La propuesta de ley busca declarar al país como un territorio libre de minería marina.
El diputado oficialista, Manuel Morales Díaz, presentó un proyecto de ley que busca establecer una prohibición de la minería, extracción y remoción de minerales del lecho marino en todas las aguas marinas estatales.
El expediente 24793, Ley para la Prohibición de la Minería Marina en Costa Rica, declara al país territorio libre de minería marina.
Detalla que no se expedirá ningún permiso, ni concesión, para el desarrollo de ninguna instalación o infraestructura asociada con la minería de minerales del lecho marino dentro de las aguas marinas estatales.
El proyecto indicar que se debe entender como minerales todo depósito natural de minerales valiosos, incluidos metales y depósitos de placer de metales, minerales no metálicos, piedras preciosas, menas,
oro, plata, cobre, plomo, hierro, manganeso, sílice, cromo, platino, tungsteno, zirconio, titanio, granate, fósforo, nódulos polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto.
En su exposición de motivos el legislador indicó que en la actualidad el interés tanto del sector privado como de los Gobiernos en la explotación comercial de minerales marinos se encuentra en aumento. Este renovado interés se debe principalmente a los avances tecnológicos en la extracción y procesamiento de minerales marinos, así como al incremento a largo plazo en la demanda de estos minerales, impulsado por la globalización y la industrialización en los países en desarrollo, detalló el Morales Díaz.
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"Los depósitos de minerales terrestres están bajo una creciente presión para satisfacer las necesidades de una población mundial en expansión, una clase media en crecimiento que impulsa la urbanización y la demanda de infraestructuras sostenibles con bajas emisiones de carbono. Los depósitos de minerales de alta calidad y fácil acceso están disminuyendo rápidamente", menciona el texto de ley.
Morales Díaz agregó que aunque es posible que existan nuevos recursos en yacimientos subterráneos profundos o en ubicaciones remotas, su extracción implicará grandes cantidades de energía y tendrá
importantes impactos sociales y ambientales.
El legislador recordó que en 2024 Costa Rica formó parte, junto con una veintena de países, de la petición de una moratoria precautoria para la minería marina, considerando que la minería de los fondos marinos plantea riesgos para las industrias existentes en el Estado costarricense, dependiente del océano, incluida la pesca comercial, la pesca recreativa y el turismo.
Este proyecto se encuentra a la espera de que se le asigne una comisión para su estudio.
