• Argumentos sobre el fondo y contenido de los supuestos hallazgos del Informe del Estado de La Nación en el capítulo 4. 

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía, mantenemos incólume nuestro compromiso país por la protección y conservación de los recursos naturales. El resguardo y la protección del más del 6% de la biodiversidad global no es una tarea sencilla ni debe abandonarse o descuidarse bajo ninguna circunstancia, pero no es contratando consultorías ni suscribiendo acuerdos  en papel para salir  en la foto que se muestra el verdadero interés y se puede incidir en ese resguardo y esa protección, que desde la administración Chaves Robles nos tomamos muy en serio, con una ejecución que se ve en la práctica y se orienta en principios de equilibrio ambiental, equidad y justicia social. 

Vivimos una coyuntura donde el interés en temas ambientales es cada día mayor, tenemos una ciudadanía que se involucra cada vez más, que está dispuesta a aportar con sus propias huellas a la adaptación y mitigación al cambio climático, a denunciar ante la Sala Constitucional, o donde consideren pertinente, lo que no les parece; lo cual es una sano ejercicio de un país ambientalista y democrático como el nuestro. Tener un activismo ciudadano  de frente es señal de que estamos actuando, de que estamos tomando decisiones difíciles en pro del resguardo del ambiente, las cuales  tenían años de estar añejadas en letargo. Hay muchas formas de conservación, nosotros elegimos la acción y la conservación con y para las personas.

Hemos fortalecido la agenda azul con resultados inequívocos como el de co-presidir la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y  las Personas (HAC) junto con Francia, la cual  pretende proteger el 30% del océano a nivel global al 2030 como una medida para enfrentar los embates del cambio climático que  golpea fuertemente en estos momentos  el país y  otras latitudes del mundo.

En esta administración, es donde se ha fortalecido la agenda azul y se ha prohibido la pesca de 3 especies de tiburón martillo por vía Decreto y por ello, hemos sido merecedores de dos galardones internacionales. 

Y en esa misma línea, se ha registrado una reducción del 98.9% en la actividad y presencia pesquera ilegal en las aguas del Parque Nacional Isla del Coco, en comparación con los datos del 2023. Durante esta administración, se lograron los recursos para contar con este  nuevo radar en el Parque Nacional Isla del Coco, como parte del Sistema de Protección Marina para el Área de Conservación Marina Coco (ACMC). La inversión del radar y sus componentes fue de $99.224.

El éxito de estas medidas no solo se refleja en la disminución de la pesca ilegal, sino también en el fortalecimiento de los esfuerzos para la conservación de especies emblemáticas de la Isla del Coco, como el tiburón punta negra y el tiburón martillo, que habían sido particularmente vulnerables a la pesca no regulada.

Volviendo a los temas relevantes que estaban en el abandono por administraciones de administraciones, con respecto a Crucitas,  tras años de litigios, abandono y contaminación en la zona, el Gobierno presentó un proyecto de ley porque es fundamental atender la grave crisis ambiental y de inseguridad que se vive desde hace mucho  en el sitio. Esta propuesta de proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería de oro, es específico y exclusivo para el Distrito de Cutris de San Carlos, no se trata de una exploración y explotación a nivel nacional. Se pretende definir una tarifa piso para la onza de oro, a partir de la cual se recibirán las ofertas de explotación y elegir la que ofrezca un mayor rédito para el país. Porque no queremos que  sigan robándose el oro que es de todos los costarricenses.

Desde el MINAE, podemos garantizar que se construyó una propuesta con especialistas en geología y minería donde se busca una explotación del recurso ordenada, adecuada a las características propias de esa zona del país y resguardando el ambiente, aplicando  prácticas idóneas.  Pretendemos detener la afectación ambiental en Crucitas como consecuencia del uso sin regulación de productos químicos para la extracción ilegal de oro, porque el oro se lo están robando, con técnicas que contaminan con mercurio y generan un gran daño. Y creemos que esa riqueza debe quedar en San Carlos y en Costa Rica, y no en otros países como Nicaragua. 

Con respecto al tema de la exploración petrolera, ya hemos aclarado que en octubre del año pasado se solicitó apoyo a Noruega, apoyo para conocer los datos acerca de posibles reservas de petróleo y gas natural, con el fin de abrir una discusión en la sociedad costarricense sobre la conveniencia de aprovechar esos recursos naturales, o no.

En abril de este año, las autoridades de Noruega informaron que no pueden ayudar al Gobierno costarricense a cuantificar con estudios las reservas de gas natural y petróleo existentes en el país, ya que esos estudios son muy costosos y porque el programa de investigación que tenían en el tema fue “descontinuado”. No obstante, invitaron  a  las autoridades costarricenses a visitar ese país para conocer cómo opera la producción en todas sus etapas; sin embargo, como informamos en su momento, no era  suficiente “una visita de campo de representantes costarricenses para obtener toda la información y el conocimiento que se requiere en el análisis de un tema de tan vital relevancia para el país”.

