Leí con atención el intercambio de opiniones sobre el tema del desarrollo de nuestra ciudad capital, que se dio en semanas anteriores, y quisiera agregar algunos elementos.
En primer lugar, la forma en la que se piensa una ciudad y la dirección que siga el desarrollo de esta puede ser un reflejo de formas de exclusión económica, al punto de incluso exacerbarlas. Decir, por ejemplo, que no está mal que la ciudad se pueble con edificios para personas de altos ingresos, porque las personas de clase trabajadora pueden vivir en los suburbios, es perder de vista que el espacio físico en que nos relacionamos debe permitir una convivencia de todos, integrarnos en lo más posible y permitir una mayor interacción en los espacios públicos. Las ciudades, por tanto, deben permitir la cohabitación de personas de distinto nivel económico, lo que además es fundamental para la actividad económica y reduce los niveles de violencia.
Dado que es probable que algunas áreas de la ciudad se vayan llenando de opciones de habitación para personas de altos ingresos, debido a que son opciones de máximo aprovechamiento económico y que van surgiendo en función de la demanda del mercado, lo que nos debe ocupar es cómo llenar el vacío en el otro punto. ¿Cómo impulsar opciones de vivienda para las personas de menores ingresos, incluso para personas de clase media que no alcancen las alternativas desarrolladas por el mercado? Bueno, en este caso es donde debería intervenir la política pública y esto nos llevará más adelante al segundo punto.
Además, debemos tener en cuenta que una ciudad densa, donde las personas habiten relativamente cerca de sus centros de trabajo, es fundamental para contar con formas de movilización que sean sostenibles y reduzcan los tiempos de desplazamiento. Para esto San José debe ser una ciudad atractiva para todas las personas que trabajan en ella, el congestionamiento vehicular no se va a resolver excluyendo a grupos de personas de la posibilidad de habitar nuestra ciudad capital, todo lo contrario.
Segundo, como sucede en otros ámbitos de la política pública nacional, hemos recurrido a las exoneraciones impositivas como mecanismo de incentivo para distintas actividades y nos hemos confiado en demasía de las posibilidades reales de este instrumento. He insistido a lo largo del tiempo que las exoneraciones son formas muy limitadas de lograr impulsar ciertas políticas, favorecen a las personas que poseen el capital o lo recursos para desarrollar actividades o adquirir ciertos bienes y servicios, además de ser regresivas la mayor parte del tiempo. Si estamos apostando a la transformación del espacio habitable de la ciudad de San José, únicamente por medio de la exoneración de obligaciones tributarias de distinta índole, no veremos mayor cambio con respecto a lo observado hoy.
Si bien es cierto que San José no es una ciudad despoblada, sí adolece de una cantidad importante de inmuebles deshabitados o desocupados, lo que claramente es un problema. ¿Cómo convertir esos espacios en lugares habitables para personas de distintos niveles económicos? Pues no va a pasar solamente utilizando las exoneraciones como una forma de estímulo para la construcción de vivienda, se requiere más que eso, mucho más, lo que debería incluir la intervención directa del gobierno local en la oferta de vivienda. Ya tenemos un instrumento legal para eso, la Ley No. 10.199, Ley de Vivienda Municipal, lo que queda es estructurar un mecanismo de financiamiento y buscar los recursos para la construcción, para lo cual podríamos movilizar los recursos del ahorro local en este objetivo.
Tercero, la idea no es solo densificar la ciudad, sino hacer de ella un mejor lugar para vivir, de tal forma que una intervención pública no debe ser solo para construir edificios para vivir en ellos, sino también espacios públicos para garantizar que la vida en la ciudad sea lo más agradable posible. Es conocida la regla 3-30-300, que en pocas palabras señala que cada persona debería tener vista a 3 árboles, contar con un 30% de espacio natural en la ciudad y tener como máximo a 300 metros un parque o un bosque. El gobierno local es el único que puede garantizar que eso se cumpla, así que la intervención pública para cambiar nuestra ciudad capital debe considerar eso, porque además los beneficios sociales que eso implique solo pueden conseguirse invirtiendo recursos públicos en esos fines.
Finalmente, la mejora de la ciudad debe ir aparejada de una mayor (y mejor) oferta de transporte público, en lo cual estamos muy atrás de lo deseado. El cambio aquí debe ser radical, entre las muchas cosas que se deben hacer, está el darles un mayor espacio a los gobiernos locales en la gobernanza de este tema, no solo para que tomen decisiones que afectan el espacio local, sino para que incluso ofrezcan alternativas de transporte público a la población.
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