Solo el presidente de la República podría viajar en primera clase o clase ejecutiva en viajes oficiales que sean financiados con recursos públicos.
El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, presentó un proyecto de ley (expediente 24.668) que pretende reducir los costos en los que incurren las instituciones públicas al comprar tiquetes de avión para sus jerarcas.
El proyecto fue presentado luego de que se dieran a conocer públicamente altos costos incurridos por la actual administración por viajes de jerarcas, como el pago de 8900 dólares por un tiquete de avión en clase ejecutiva a Londres para el ministro de Turismo, William Rodríguez López, y que la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive Angermuller, escogiera la opción de tiquete más costosa para un viaje a Francia.
La iniciativa de ley pretende modificar el artículo 3 de la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado (Ley 3462) para que se establezca la obligación de “dar preferencia sin excepción alguna a la línea que ofrezca el menor precio de los pasajes, o bien, el mayor descuento en el precio de éstos, para mayor conveniencia de nuestras finanzas públicas".
Adicionalmente, el proyecto plantea “la prohibición de la compra de pasajes aéreos en primera clase, o clase ejecutiva, salvo que se trate del presidente de la república durante viajes oficiales, en cuyo caso, sus acompañantes no podrán optar por este tipo de tiquetes o boletos, así como tampoco otros miembros de supremos poderes y jerarcas, siendo excepcionalmente, de manera justificada y autorizada por la Contraloría General de la República, la compra de tiquetes o boletos que no se ajusten a las prohibiciones mencionadas”.
El proyecto propone que la Contraloría General de la República deba sancionar y cobrar cualquier monto de sobreprecio en que incurra la administración en la compra de tiquetes, lo cual aplicaría tanto para la persona funcionaria pública que utilizó los boletos o tiquetes adquiridos, servicios de alimentación, hospedaje y similares, como a la persona funcionaria pública que se encargó de la compra.
La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo del resto de la bancada del Frente Amplio y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa. Debido a que el próximo 1 de noviembre inicia el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la actual legislatura, si el proyecto no es convocado por el Poder Ejecutivo no podrá iniciar su trámite correspondiente hasta el 1 de febrero del 2025.
