El cambio climático no solo desafía la estabilidad ambiental y económica, sino también la integridad territorial de las naciones. En el caso de Costa Rica, sus costas, especialmente en el Pacífico, enfrentan una situación crítica debido al aumento del nivel del mar. Este fenómeno, junto con las presiones geopolíticas provenientes de Nicaragua, plantea retos que trascienden el ámbito ambiental y exigen una respuesta integral que combine diplomacia, legislación y sostenibilidad.

El impacto del cambio climático en las costas del Pacífico costarricense es evidente. Las proyecciones científicas muestran que el nivel del mar podría aumentar hasta 20 centímetros para 2030 y más de 80 centímetros para finales de siglo. Estas cifras adquieren una relevancia dramática en zonas como el Pacífico costarricense, donde ya se observan consecuencias tangibles. Comunidades como Brasilito y Marbella en Guanacaste o Tárcoles y Herradura en Puntarenas experimentan una erosión acelerada de sus líneas costeras. Esto no solo amenaza los ecosistemas locales, sino también la infraestructura turística y los medios de subsistencia de las comunidades costeras.

Los estudios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) destacan que Costa Rica, con una proporción significativa de su territorio bajo la jurisdicción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), se encuentra en una situación única. La redefinición de sus líneas de base, ocasionada por la elevación del nivel del mar, podría afectar zonas económicas exclusivas y derechos soberanos sobre los recursos marítimos. Frente a esta realidad, es crucial que el país adapte sus normativas y fortalezca la gestión costera para mitigar los impactos sociales y ambientales.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha señalado en la sentencia de 2018 en el caso Costa Rica vs. Nicaragua, que las líneas de base rectas no son fijas y pueden adaptarse a las alteraciones geográficas naturales. Asimismo, en su informe anual de 2023, el Comité de Derecho Internacional (CDI) de la ONU, a través de un grupo de expertos designados, reafirmó que las líneas de base del derecho internacional son ajustables en función de los efectos del cambio climático.

En el ámbito político, el aumento del nivel del mar también abre la puerta a disputas territoriales. Nicaragua, con un gobierno caracterizado por una visión totalitaria del poder, ha demostrado un patrón de violación de las normas de derecho internacional público. Históricamente, ha utilizado el control político y social interno como plataforma para proyectar un modelo de antidemocracia regional. Esta configuración geoestratégica no solo refleja su afán de consolidar el poder en su territorio, sino también la posibilidad de aprovechar grietas de vacíos de poder jurídico y político.

A medida que el cambio climático altera las líneas costeras y genera incertidumbre, Costa Rica debe prepararse para posibles escenarios en los que Nicaragua aproveche las nuevas configuraciones geográficas para justificar futuras reclamaciones. Costa Rica debe fortalecer su marco jurídico internacional revisando y, de ser necesario, proponiendo enmiendas a la Convemar que protejan los derechos soberanos de los Estados costeros frente a cambios geográficos. Esto incluye garantizar la continuidad de las zonas económicas exclusivas y la plataforma continental independientemente de las modificaciones en las líneas de base.

Es necesario también implementar medidas de adaptación costera que combinen ingeniería ambiental y gestión comunitaria para proteger las costas vulnerables. Esto incluye reforestación de manglares, construcción de infraestructuras resilientes y programas de educación ambiental. Al mismo tiempo, la diplomacia debe desempeñar un papel clave en reforzar alianzas internacionales y consolidar un frente común en la defensa del derecho internacional. La cooperación con países vecinos y organismos internacionales es fundamental para disuadir ambiciones territoriales y garantizar la estabilidad regional.

Finalmente, involucrar a las comunidades costeras en la planificación y ejecución de estrategias de adaptación y defensa es esencial. Sus conocimientos y necesidades locales son fundamentales para desarrollar soluciones sostenibles y socialmente equitativas. Proteger las costas no es solo una cuestión de geografía, sino también de dignidad nacional y compromiso con las generaciones venideras.

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