Agencia destacó esfuerzos del país por mantener el déficit de cuenta corriente controlado y mostrar un superávit primario consecutivo.

El Ministerio de Hacienda informó en un comunicado de prensa que la calificadora de riesgos Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mejoró la perspectiva crediticia de Costa Rica de estable a positiva, sin modificar la calificación crediticia soberana para las categorías de largo plazo, en moneda local y extranjera, la cual había pasado de B+ a BB- hace un año.

Según destacaron desde Hacienda, la agencia reconoció “los esfuerzos del país por mantener el déficit de cuenta corriente controlado y mostrar un superávit primario consecutivo, resultado de una disciplina fiscal sostenida desde la reforma de 2018”.

Además, el comunicado señala que la mejora en la perspectiva refleja “no solo el crecimiento sostenido de sectores clave como el turismo y las exportaciones de dispositivos médicos, sino también la sólida gestión de reservas internacionales, que hoy superan los 14 mil millones de dólares, representando más del 15% del PIB”.

Sobre la mejora en la perspectiva, el ministro de Hacienda a.i., Rudolf Lücke Bolaños, manifestó:

Esta revisión positiva es una muestra clara de que estamos en la dirección correcta. El reconocimiento de S&P Global Ratings refleja los frutos de nuestra política económica y el esfuerzo por mejorar nuestra sostenibilidad fiscal. Sabemos que no podemos conformarnos. Nuestro compromiso es continuar consolidando estos avances y superar los obstáculos que persisten, especialmente en la búsqueda de un acceso más ágil al financiamiento externo”.

Adicionalmente, Hacienda reconoció que el informe de S&P advierte “que el país aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en lo que respecta al acceso oportuno a financiamiento externo. Si bien el Gobierno logró emitir bonos internacionales por 1,500 millones de dólares en dos ocasiones durante 2023, las condiciones legislativas impuestas para emisiones futuras han limitado la flexibilidad financiera”.

El comunicado también asegura que S&P señaló que la fragmentación política podría seguir ralentizando la toma de decisiones críticas para la gestión fiscal en los próximos años, especialmente en la antesala de las elecciones de 2026, y destaca que, "aunque el crecimiento económico sigue siendo robusto, con una previsión del 4% para este año, la carga de intereses de la deuda pública continúa siendo un desafío estructural que limita la capacidad del gobierno para expandir su gasto en áreas críticas".

Lücke agregó:

El cumplimiento de la regla fiscal ha sido clave para mantener la disciplina en las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Sabemos que la estabilidad fiscal es un activo invaluable para el país. El reto ahora es garantizar que cada decisión financiera esté orientada no solo a mantener esta estabilidad, sino también a potenciar el desarrollo y el bienestar de los costarricenses. Nuestra meta es clara: consolidar el camino hacia una economía más sólida, sostenible e inclusiva”.

Finalmente, el ministro a.i. destacó que el país se encuentra en un momento crucial para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tendencias globales de relocalización de cadenas productivas:

Las zonas francas, la transición hacia energías limpias y nuestro clima de negocios han generado una base sólida para seguir atrayendo inversiones estratégicas. No obstante, debemos ser cuidadosos en nuestra gestión fiscal y avanzar en las reformas necesarias para mantener la confianza tanto de los mercados internacionales como de los organismos multilaterales".

Calificadoras de riesgo

Las agencias calificadoras de riesgo son empresas privadas que se dedican a clasificar los riesgos de inversiones de diferentes productos financieros, incluyendo las deudas soberanas. Existen tres empresas que suelen ser utilizadas como la referencia para los riesgos de la deuda soberana: Moody's, Standard & Poor's y Fitch Group.

Las calificaciones de riesgo son valoraciones de entes económicos privados que miden la capacidad de un Estado de hacerle frente a las deudas que adquiere, señalando el riesgo (la posibilidad de recuperar la inversión más los intereses) que conlleva para quien compra deuda de un Estado.