Las reformas propuestas incluyen cambios en la clasificación de la pesca comercial, diferenciando entre la pesca de pequeña escala y la pesca semiindustrial y otras actividades pesqueras. Estas categorías tienen en cuenta las técnicas de pesca utilizadas que permitan una regulación más específica de cada tipo de actividad pesquera, garantizando que se practique de manera sostenible y responsable, además de la necesidad de ser basada en datos científicos a través de investigación. Además, se establecen que las licencias para la captura de especies marinas de interés comercial, sólo se otorgarán a embarcaciones nacionales, así como a personas físicas o jurídicas costarricenses. Otro cambio que introduce esta iniciativa es la promoción de la pesca responsable y la certificación de pesquerías nacionales. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) se encargará de impulsar y respaldar procesos de mejora pesquera y certificaciones que permitan potenciar la exportación de productos pesqueros costarricenses y garantizar una gestión adecuada de los recursos. También se promoverán programas de limpieza de los mares y servicios ambientales en colaboración con los licenciatarios, contribuyendo así a la preservación de nuestro entorno marino. En cuanto a la financiación, se establece que el Sistema de Banca para el Desarrollo y las entidades financieras públicas puedan crear programas especiales de financiamiento para las diferentes pesquerías comerciales de Costa Rica.