Por supuesto que cotizó y aportó sus cuotas pero no es lo mismo haber cotizado que haber financiado el monto que recibe. Su régimen se apoya en un sistema de reparto con apoyo del Estado, es decir, su pensión sería imposible sin el pago que hacemos nosotros a punta de impuestos.

#2. “Ya nos rebajaron el 55% de la pensión”. Falso, cortesía de un giro retórico marca diablo. Primero, porque las deducciones de ley son del 50%, no del 55%. Segundo, porque su pensión sigue siendo de casi ₡7.936.794,19; si se la hubieran “rebajado” no le habrían entrado casi 12 millones de colones a su cuenta bancaria este diciembre cortesía del aguinaldo. Tercero y muy importante: doña Ana convenientemente no menciona que ella peleó con todo para evitar que le aplicaran la contribución solidaria a su pensión.

#3. “Yo no me di la pensión… me la dio el sistema”. Cierto. Pero no se entiende cómo se supone que eso refute que se trate de una pensión de lujo. Es como que Valdano dijera “yo no metí el gol con la mano, fue Maradona”. Nadie duda de eso, pero bien que fue a abrazarlo después.

Digamos las cosas como son: ese “sistema” que le otorgó su pensión era actuarialmente insostenible. Acumuló un déficit estimado en más de ¢5 billones, producto de pensiones muy altas calculadas al 100% del promedio de los últimos 24 salarios, con requisitos de retiro y mecanismos de ajuste que no guardaban proporción con la sostenibilidad del fondo. El desbalance fue tal que el régimen tuvo que ser reformado integralmente en 2018, trasladando buena parte del ajuste a las generaciones posteriores, y aun así el panorama futuro sigue siendo complejo.

Dato D+: Ya que estamos hablando del colapso de nuestro sistema de pensiones, me permito una pequeña pausa para recomendarles la lectura del reportaje de Hulda Miranda (por allá del 2018) titulado Miles de ticos cobran varias pensiones a la vez (y eso es legal), en el cual repasa por qué más de 17.000 personas reciben entre dos y cuatro pensiones simultáneamente de regímenes públicos.

Hasta aquí solo he comentado las herramientas retóricas de su respuesta, pero si escarbamos el análisis ideológico los resultados son igualmente decepcionantes. Trató de convertir un sistema de reparto con privilegios históricos en una cruzada meritocrática invisibilizando además el subsidio estatal. De feria, tiró la carta del “culpable externo” intentando unir a pensionados judiciales con personas en condición de pobreza en un mismo frente, diluyendo en el proceso su clara condición de élite privilegiada.

Cuando la candidata abordó el tema en OPA se armó un arroz con mango tan grande que ni siquiera puedo citarla, porque nada de lo que dijo tuvo sentido. Intentó pordebajear el término (pensionado de lujo) acotando que “jurídicamente no existe”, como si eso borrara su existencia económica, fiscal y social. Luego intentó circunscribir su alcance a una versión adaptada de lo dicho por el presidente Chaves (que es pensionado de lujo el que no cotizó para recibir lo que recibe) y volvió con el cuento de “cuando uno ha construido algo en la vida, no se lo han regalado”. Por supuesto no menciona el monto, no menciona que luchó para evitar el aporte solidario, omite todos los datos críticos y cambia de tema poniéndose a hablar del IVM.

Estas dos intervenciones que les comento van en línea con lo que dijo días atrás a La Nación:

Con el tema de las pensiones de lujo, lo que se ha hecho es populismo, porque así pueden engañar a la población sobre qué es o no una pensión de lujo”.

Ese tipo de frases me resultan particularmente incómodas porque no hay otra forma de interpretarlas que como una tomadura de pelo frontal al costarricense promedio. En este mismo espacio abordamos distintas interpretaciones de qué es una pensión de lujo y, bajo cualquiera de todas esas lupas dona Ana Virginia es una pensionada de lujo, punto.

No es un ataque personal. No es populismo. Es un dato objetivo e irrefutable. Sin ir muy lejos, la pensión neta que recibe Ana Virginia Calzada equivale a varios ingresos completos de una familia trabajadora promedio. No estamos hablando de matices técnicos, sino de una brecha que para la mayoría de los costarricenses es simplemente inalcanzable durante toda su vida laboral.

Entender esa realidad es fundamental antes de pedirle el voto a los costarricenses. No tiene nada de malo que doña Ana disfrute de su pensión, pero tampoco tiene nada de malo llamarla por su nombre: es una pensión de lujo.

Cuando nueve de cada diez costarricenses jamás podrán aspirar a algo parecido, negar que una pensión así sea de lujo no es un debate técnico: es una desconexión profunda con la realidad del país que se aspira a gobernar.