La Asamblea Legislativa tiene en su conocimiento el expediente legislativo 24.263 (Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica), presentado por el diputado Carlos Andrés Robles. Se trata de una iniciativa ambigua, regresiva y contraria al marco legal nacional e internacional que tutela el Derecho del Mar, la conservación marina y el uso sostenible de los recursos pesqueros.
En resumen, pretende otorgarle al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) competencias que ya tiene por ley; eliminaría la reserva de ley sobre las artes de pesca y las especies objetivo autorizadas a la flota semiindustrial sin ninguna justificación técnica; y asume, de forma equivocada, que toda especie marina puede ser objeto de aprovechamiento comercial.
Ninguna de estas medidas va a promover la pesca responsable. De hecho, el Incopesca externó un criterio en contra de la propuesta, catalogándola de técnica y jurídicamente inconveniente. Incluso, medios de comunicación publicaron el criterio técnico de la Procuraduría General de la República sobre este expediente, el cual establece que la propuesta podría revivir la pesca de arrastre de camarón, declarada inconstitucional por la Sala IV desde 2013, sin contar con los estudios técnicos requeridos.
Entonces, ¿cómo se promueve realmente la pesca responsable? Estableciendo el tamaño de primera madurez de las especies como la talla legal de captura; garantizando que no se capturen especies amenazadas o protegidas; respetando las vedas; asegurando que no haya actividad pesquera en áreas protegidas; y exigiendo el uso de artes de pesca selectivos y de bajo impacto.
Pescar de forma responsable implica, también, la responsabilidad del Estado de atender la problemática de la pesca ilegal desde un abordaje integral; establecer la variabilidad climática como un criterio esencial en la gestión pesquera; garantizar la trazabilidad del producto; y exigir el cumplimiento de los controles sobre las capturas y los desembarques, entre otras acciones.
El estado crítico de sobreexplotación de nuestros recursos marinos, la falta de competitividad del sector pesquero y los impactos que el calentamiento del mar comienza a tener en la actividad, son circunstancias que demandan acciones contundentes para promover la pesca responsable y, en general, la planificación del espacio marino. Ahora bien, garantizar pesquerías rentables y competitivas que no comprometan ni la salud de los ecosistemas, ni la recuperación del recurso, es una tarea que saldrá adelante únicamente bajo una visión país que trascienda los periodos de gobierno.
La gestión marina de nuestro país navega sin visión y sin liderazgo, a pesar de que nuestro territorio es 92% mar. Costa Rica tiene una Política Nacional del Mar que no se implementa. La instancia a cargo de su seguimiento ha cambiado al menos en tres ocasiones, una por cada periodo de gobierno. La Comisión de Gobernanza Marina, último órgano establecido para velar por la gestión de nuestros mares, fue reformada en 2019 para que no pueda conocer temas pesqueros. Desde 2022, dicha comisión dejó de operar con regularidad, y la administración actual decidió no nombrar jerarca para el Viceministerio de Aguas y Mares.
Hoy seguimos sin contar con planes de manejo para las principales pesquerías, pese a que desde el año 2021 se asumió este compromiso ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tampoco tenemos un censo pesquero que nos permita caracterizar al sector y tomar decisiones informadas. La ausencia de una estrategia adecuada de competitividad para la actividad de la pesca forma parte de un problema aún más grande: la falta de un plan de desarrollo integral de las economías y encadenamientos productivos locales, que promueva alternativas productivas para desalentar que parte de la población costera siga dependiendo económicamente de la explotación de un recurso que ya está agotado.
Más que proyectos de ley para promover reformas irresponsables e irrelevantes, es necesario atender esta crisis desde la raíz, invirtiendo tiempo, recursos y voluntad para forjar una visión común sobre la gestión marina. Mientras la apuesta siga siendo cortoplacista, sesgada hacia un único sector y desinformada, seguiremos desaprovechando las oportunidades que el Estado de Derecho nos da para legislar, regular e implementar acciones integrales y colaborativas que sí generen las transformaciones de gobernanza que nuestro mar necesita.
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