Las responsabilidades: dictar política y exigir cuentas

Fue en el año 2013 cuando un cambio a la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación (CSE) N° 1362, elimina de su artículo primero el concepto “desde el punto de vista técnico”. De esta forma, se le da a dicho órgano el carácter de orientador y director de la educación pública.

En ese sentido le corresponde al CSE no solamente dictar política educativa y curricular, sino exigir cuentas sobre su implementación.

Las políticas aprobadas

Reconocemos el acierto del CSE de haber aprobado entre 2015-2016 una Política Educativa, que tiene como premisa “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”, y que incorpora, entre otros, un eje llamado “ciudadanía digital con equidad social”

Además, derivada de esa Política Educativa se propone una política específica llamada Fundamentación pedagógica de la transformación curricular.  Esta transformación que habla de una educación renovada, que lleva a la construcción de una Nueva Ciudadanía para la vida en común, cuya visión “…implica la necesidad de un Diseño Universal en el Aprendizaje (DUA) que brinde accesibilidad a todas las personas participantes del proceso educativo. La tecnología y comunicación, el desarrollo sostenible y el desarrollo profesional son factores esenciales para el éxito de la transformación propuesta”. Particularmente, la apropiación de tecnologías digitales y el manejo de la información, en esta educación renovada, corresponden a herramientas que permiten integrarse al mundo, por cuanto potencian la creatividad y en conocimiento, de manera comprometida con la equidad social y la formación de una ciudadanía planetaria.

En otros momentos hemos analizado la visión prospectiva y la pertinencia de ambas políticas, que deberían ser brújula para el accionar del sistema educativo en general.

¿Y las cuentas?

También le corresponde al Consejo Superior de Educación, como órgano orientador y director, pedir y rendir cuentas sobre los avances en la ejecución de las políticas, mismas que se expresan en el diseño y puesta en marcha de reglamentos, programas, proyectos, y otras acciones.

En vista de la incertidumbre que existe al iniciar el 2025 en relación con el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT en el país, en esta entrega nos referimos específicamente a ese programa en particular. A esta fecha, existen versiones contradictorias que emanan de diferentes instancias gubernamentales, así como del frente del sistema: directores, docentes, familia y estudiantes. Es por eso, que solicitamos al Consejo Superior de Educación, que informe al país sobre el estado de dicho Programa. Para facilitar esta tarea, le presentamos una serie de preguntas guía:

Cuando en 2023 aprobó el cese del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el cierre de colegios de innovación y programas de tecnología:

  • ¿Estaba ya diseñado el proyecto nacional con el que se sustituirían?
  • ¿Pidió cuentas, y aprobó, el proceso y los costos que habría que invertir para que el Ministerio de Educación Pública MEP asumiera la custodia de los recursos tecnológicos, que estaban en manos de la FOD?
  • ¿Aprobó el cronograma de implementación del cambio de un programa a otro?
  • ¿Aprobó el proceso de reconversión profesional (capacitación) del personal docente que ha laborado por años con un enfoque educativo, para asumir ahora, otro enfoque distinto?

Al aprobar en 2023 el Programa Nacional de Recursos Tecnológicos PNFT:

  • ¿Se tomaron en cuenta los principios y la gobernanza que establece la Política de Aprovechamiento de las Tecnologías (PATDE), aprobada por el mismo CSE?
  • ¿Se tomó en cuenta el incremento de recursos presupuestarios del Ministerio de Educación Pública, necesarios para la implementación de un currículo completo en el país?
  • ¿Se tomó en cuenta la Ley de Empleo Público que impide la apertura de nuevas plazas, pero necesarias para contratar el personal docente que hará falta?
  • ¿Se aseguró que se había considerado el marco de Política Educativa vigente, para el diseño de las competencias que permitan la formación de ciudadanía digital con equidad social?
  • ¿Indicó a la administración que se estableciera coordinación con centros formadores de docentes en el país, en relación con el cambio de enfoque formativo de los nuevos docentes de tecnología, para que sean coherentes con el PNFT?
  • ¿Ha aprobado y dado seguimiento a la implementación (cronograma, metas…) del PNFT en el país?
  • ¿Ha solicitado información institucional específica y organizada sobre los diferentes componentes necesarios para el desarrollo del PNFT: docentes preparados; estado de la tecnología digital (hardware y software); estado de las conexiones a internet, adecuación de los espacios de aprendizaje?
  • ¿Ha solicitado el criterio técnico de los diversos departamentos del Ministerio en cuanto al desarrollo del PNFT en los diferentes niveles?

Ante la diversidad de versiones y datos que se manejan en relación con el uso de tecnologías en educación; y en el marco de la Política Educativa aprobada, la versión oficial del Consejo Superior de Educación será fundamental para arrojar luz sobre el estado de la formación de una ciudadanía digital con equidad social, que permita a niños, niñas y jóvenes del país, integrarse al mundo y colaborar con una mejor convivencia social y planetaria.

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