El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un hito que transformó la manera en que el mundo protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy, 35 años después, es crucial reflexionar sobre los logros y desafíos en Costa Rica y reafirmar nuestro compromiso con los derechos de la niñez y la adolescencia.

Al ratificar la Convención en 1990, Costa Rica se convirtió en uno de los países pioneros en América Latina en dar pasos firmes hacia la protección integral de la niñez y adolescencia. Este compromiso ha sentado las bases para un avance significativo en los derechos de la infancia.

Desde su ratificación, Costa Rica ha demostrado un compromiso ejemplar al adherirse a diez convenios y protocolos internacionales que refuerzan su alineación con los estándares globales de derechos humanos para la niñez. Estas acciones reflejan un enfoque proactivo en la defensa de los derechos de la infancia, destacando la importancia de la colaboración internacional en la protección de las poblaciones más vulnerables.

A través de un sólido marco normativo sustentado en leyes y reformas aprobadas desde ese año, se ha trabajado para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, erradicar el trabajo infantil, disminuir la exclusión educativa y proteger a las víctimas de violencia. La implementación del registro de nacimiento universal ha garantizado que cada niño tenga un reconocimiento legal desde su nacimiento, alcanzando un 99% de registros en 2020. Además, ha destacado por su Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, que permite la detección temprana de 29 enfermedades, un ejemplo que ha inspirado a otros países.

La disminución del embarazo adolescente, facilitada por la aprobación de leyes, políticas y programas, refleja un compromiso hacia la igualdad y el bienestar de las juventudes. También, el sólido sistema de vacunación ha permitido a Costa Rica estar a la vanguardia en la inmunización, incluyendo la rápida implementación de la vacuna contra la COVID-19, que lo convirtió en un ejemplo para otras naciones. Además, la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 se posiciona como un modelo regional al garantizar los derechos de la niñez mediante la coordinación de acciones estatales a largo plazo, integrando la participación activa de más de 2.000 niñas, niños y adolescentes de todo el país en su diseño.

Si bien hay grandes avances, también hay grandes desafíos que enfrentar. La violencia contra la niñez se ha convertido en un reto alarmante. Las últimas observaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño destacan la necesidad urgente de fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de políticas efectivas para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas.

La violencia de género y el abuso sexual son problemas que no podemos ignorar. Datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indican que entre 2022 y 2023, se registró un incremento del 8% en la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con un promedio alarmante de 375 víctimas diarias. Es fundamental que cada actor de la sociedad, desde el gobierno hasta la ciudadanía, reconozca su rol en la protección de las niñas y niños. La implementación de programas de prevención y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia son pasos indispensables en este camino.

La feminización de la pobreza, la reducción de la pobreza infantil y la desigualdad social, que afectan especialmente a la infancia que vive en zonas fronterizas, costeras y urbano marginales, así como a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de refugio, en condición de discapacidad y a la población LGTBIQ+, se constituyen un reto y en una oportunidad para impulsar en forma conjunta nuevas alternativas en las que Costa Rica nuevamente se destaque a nivel mundial por la protección de su infancia.

La educación es otro pilar fundamental en la defensa de los derechos de la niñez. Costa Rica ha hecho esfuerzos significativos para garantizar la educación gratuita y de calidad, consagrada como un derecho constitucional, pero aún enfrentamos barreras que impiden que todas las personas menores de edad, especialmente aquellas en situaciones de pobreza, accedan a este derecho en igualdad de condiciones de calidad. Actualmente, el 96% de la población infantil está inscrita en la educación primaria, pero debemos seguir trabajando para universalizar la educación preescolar, estandarizar la calidad en todo el país y reducir la exclusión educativa en secundaria. La inversión en educación debe ser prioritaria, como una vía esencial para romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro más justo y equitativo para todas y todos.

La salud mental de niñas, niños y adolescentes es un área crítica que requiere una atención integral y urgente, sobre todo en adolescentes. Es esencial intensificar los programas nacionales y locales que aborden estos desafíos desde un enfoque intersectorial, garantizando una atención adecuada y accesible.

Como líder en temas ambientales, es indispensable también que el país fortalezca las estrategias para atender el llamado de las niñas, niños y adolescentes, quienes en diferentes consultas impulsadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus socios han insistido en la urgente necesidad de prevenir y mitigar los efectos del cambio climático en las presentes y futuras generaciones. En esta línea, el fortalecimiento de los mecanismos, la coordinación interinstitucional y los espacios sistemáticos para impulsar la voz y la participación de la infancia y la adolescencia en los temas que los afectan también se constituye en una tarea esencial.

Además, es fundamental fortalecer la asignación, eficiencia y eficacia de la inversión social para asegurar que los recursos lleguen de manera óptima a quienes más los necesitan.

El camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la plena realización de los derechos de la niñez en Costa Rica no es fácil, pero debemos transitarlo en unión. La colaboración y las alianzas entre familias, el Estado, los centros educativos, las organizaciones de la sociedad civil,  el sector privado, las organizaciones de fe, la comunidad, entre otros muchos actores sociales son impostergables para crear un entorno seguro y protector para la niñez.

El Sistema de Naciones Unidas y UNICEF reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto al Estado y la sociedad costarricense para asegurar que cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarse en un entorno seguro.

Al conmemorar el 35 aniversario de la Convención, recordemos que la protección de la infancia no es solo responsabilidad del Estado, sino un deber de toda la sociedad. Juntas y juntos, podemos construir una Costa Rica más justa e inclusiva donde cada niña, niño y adolescente viva con todos sus derechos y tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La infancia debe seguir siendo una prioridad en la agenda nacional, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados. ¡El presente y futuro de Costa Rica depende de ello!

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