El uso del lenguaje puede convertirse en una herramienta poderosa para perpetuar la discriminación hacia las personas adultas mayores. A través de comentarios, expresiones y narrativas cargadas de prejuicios, se refuerzan estereotipos que limitan la participación y el respeto hacia esta población. Esta forma de discriminación lingüística, conocida como edadismo, contribuye a la exclusión social y la marginación, al tiempo que mina los derechos y la dignidad de las personas mayores.
En su más reciente conferencia de prensa, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, hizo un comentario despectivo hacia un político adulto mayor, aludiendo de manera burlesca al olor a ungüento para dolores físicos. Este tipo de declaración representa una forma sutil de discriminación mediante el uso del lenguaje, reforzando estereotipos negativos hacia las personas mayores.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ratificada por Costa Rica con la Ley 9394), establece que los Estados deben garantizar el derecho a la dignidad y a la no discriminación por razones de edad. El uso de un lenguaje burlesco por parte de un político contraviene estos principios y evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia sobre discursos discriminatorios.
¿Cuáles son las formas de discriminación a través del lenguaje?
- Términos peyorativos: expresiones como “viejo/a”, “boomer” "roco" o “anticuado/a” se utilizan para descalificar las opiniones o capacidades de las personas mayores. Estas palabras, cargadas de connotaciones negativas, las reducen a una imagen de inutilidad o incapacidad.
- Burlas o sarcasmo: comentarios que ridiculizan aspectos asociados con la edad, como “necesita más descanso que ideas” o “ya no está para esos trotes” o “huele a”, buscan menospreciar su contribución en distintos espacios, desde el familiar hasta el profesional.
- Lenguaje infantilizante: hablar a las personas mayores como si fueran niños, utilizando diminutivos como “abuelito/a” o un tono condescendiente, implica una negación de su autonomía y su capacidad para tomar decisiones propias.
- Generalizaciones y estereotipos: frases como “todos los mayores son lentos” o “la tecnología no es para ellos” refuerzan una visión limitada y homogeneizadora que ignora la diversidad de experiencias y habilidades dentro de este grupo.
- Omisión en el lenguaje: la exclusión de las personas mayores de discursos, programas o políticas, al no mencionarlas explícitamente, es también una forma de discriminación. Por ejemplo, referirse únicamente a la “población activa” como sinónimo de productividad invisibiliza las contribuciones de las personas mayores.
Lamentablemente, la discriminación por edad es la forma que experimentaremos todos en algún momento de nuestra vejez de ahí la importancia de que luchemos en la construcción de sociedades más inclusivas y en esto los políticos puede colaborar muchísimo. Sin embargo, la discriminación hacia las personas adultas mayores por parte de los políticos es una realidad que, aunque en ocasiones se presenta de manera sutil, tiene profundos efectos en la dignidad y los derechos de esta población.
Este problema puede manifestarse de diversas formas, desde declaraciones públicas inapropiadas hasta la exclusión sistemática de las personas mayores en la formulación de políticas, programas y servicios públicos. Las consecuencias sociales y legales de estas prácticas son graves, ya que contradicen principios fundamentales de derechos humanos y agravan la marginalización de un sector en crecimiento dentro de nuestras sociedades.
Un ejemplo recurrente de esta discriminación son los comentarios ofensivos o estigmatizantes emitidos por políticos, quienes a menudo refuerzan estereotipos negativos hacia las personas mayores al asociarlas exclusivamente con enfermedad, dependencia o inutilidad. Este tipo de declaraciones no solo son irrespetuosas, sino que también contribuyen a perpetuar prejuicios sociales que limitan la participación activa de las personas mayores en diversos ámbitos de la vida. Además, la exclusión en las políticas públicas también representa una forma de discriminación estructural, ya que, al ignorar las necesidades específicas de esta población en áreas como salud, transporte y vivienda, se perpetúa su vulnerabilidad y falta de acceso a servicios esenciales.
Otra forma de discriminación ocurre cuando se obstaculiza la participación política de las personas mayores. Esto puede incluir la limitación de su acceso a espacios de decisión o la indiferencia hacia sus demandas colectivas. Asimismo, decisiones políticas como el recorte de presupuestos destinados a pensiones, programas de bienestar o servicios de salud también representan una violación directa de los derechos de las personas mayores, dejando a muchas en situación de desprotección.
El impacto de estas acciones es significativo. Por un lado, refuerzan el edadismo, una forma de discriminación por edad que contribuye a la marginalización social de las personas mayores. Por otro lado, estas conductas también constituyen una violación de los derechos humanos, al contradecir tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y principios constitucionales presentes en muchos países. Además, los efectos psicológicos de esta discriminación no deben ser subestimados, ya que pueden generar sentimientos de inutilidad, exclusión y depresión en las personas mayores, impactando negativamente en su calidad de vida. Finalmente, estas prácticas también erosionan la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, debilitando la percepción de que los políticos trabajan para el bienestar de toda la sociedad.
El lenguaje refleja y moldea las actitudes sociales. Cambiar la forma en que nos referimos a las personas mayores no es solo una cuestión de respeto, sino también una herramienta poderosa para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Reconocer y combatir la discriminación lingüística constituye un paso fundamental hacia el respeto pleno de los derechos y la dignidad de las personas mayores.
La discriminación hacia las personas mayores por parte de los políticos es un problema que exige atención inmediata y acciones contundentes. Es responsabilidad de toda la sociedad trabajar para eliminar estas prácticas y asegurar un trato justo y respetuoso hacia las personas mayores, reconociendo su valor y contribución esencial en nuestras comunidades. En cuanto al caso de Don Rodrigo Chaves Robles, una disculpa pública sería un gesto apropiado y necesario.
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