Sinac cuenta con 517 personas encargadas de proteger 347 km2 aproximadamente.
Una serie de expertos alertaron que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la gestión de biodiversidad del país están en crisis.
Esa es la conclusión a la que llegó la legisladora Kattia Cambronero Aguiluz luego del foro realizado el pasado 10 de octubre llamado "SINAC en Crisis: Desafíos y transformaciones", organizado por el despacho de la diputada del Liberal Progresista y por el Centro Científico Tropical (CCT).
El país cuenta con 152 áreas protegidas que representan el 25,46% del territorio terrestre y el 30.3% del espacio marino. No obstante, estas son gestionadas directamente por solo 517 personas. Es decir, cada funcionario debe velar por 347 km2 aproximadamente.
En un análisis realizado por Laura Pacheco, directora del CCT, con informes recientes del SINAC del 2020 y 2021, mientras la superficie protegida aumentó en un 524%, el presupuesto institucional disminuyó en un 37% y las horas destinadas a control y protección disminuyeron en un 70,2%.
Además, entre el 2020 y el 2023, la planilla disminuyó en un 6% y el presupuesto institucional continúa disminuyendo, presentando al 2024 una reducción del 42% con respecto al 2020.
A este escenario la experta sumó que la presión por la visitación turística al 2023 alcanzó 465 mil visitantes adicionales a las áreas silvestres protegidas (ASP).
Asimismo, otro punto que destacó es la injerencia del narcotráfico en Áreas de Conservación. Este problema fue retratado por el New York Times, que evidenció cómo los grupos criminales aprovechan el vacío generado por la falta de personal y el pobre monitoreo en la gestión de parques nacionales y reservas biológicas.
En este espacio se destacó que en 2014 la Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias que aún hoy siguen vigentes. Por ejemplo, una tercera parte de las ASP carecen de planes de manejo, que son los instrumentos de planificación que orientan su gestión para cumplir con sus objetivos de conservación, esto pese a que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente le exige al Minae este tipo de instrumentos.
Para Pacheco es necesario retomar los vínculos entre el sector público, académico, ONGs y demás aliados ante el riesgo de incumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de sus áreas silvestres.
Repensar el SINAC, su modelo de financiamiento y de gestión, así como su gobernanza y marco legal, es la tarea que nos corresponde en aras de contar con la institucionalidad que necesita nuestro espacio terrestre y marino protegido”.
El Foro "SINAC en crisis: Desafíos y transformaciones" se realizó el pasado 10 de octubre y fue organizado por el despacho de la diputada del Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, y el Centro Científico Tropical (CCT).
Trabajando en ello
En el espacio, que se llevó a cabo en el Congreso, participó el viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, quien dijo que desde el Minae trabajan por fortalecer el monitoreo de la gestión de las Áreas de Conservación.
El funcionario, no obstante, reconoce que hay necesidad de dotar de recurso humano el Sinac.
No solamente es una cantidad de recursos limitados sino también hay una mayor responsabilidad al existir una mayor cantidad de área protegida. Los compañeros en las áreas de conservación nos dicen, de forma muy coloquial, tenemos el rancho ardiendo y no tenemos la respuesta dentro del Sistema para atender esa particularidad.”
Ante esto, afirmó que trabajan por atraer recursos de las finanzas climáticas que beneficiaría sustancialmente al SINAC. Agregó que cerca de $5 millones se están ejecutando actualmente provenientes del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas.
El espacio contó con la participación de Jorge Mario Rodríguez, recién nombrado como Viceministro de Ambiente. El gobierno mantuvo ese viceministerio sin jerarca durante 14 meses.
Además recordó el compromiso del Banco Mundial de aportar $25 millones hasta el 2026 como pago por reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Las comunidades como actores claves
Una de las alternativas para la gestión de las zonas protegidas es impulsar alianzas con comunidades vecinas a las áreas de protección.
Para Carlos Hernández, director del Sistema de Reservas Privadas del CCT, el país entendió que solo con las áreas protegidas el país no iba a alcanzar las metas de conservación.
En ese contexto surgieron apuestas como los corredores biológicos, que son formas de gestión con las comunidades para la protección de los recursos naturales.
Esto no lo puede hacer solo el Sinac, por eso es importante la atracción de alianzas público-privadas para su articulación".
Hernández detalló que del 25% del área terrestre protegida con alguna categoría de manejo, solo son gestionadas por el Estado los parques nacionales y reservas biológicas. Mientras que las zonas protectoras, los refugios de vida silvestre privados, las reservas forestales... la gran mayoría son de carácter privado. Así mismo sucede con el resto del territorio nacional con cobertura boscosa.
Miguel Madrigal, presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados, comentó que parte de la intención de las áreas protegidas es darle mayor participación a la gente.
De ahí la complejidad de la actual Ley de Biodiversidad para la participación ciudadana. El problema empieza cuando las decisiones técnicas, comienzan a tomarse con una injerencia de agendas personales en esos cuerpos que la legislación creó. Y ahí es donde se nos hizo un arroz con mango.”
A esto agregó que “lo que nos hace falta por definir en un nuevo modelo de gestión es adónde se toman las decisiones técnicas y adónde se toman las decisiones políticas; con algo tan delicado como la gestión de la biodiversidad".
Sin biodiversidad no hay economía ni bienestar social
El decano de la facultad de ambiente y desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional, Allan Valverde, enfatizó en el conversatorio que si no hay biodiversidad, no hay economía ni bienestar social. El experto afirmó que bajo este precepto es que debería gestionarse todo el sistema de áreas de protección que gestiona el Sinac.
Actualmente la mitad del presupuesto que maneja el sistema proviene de la misma área protegida, pero el investigador afirmó que la institución no está siendo eficiente.
Destacó que la cooperación internacional es una opción como fuente de ingresos, sin embargo, todos los demás países están detrás de estos mismos fondos.
Hay que darle la vuelta al asunto y valorar el verdadero aporte que realizan las áreas protegidas para el país en temas como la protección de desastres naturales, la atracción turística, la polinización o la generación de encadenamientos productivos a su alrededor.”
Cambronero Aguiluz destacó que "no estamos perdiendo solo las áreas protegidas, sino toda la biodiversidad del país".
Para el especialista es necesario buscar un método innovador de financiamiento ya que, si se obliga al Sinac a ser sostenible de "la manera clásica" posiblemente se vaya a "generar un grave problema social". Esto al partir de que la mayor parte de las áreas protegidas se encuentran alrededor de cantones vulnerables que se ven beneficiados por los negocios asociados a ellas, compartió.
La diputada Cambronero Aguiluz destacó que "aquí no estamos perdiendo solo las áreas protegidas, sino toda la biodiversidad del país. Por lo tanto, estamos restando calidad de vida a todos los habitantes".
El Estado de Costa Rica carece de recursos suficientes para invertir en las áreas de conservación. Además de la protección y el potencial turístico, debemos considerar el impacto de la investigación y su retribución en la economía nacional".
Y continuó:
Asimismo, los programas por Pagos de Servicios Ambientales (PSA), así como la determinación del potencial de captura de carbono de nuestros bosques y mares, podrían convertirse en novedosas alternativas de financiamiento".
La diputada reiteró su compromiso en trabajar a favor de la simplificación tramitológica que envuelve al Sinac y en la valorización del activo natural del país para determinar su potencial económico. Del mismo modo dijo que trabajará en impulsar la necesidad de repensar un nuevo modelo de gestión ambiental que permita aprovechar mejor los recursos, en especial en el ámbito de las áreas marinas-costeras.
