Costa Rica desde siempre, ha tenido reconocimiento internacional como un modelo a seguir en temas ambientales, gracias a su compromiso con el uso de energías renovables, la reforestación y la conservación de la biodiversidad, con titulares que la describen como el más "ecofriendly" de la región. La nación centroamericana ha sabido capitalizar su imagen en el escenario global. Sin embargo, debajo de esta fachada ambientalista, surge una pregunta inevitable: ¿es realmente tan ecofriendly como presume ser?

Para empezar, podemos comentar como el país posee diversas políticas ambientales como lo serían: el Programa País Carbono Neutral o PPCN creado por la dirección de cambio climático, el hecho de que el 99% de la energía usada en el país es renovable, el Plan Nacional de Descarbonización, los incentivos a la reforestación expresados en la Ley Forestal (Ley 7575), la Ley de Parques Nacionales (Ley 6084) entre otros.

Si bien es cierto que Costa Rica ha logrado avances significativos en temas como la generación de energía renovable y la conservación de áreas protegidas, también existen serias contradicciones que ponen en duda la verdadera sostenibilidad del país porque a pesar de que el 90% de su energía eléctrica proviene de fuentes renovables, esto no significa que el resto de sus sectores económicos estén alineados con la misma visión de sostenibilidad.

Uno de los ejemplos más notorios es el impacto de los monocultivos, especialmente el cultivo de piña y banano, los cuales han sido fuertemente criticados por el uso intensivo de agroquímicos y la contaminación de fuentes de agua. Estas prácticas agrícolas no solo dañan el suelo y la biodiversidad, sino que también afectan a las comunidades cercanas que dependen de estos recursos naturales y a los propios trabajadores que a menudo se ven fuertemente afectados por el uso intensivo de agroquímicos. Costa Rica es uno de los países con mayor uso de agroquímicos en el mundo, incluso en áreas donde estos deberían estar restringidos, lo que contradice su imagen de sostenibilidad.

El turismo, otro pilar de la economía costarricense, también plantea un dilema ya que, aunque el país se enorgullece de su modelo de ecoturismo, el crecimiento desmedido del sector ha generado una presión significativa sobre los ecosistemas locales. Zonas como Guanacaste o el Caribe han experimentado un aumento en la construcción de hoteles y desarrollos turísticos que, en muchos casos, no cumplen con los estándares ambientales que promueve el mismo gobierno. Además, la llegada masiva de turistas pone a prueba la capacidad del país para manejar los residuos y preservar sus recursos naturales, incentivando también la construcción de más hoteles, aumentando el número de 2.412 a 3.697 solo en 2017.

Un claro ejemplo de esto se puede observar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en Limón, este refugio es una de las áreas protegidas más biodiversas de Costa Rica. El conflicto se originó en los intentos de desarrollo inmobiliario en terrenos cercanos y dentro de los límites del refugio. Aunque la Ley de Parques Nacionales y la Ley Forestal parecen ofrecer una sólida protección a las áreas protegidas, los intereses privados en turismo y desarrollo urbanístico han generado tensiones. A pesar de ser una zona declarada de protección, han surgido acusaciones de que las autoridades no están haciendo lo suficiente para frenar los proyectos que amenazan la integridad ecológica del área.

El caso Gandoca destaca las limitaciones de las políticas ambientales costarricenses cuando se enfrentan a intereses económicos, sin dejar de pensar que esto no es un caso aislado sino parte de un patrón más amplio. A pesar de que el gobierno promociona a Costa Rica como un defensor de la naturaleza, los vacíos legales y la falta de supervisión efectiva permiten que estos proyectos avancen. Los residentes y activistas locales han denunciado la destrucción de manglares, la tala ilegal y la contaminación de los ríos, todo en nombre del desarrollo turístico. Esta situación plantea una pregunta incómoda: ¿puede un país ser verdaderamente "ecofriendly" si permite que su biodiversidad sea sacrificada en favor del crecimiento económico?

Por otro lado, aunque se han hecho esfuerzos para descarbonizar el transporte, las emisiones del transporte público siguen siendo uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el país. El transporte público es limitado en muchas zonas rurales, obligando a depender del automóvil privado, lo que incrementa la huella de carbono. En zonas urbanas, el transporte tampoco se acerca a ser carbono neutral, y el uso de vehículos ha aumentado significativamente y si bien, el Estado ha hecho esfuerzos con el fin de incentivar el uso de vehículos eléctricos por sobre los de combustión con leyes como la Ley de Incentivos y promoción para el transporte eléctrico N°9518, sin embargo, esto no ha dado resultados muy positivos.

Costa Rica se ha posicionado como un modelo de sostenibilidad en temas ambientales, sin embargo, se encuentra en posición 70 de emisiones de los 184 países que conforman dicha lista, por encima de Uruguay, demostrando que esta imagen verde tiene grietas significativas. A pesar de los avances, las contradicciones en sectores como la agricultura, el turismo y el transporte revelan un panorama más complejo y menos “ecofriendly” de lo que se presume. Para que Costa Rica sea el líder ambiental que proclama, no basta con proyectar una imagen de sostenibilidad si permite que el desarrollo económico comprometa la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. La sostenibilidad real requiere un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental, algo que aún está lejos de alcanzarse plenamente en el país.

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