Hasta el 13 de noviembre se han confirmado 21 femicidios según estadísticas del Poder Judicial.

La Universidad Nacional (UNA) presentó los resultados del Informe Local de Análisis del Femicidio (ILAFEM), así como otros, en una actividad organizada por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El tema fue abordado en el programa de televisión UNA Mirada el pasado 31 de octubre.

La estrategia ILAFEM se adentró en las vidas de 28 víctimas registradas durante el año 2020: su pasado, su entorno y las situaciones que rodearon sus femicidios. De ahí que la presentación se tituló Autopsias psicosociales de femicidios.

Ana Hidalgo, integrante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica, y expositora del estudio, explicó:

Cuando nos referimos a una autopsia social tenemos la posibilidad de trascender el femicidio como una estadística para conocer a la mujer, su historia, sus determinantes y lo que vivió. Nos permite ese acercamiento para tratar de entender qué fue lo que posibilitó que el hecho se concretara. Nos acercamos al cuerpo de esa mujer de una manera simbólica a través de las personas que estaban cerca de ella”.

Asimismo, la UNA recordó la importancia de conocer las historias detrás de cada caso, ya que permiten identificar qué medidas de prevención que se pudieron aplicar y brindar información a la comunidad. Además, generan información cualitativa que puede ser de utilidad para la misma institucionalidad que vela por la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, hasta el 13 de noviembre de 2024 se habían registrado 70 muertes violentas de mujeres, de las cuales 21 habían sido calificadas como femicidios.

Radiografía de dolor

Por otro lado, para realizar las 28 autopsias psicosociales, las personas investigadoras realizaron 216 entrevistas, de las cuales 32% correspondieron a familiares y redes cercanas, un 64,3% a representantes de diversas instituciones y un 3,7% a personas informantes espontáneas (viven en la comunidad donde ocurrió el crimen).

La UNA recalcó que entre las víctimas, figuraban 24 costarricenses y cuatro nicaragüenses. Más de una cuarta parte (28%) se dedicaba a trabajo doméstico, seguido por mujeres en condición de asalariadas (18%) o con un empleo informal (18%).

La principal relación que tenía la víctima con la persona victimaria era en calidad de conviviente, en un total de ocho casos. En segundo lugar, aparece el cónyuge (5) y un conocido/amigo/vecino (4).

La asfixia por estrangulamiento fue la principal causa de muerte, según el estudio. Así ocurrió en siete de los 28 casos, mientras que los golpes y lesiones múltiples, así como las heridas ocasionadas con arma blanca registraron 6 casos cada uno. La premeditación estuvo presente en casi la mitad de los femicidios registrados en el 2020 (12 casos). En cuatro situaciones hubo participación de más de una persona en la ejecución del delito, misma cantidad que se registró para crímenes ejecutados en frente de hijos e hijas. “La mujer no escapa de la violencia sin importar su condición”, manifestó Hidalgo al momento de presentar esos datos.

En 15 de los 28 femicidios se identificaron actos de tortura. "Una de las víctimas fue amarrada de pies y manos y lanzada en un río con un salveque lleno de piedras, mientras que otra fue golpeada en todo su cuerpo, lo que le provocó fracturas y laceraciones. Una más sufrió 24 heridas de machete propinadas por su femicida", detalló la investigadora.

Para Hidalgo, estas son manifestaciones de la premeditación, el odio y el ensañamiento e indicó que "lamenta que muchas veces al homicida se le castigue solo por el femicidio, sin considerar otros delitos como el abuso o las violaciones que también padeció la víctima".

Entornos

Desde la UNA se expuso que en más de una tercera parte de los casos (35,7%) las víctimas experimentaron alguna forma de violencia sexual en el curso de su vida. Al adentrarse en sus historias, la investigación determinó que 11 mujeres fueron testigo de violencia intrafamiliar en sus casas, siete de ellas la vivieron desde sus etapas de infancia y seis estuvieron en una relación impropia durante su adolescencia.

Para más de la mitad (57%) de las mujeres su situación socioeconómica era de pobreza y siete de ellas no recibía ningún tipo de asistencia social. Solo nueve sí recibieron algún apoyo entre una beca estudiantil, atención en el Patronato Nacional de la Infancia, en el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo o en un Cen-Cinái.

Las autopsias psicosociales también abarcaron el impacto que tiene sobre las familias que en su núcleo se haya cometido un femicidio. “La baña después de que le pega cuando está desmayada. No recuerdo si la baña con ropa o sin ropa. Sí vi cuando le pone la faja… mi papá le puso una faja a mi mamá en el cuello… (No) recuerdo si la amarra del techo antes o después del baño” describió uno de los hijos de una víctima, según se consignó en la presentación.

Con respecto a la actuación de las instituciones, se calificó como de “respuesta errática” y la participación de estas entidades pasó incluso de la “debida diligencia a la negligencia”.

La directora del IEM, Fannella Giusti, se refirió a este tema como un problema de salud pública, donde se evidencia, según ella, que “los casos van en aumento y también se incrementa el odio y la misoginia. Desde el Instituto estamos comprometidas a contribuir con la prevención de este flagelo social y para nosotras es una misión aportar hacia estas transformaciones sociales”.