"Cuidar los fondos públicos"

A finales del mes de octubre anterior, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) emitió una resolución clara y valiente, en la que ordenó a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI) que asuma el costo del proyecto Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por el cual pagó en febrero del 2020 más de 70 millones de dólares (y muchos cientos de miles más en los años subsiguientes en reparaciones, mantenimiento y otros). Además, estableció que, si la BCR-SAFI no puede responder por ello, lo debe hacer su dueño, el BCR. Finalmente, en días recientes rechazó los recursos presentados contra esa resolución por las juntas directivas de BCR-SAFI y del Banco, fundamentadas principalmente en el hecho de que “deben cuidar los fondos públicos” y que el pagar esa suma a un fondo “privado” no sería legal.

Pese a ese argumento, en la sesión ordinaria 1-2020 de la Junta Directiva de la BCR-SAFI se conoció la adquisición del PEP, con la presencia de numerosos altos funcionarios del Banco de Costa Rica (subgerente, gerente jurídico, auditor general). El gerente nombrado por esa junta llevó el tema a la sesión y unos pocos días después se concretaba la compra de un proyecto sin terminar (en contra de la normativa vigente y del prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario). La compra de ese inmueble se suponía que debía cumplir con numerosos filtros, pero a pesar de ser abiertamente contraria al derecho, los superó todos… ¿Y la protección de los fondos públicos y los de sus clientes?

Lamentablemente, la Junta Directiva del BCR y su “gemela”, la de la BCR-SAFI (pues siempre han estado integradas casi por las mismas personas), tampoco parecen haber tenido el mismo celo en proteger los fondos públicos cuando en agosto del 2021 la última recibió una denuncia por las irregularidades en la compra del PEP. Incluso cuando en diciembre de ese año 2021 la auditoría interna de BCR-SAFI le presentó una relación de hechos a la junta (evidenciando que algo estaba muy mal en esa operación) y hasta había solicitado valorar la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, la junta directiva no actuó. ¿Y la protección de los fondos públicos y los de sus clientes?

Cuando en marzo de 2022 varios inversionistas dimos la voz de alerta en una asamblea por la adquisición del PEP y comenzamos a pedir información, tampoco se actuó por parte de BCR-SAFI, a pesar de que ya tenían el valioso y valiente insumo de su auditoría interna que incluso señalaba a varios altos funcionarios como posibles responsables de las irregularidades. Por el contrario, la Junta Directiva de BCR-SAFI mantuvo al gerente más de un año —pese a que estaba directamente involucrado y defendió en la asamblea, a capa y espada, el fallido proyecto del PEP—. No fue sino hasta junio de 2023 y por orden de la Sugeval que destituyó al gerente que, en todo ese tiempo, no hizo sino ocultar y negar información a los inversionistas. ¿Y la protección de los fondos públicos y los de sus clientes?

Pese a todo lo anterior (que es una pequeñísima parte de una historia plagada de irregularidades, omisiones, actuaciones displicentes y débiles controles), ahora ambas Juntas Directivas alegan que deben proteger los “fondos públicos” y por ello se niegan a cumplir la orden de la Sugeval.

Lo que no dicen las juntas es que el artículo 73 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice con toda claridad que las sociedades administradoras serán solidariamente responsables ante los inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o personas contratadas por ellos para prestarle servicios al fondo, por la ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas por el prospecto, las disposiciones de la Ley o las de la Sugeval. Precisamente la situación que desde el año 2022 denunciamos varios inversionistas ante la Sugeval por la compra del PEP.

No solamente eso: la Procuraduría General de la República emitió el pasado mes de septiembre un criterio vinculante (resultado de una consulta del propio BCR) en el cual señala que ante esa responsabilidad que le cabe a BCR-SAFI frente a sus inversionistas, si esta sociedad no tiene capacidad para compensar a los inversionistas afectados por sus actuaciones, el BCR —su dueño— deberá asumir subsidiariamente esa obligación.

Entonces no se trata de aquí para las juntas directivas de negarse a cumplir una resolución de Sugeval con la excusa de proteger “fondos públicos”, sino de cumplir con la ley, asumir su responsabilidad por la pobre —paupérrima— vigilancia ejercida sobre los funcionarios que ellos nombraron, y por la —extrema— lentitud con la que actuaron (la denuncia penal solicitada en diciembre del 2021 por la Auditoría Interna la interpusieron en agosto de 2024). BCR-SAFI y el propio Banco deben hacerse responsables de reponer los dineros del Fondo de Inversión Inmobiliario utilizados en contra de la normativa vigente. ¿Qué se trata de un fondo privado? Sí. Uno que reúne recursos de numerosos fondos de pensiones, asociaciones solidaristas y cientos de pequeños y medianos inversionistas, la mayoría de ellas personas adultas mayores que confiaron en el sello BCR para administrar con integridad y eficiencia sus ahorros de toda una vida.

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