Hará más de tres años en plena pandemia y en medio de una ola de asaltos sexuales en el Caribe las mujeres logramos que el Inamu atendiera en Puerto Viejo a las víctimas que requerían servicios en asesoría legal y psicológica, en agosto del año 2022 la Ministra de la Condición de la Mujer nos visitó para darnos la infausta noticia de que a partir de ese momento no se daría más la atención, porque se tenía un plan para contratar 50 plazas de profesionales en derecho.
Protestamos, pero de nada sirvió, la fuerza de poder fue aplastante. Esta situación y la continuidad de las violaciones lo denuncié en los medios de comunicación social, a los 12 días exactos tuve que abandonar la zona al recibir amenazas contra mi integridad física. Todo este escenario cuenta con elementos probatorios.
Han pasado más de dos años cuatro meses y todavía el Caribe Sur no ve la luz. Aún no existe atención primaria en la zona, si bien se están gastando grandes cantidades de dinero en los Puntos Violeta, las personas que se contratan para la atención no son funcionarias públicas y no son ni abogadas, ni psicólogas, en el caso concreto está a cargo de una persona que fundamentalmente refiere a las usuarias, al decir de las víctimas les dan un papelito con “consejos para defender la vida” y les prometen que las llamarán, y la llamada no llega.
Resulta que esta es una Ruta, como otras también fallida, por muchas razones, la principal es que son una representación de un gobierno que no sabe administrar, a pura imagen no se puede atender las necesidades de las víctimas.
Lo que debió hacer esta administración era fortalecer al Inamu en las oficinas regionales, este ha sido el clamor de los grupos y organizaciones de mujeres. Las mismas OFIM (Oficinas Municipales de la Mujer) han percibido que son puntos de competencia con el trabajo que ellas realizan, las que han logrado sobrevivir, porque muchos gobiernos locales no apoyan la atención especializada de las mujeres. Esta situación se ha logrado frenar gracias a una acción de inconstitucional.
Las OFIM se dedican a dar talleres, acompañan procesos de emprendimientos y ejecutan labores de carácter social, por lo general las instituciones huyen a “ensuciarse las manos” atendiendo víctimas de violencia, esto lo he podido atestiguar por años.El mensaje actual es que el anterior sistema de protección y de atención no sirve, y que los Puntos Violeta son la panacea, las autoridades actuales creen que están descubriendo el agua tibia, la soberbia en nada ayuda ni protege a las víctimas, que deben cruzar un camino azaroso para lograr algo de protección y ayuda cuando llega.
Tengo información de primera mano, porque pertenezco a una Colectiva integrada por mujeres de todo el país, y las víctimas me contactan y relatan sus historias de sobrevivencia.
Ellas necesitan servicios públicos eficientes, accesibles, y especializados que realmente proteja sus vidas y la de sus hijas e hijos, los Puntos Violeta no logran este cometido.
La plataforma de servicios del Inamu se debe fortalecer y no competir, ni anular. Que más quisiéramos las mujeres en este país que las instituciones que por ley deben velar por la integridad y la vida de las mujeres escucharan las voces de la sociedad civil en la elaboración de sus planes y estrategias, pero no lo hacen y prefieren proclamar, sin empacho alguno que han politizado los servicios. Jugar con la atención de las víctimas es perverso.
Afirmamos lo anterior porque los Puntos Violeta no cuentan con un equipo interdisciplinario, elemento crucial para brindar un servicio de calidad, dejaron de lado a las profesionales en derecho y psicología que es la atención que urgen las víctimas, las personas que contratan no están habilitadas para atender a las mujeres usuarias, con el agravante de que es un servicio tercerizado, donde hay intermediarios de por medio. Es la política de moda.
El Observatorio de Género del Poder Judicial reporta las siguientes cifras, solamente en el tema de las medidas de protección extendidas, veamos, en el 2023 hubo 53.300 procesos iniciados, y en el 2024 llevamos 41.294, estos números no incluyen los datos ocultos de las mujeres que no denuncian. Y como corolario cada cinco minutos ingresa una llamada de auxilio al 911, todo esto debe llevar al Estado, como un todo, a priorizar y revisar sus prácticas para que sean sanas y eficientes, y el presupuesto no se gaste de forma banal.
Entre el 2022 y el 2023 los delitos sexuales se han incrementado un 76%, el delito sexual más denunciado fueron los abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces que sumó 4.292 denuncias seguido de violación con 12.675 casos. En cifras generales en el 2023 hubo en el Ministerio Público 233.000 denuncias.
Mientras tanto discurre un discurso de odio y violencia contra las mujeres desde Zapote y sus representantes en Cuesta de Moras, y nosotras seguimos cargando las cifras de dolor y muerte, por eso las organizaciones hemos solicitado que se declare “emergencia” el tema de la violencia contra las mujeres, pero el clamor no ha sido escuchado, mientras tanto seguiremos denunciando y mostrando nuestra disconformidad.
Resistimos los embates porque desde el conformismo no se logra nada, nunca se ha logrado nada, la vida de las mujeres es lo que nos jugamos, y ésta se debe proteger y preservar.
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