“Es una lástima no poder obtener ayuda en esta ocasión de un país aliado en materia de conservación ambiental, como es el caso de Noruega, para realizar los estudios de escritorio, no invasivos, los cuales se requieren para la actualización de los datos, mismos que son bastante antiguos para desarrollar una discusión nacional sobre el tema”, informó por medio de un comunicado oficial el ministro Tattenbach en ese momento.

En el tema del acuerdo BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance) , Costa Rica no se ha salido de este grupo, como ya lo hemos aclarado desde diciembre del 2022 y la Cop27. Esta es una Alianza más suscrita por  varios países, entre ellos Costa Rica, que pretende un plan mundial para fijar una fecha en que se detenga la exploración y explotación de petróleo y gas. Más bien, en su momento, el país hizo un llamado a que, dadas las circunstancias apremiantes para cumplir con la reducción de emisiones, lo que habría que agregar es un elemento como un impuesto al consumo de combustible, no solo a la exploración.

Sobre Gandoca Manzanillo, como lo dijo en entrevista con un medio nacional, el ministro, Franz Tattenbach, “Estoy muy deseoso que me llegue el voto completo de la Sala Constitucional. Voy a pagar un estudio casi que árbol por árbol para delimitar dónde está el bosque”.

Con respecto al Parque Nacional Manuel Antonio. De manera firme y transparente, contrario a lo que indican algunas notas de medios nacionales para nada objetivas, se aprovechó el llamado  de la Sala Constitucional para intervenirlo por un mandato del señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves. Sobre el aforo, le hemos explicado a la Sala Constitucional que se utiliza la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC; siempre respetando el balance entre turismo y conservación. 

Como parte del fortalecimiento del  SINAC,  se anunció en el mes de octubre, que se dispondrá  de 22 millones de dólares de parte del Banco Mundial, gracias al Sistema de Pago por Resultados del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (Fonafifo-MINAE), el cual reconoce la captura de carbono. Los recursos tienen un periodo de ejecución del  2025 al 2028.

Sobre este tema, en su comparecencia, en la Asamblea Legislativa, el mismo ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, explicó a las y los  diputados, que se están logrando inversiones en conservación con mecanismos innovadores que fortalecen su presupuesto, como lo es el aporte de recursos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde existe un convenio para mejorar infraestructura y se destinan $1,5 millones anuales para contratar obras, bienes y servicios en ASP. Aunado a ello, desde  el Instituto de Desarrollo Rural, con ₡500 millones, se mejoró el Sendero Punta Catedral del Parque Nacional Manuel Antonio.  Y por otro lado, se aportaron recursos para la contratación y donación de dos torres de observación de aves en el Pila, con un costo total de ¢188.508.330.00. El Inder y el SINAC tienen un convenio de cooperación que se maneja a través de la Caja Única del Estado. 

Estas acciones,  hasta los mismos legisladores de la comisión que estudia el Presupuesto General de la República en el Congreso, las reconocieron como innovadoras, a pesar de los retos que conlleva tener un sistema de ASP en todo el territorio nacional y el histórico Sistema de Parques Nacionales que nos ha permitido ser merecedores de premios internacionales como, el “Earthshot Prize”, otorgado por la realeza británica, en  la categoría “Proteger y Restaurar la Naturaleza” en 2021 y por el cual hemos vuelto a ser reconocidos este año, en la categoría “Revivir Nuestros Océanos”, por los esfuerzos país en el fortalecimiento de la conservación marina en un trabajo articulado con las comunidades y las personas (HAC). 

Es injusto obviar que se ha fortalecido el SINAC: 385 nombramientos de personal técnico - administrativo y de guardaparques (2023), la inversión adicional para el Parque Nacional Volcán Tenorio y el Monumento Nacional Guayabo, la compra de vehículos y equipos de protección personal y especializados para enfrentar los incendios forestales (la inversión superó los 990 millones de colones). Además, recientemente el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), aprobó inversiones para mejorar infraestructura en los Parques Nacionales: Carara, Irazú, Braulio Carrillo, Arenal y el Refugio Nacional Caño Negro, por la suma de ₡3 405 449 839,46, con recursos del Presupuesto Nacional del SINAC y el Instituto Costarricense de Turismo.

También se logró pagar a los poseedores de bosques e indígenas por cuidar el bosque. Se orientaron recursos de REDD+ por pago por resultados por venta de carbono para el combate contra incendios forestales y protección de bosques. En febrero de 2024, se recibió una transferencia de USD 3,59 millones por el Pago Basado en Resultados. En enero del 2023, recibimos $13,3 millones, que se transfieren  al FONAFIFO del MINAE, producto de los contratos de pago por servicios ambientales. Por medio de recursos no reembolsables provenientes del Fondo Verde del Clima como reconocimiento por las emisiones que evitaron los bosques de Costa Rica. Además, se crearon por primera vez los Planes Ambientales Forestales Territoriales, en los 24 territorios indígenas. 

Para cerrar citamos la frase célebre de Ross Perot que resume nuestro pensamiento: “Alguien activista no es quien dice que el río está sucio. Alguien activista es quien limpia el río”. 

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