Se acaba de publicar el más reciente Informe del Estado de la Nación 2024 y uno de sus capítulos se enfoca en los temas de seguridad y el drástico aumento de la violencia homicida que se ha experimentado a partir del 2022. Uno de los aspectos más interesantes que revela el informe es la evidente concentración geográfica de este fenómeno.  Poco menos de la mitad de los homicidios ocurren únicamente en 21 distritos y la mayor prevalencia se da en 5 cantones (San José, Alajuela, Limón, Matina y Puntarenas). Como se puede observar, no se trata de un fenómeno repartido de forma equitativa a lo largo del territorio nacional. Asimismo, el PEN (2024) brinda algunas causas para explicar esa concentración geográfica de la violencia, pues esos mismos distritos también presentan “menor desarrollo humano y social, menor promedio de personas aseguradas, mayor proporción de hogares en asentamientos informales, más cantidad de menores de 5 a 24 años, mayor porcentaje de jefaturas femeninas, menor logro educativo, más hogares con bajo clima educativo y más problemas de acceso a empleos”.

Este escenario pareciera calzar en la teoría criminológica de la “desorganización social”, que plantea que la criminalidad no se dispersa de forma aleatoria, sino que se encuentra concentrada en micro-espacios urbanos y que se suele correlacionar con comunidades que tienen rupturas de vínculos sociales, concentración de pobreza, poco acceso a vivienda de calidad, violencia intrafamiliar y grupos adolescentes sin supervisión (Shaw y McKay, 1942; Sampson, 1985; Sampson y Groves, 1989). Frente a este escenario, parece claro que el trabajo para mejorar las condiciones de seguridad del país debería tener una orientación territorial con un enfoque claro en estos 21 distritos y 5 cantones prioritarios.

Y ahora ¿Qué hacemos?

La forma en la que se debería actuar es trabajando en la contención y la prevención con un enfoque territorial priorizado. La contención corresponde a la labor de los cuerpos policiales, quiénes ejecutan el brazo represivo del Estado y dirigen sus acciones contra los grupos criminales identificados, una estrategia a corto plazo. Y la prevención la ejecutan las instituciones sociales y los gobiernos locales, quienes dirigen sus esfuerzos en mitigar las condiciones de exclusión estructural vividas por las comunidades priorizadas, una ruta más a mediano y largo plazo pero que brinda resultados más duraderos.

Dentro de la estrategia de contención, deben efectuarse operaciones policiales (que incluyan a las fuerzas preventivas – como la Fuerza Pública- en conjunto con las judiciales -OIJ-) dirigidas en estos 21 distritos y enfocadas en debilitar a los grupos de criminalidad organizada que operan en estas comunidades. Básicamente, lo que se hacía con los Megaoperativos efectuados entre 2018 y 2022, que demostraron ser efectivos y reducir la criminalidad en los territorios donde se ejecutaban (Ramírez, Sauma y Abarca, 2022). Por ende, hay que aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, para aumentar las plazas policiales en estos distritos. Estas labores policiales deberían combinarse con acciones del Ministerio Público para procesar mediante la figura de Capitales Emergentes a las manifestaciones de riqueza de origen ilícito que se identifiquen en esos distritos, básicamente, que los narcotraficantes dejen de lucrar y tener manifestaciones de poder económico en esas zonas.

Ahora bien, las anteriores medidas son efectivas en el corto plazo, pero también son insuficientes temporalmente, pues dependen de la presencia policial, por ende, en el momento en que se desplace el personal del lugar, se volverán a presentar las acciones violentas. También son frágiles porque una consecuencia de esa presión policial será el desplazamiento criminal hacia otras zonas aledañas, por lo cual, la contención debe ser combinada con estrategias preventivas.

Sobre prevención, ya mucho se ha escrito. En esencia, los distritos escolares de las zonas priorizadas deberían ser a quienes más presupuesto del MEP se les asigne: no debería existir faltantes de profesores, ni órdenes sanitarias que amenacen con cierres de espacios educativos, los comedores escolares deberían dar una cobertura de mínimo tres comidas por día, y la oferta de educación física y musical deberían estar presentes en todos los centros educativos, entre algunas medidas desde el sistema escolar. El objetivo debe ser que toda persona adolescente termine el colegio.  Asimismo, es indispensable la intervención urbana a manos de las municipalidades. Estos barrios priorizados deben contar con la totalidad de servicios municipales, áreas verdes y recreativas, recolección de residuos, una priorización del espacio público para el peatón y el transporte público. El barrio en dónde vivimos tiene un enorme impacto en cómo se define nuestra vida (Sampson, 2011; Newman, 1972), por ende, la priorización de estas comunidades es clave para la construcción de vidas alejadas al delito.

En conclusión, el reciente Informe del Estado de la Nación 2024 brinda una certeza científica de un fenómeno que ya se observaba en nuestro país. Esta concentración de homicidios debe ser combatida con esfuerzos que atiendan esta evidencia geográfica, brindando un enfoque de acción de política social desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales, que prioricen los barrios mencionados y, a la vez, las fuerzas policiales deben recibir más recursos presupuestarios, y que éstos sean enfocados en operaciones policiales dirigidas contras las bandas criminales de las zonas priorizadas.

Ver referencias bibliográficas.

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