Único punto acogido fue el no haber podido ir al baño durante su traslado a San José.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, rechazó casi todos los reclamos formulados en un recurso de habeas corpus por la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, tras haber sido detenida y trasladada en perrera durante los operativos por el caso Barrenador.

Según informó la oficina de prensa de la Sala este miércoles, los magistrados por unanimidad declararon parcialmente con lugar el recurso, tramitado en el expediente 24-028484-0007-CO y en el que Esquivel alegó abuso por parte del Ministerio Público al ordenar su detención.

La funcionaria, además, reclamó el tipo de vehículo utilizado por el OIJ para transportarla desde Pérez Zeledón a las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, así como las condiciones en que se dio ese viaje. Igualmente, cuestionó que el Ministerio Público incurrió en diversas irregularidades al momento de tramitar el caso y faltó a su deber de objetividad.

Asimismo, la presidenta ejecutiva consideró inaceptable que el director del OIJ, el fiscal general de la República y los fiscales dieran declaraciones a los medios de comunicación calificando los supuestos delitos en investigación; por lo que también pidió que el allanamiento hecho fuera anulado.

Según explicó la Sala en un comunicado, los magistrados a través de la sentencia 2024-34692, rechazaron los agravios respecto de la detención, las condiciones de la estadía en la Delegación Regional de Pérez Zeledón del OIJ, el uso del vehículo para el traslado de personas detenidas, las actuaciones del Ministerio Público en la causa penal, los alegatos relativos a las personas denunciadas, las declaraciones de las autoridades en los medios de comunicación, la denegatoria de la devolución de los pasaportes, la solicitud de nulidad de los allanamientos y los demás extremos conexos.

El único aspecto que la Sala declaró con lugar en su sentencia fue la omisión del Organismo de Investigación Judicial por no haber previsto algún mecanismo de comunicación entre Esquivel y los custodios durante su traslado a San José, con el fin de atender sus necesidades fisiológicas.

Sobre ese aspecto, la Sala condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios causados, los que podrán ser reclamados en un proceso de ejecución de sentencia en la vía contenciosa administrativa.

La Sala que resolvió este caso estuvo integrada por Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.