Kattia Cambronero afirmó que el propósito es implementar prácticas de minería artesanal sostenible en la zona.
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero Aguiluz, presentó hoy un proyecto de ley cuyo propósito es implementar prácticas de minería artesanal sostenible en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital en el cantón de San Carlos, afectados durante décadas por controversias socioambientales y actividades mineras ilegales.
Cambronero Aguiluz detalló que el expediente 24.667 tiene como objetivo ofrecer una alternativa de desarrollo económico a las comunidades mencionadas a través de una minería artesanal y "en pequeña escala regulada, que sea respetuosa del ambiente y capaz de generar empleo local", a través de la reforma los artículos 8 y 56 del Código de Minería.
Se trata de brindar oportunidades económicas a una región con altos índices de pobreza y desempleo, y de reducir así el impacto negativo de la minería ilegal.”
La iniciativa plantea un marco regulatorio que permite a las comunidades de la zona practicar una minería artesanal que minimice el impacto ambiental y prohíba el uso de mercurio, en línea con los compromisos de Costa Rica adquiridos en virtud de la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Dato D+: El Convenio de Minamata fue adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón y entró en vigor en agosto de 2017. El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades.
Además, se contempla la creación de cooperativas mineras artesanales, el fortalecimiento de capacidades técnicas de la población local y la promoción de medidas correctivas para restaurar los ecosistemas afectados. "Un modelo similar al que actualmente se implementa en el cantón de Abangares", compartió Cambronero Aguiluz.
La propuesta de ley también señala que el Ministerio de Hacienda deberá girar el 75% de lo recaudado por el pago de impuesto sobre utilidades de la actividad minera en el país al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el cual se distribuirá de la siguiente manera:
- Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para la adquisición de terrenos en áreas silvestres protegidas.
- Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para pagos por servicios ambientales.
- Un veinticinco por ciento (25%) se destinará a la Dirección de Geología y Minas para inspección de las actividades mineras nacionales.
- Un veinticinco por ciento (25%) se utilizará para brindar asistencia técnica y financiera a las personas físicas o jurídicas que realicen minería artesanal para que implementen alternativas al mercurio y al cianuro más amigables con el ambiente.
La legisladora recordó que desde 1999, la región de Crucitas se convirtió en un punto focal del conflicto por sus recursos minerales, especialmente el oro.
Además puntualizó que tras la anulación de la concesión otorgada a la empresa minera canadiense Infinito Gold en 2010, la minería ilegal se intensificó en la zona, provocando graves consecuencias ambientales, económicas y sociales.
Entre estos impactos señaló que se encuentran la deforestación, la contaminación de fuentes de agua por mercurio y la pérdida de biodiversidad, así como un incremento en el tráfico de personas, sustancias peligrosas y armas. Además, el ambiente de inseguridad y los altos costos de vigilancia policial en la zona reflejan la complejidad y la magnitud del problema.
La representante del PLP indicó que la minería ilegal impacta 3000 hectáreas y requiere de recursos considerables para su monitoreo. Además, dijo que esto se da en una zona en la que el 29.3% de la población de la región Huetar Norte vive en situación de pobreza, con un 10.3% en pobreza extrema.
La propuesta de Cambronero Aguiluz llega luego de que, el 15 de julio anterior, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, comunicó el archivo de la solicitud formulada por la empresa canadiense Infinito Gold Ltda. de anular parcialmente el laudo arbitral del año 2021 que le rechazó sus solicitudes de indemnización, posterior a que se le despojara de la concesión para abrir la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, por irregularidades cometidas en el país.
Posterior a esto, el presidente Rodrigo Chaves Robles reiteró en distintas ocasiones su objetivo de explotar el oro en la zona de manera responsable. Mientras trabajan en una propuesta conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, Chaves Robles firmó una moratoria de minería en Crucitas que fue oficializada el pasado 9 de agosto.
Esto congela específicamente las áreas de reserva metálica en el distrito de Cutris de San Carlos por el plazo de 12 meses, prorrogables automáticamente.
Con esta decisión el gobierno pretende otorgar permisos de exploración hasta contar con la elaboración de un plan integral de uso sostenible del recurso minero metálico.
Mientras tanto, el diputado del partido oficialista Progreso Social Democrático, Jorge Antonio Rojas López, presentó un proyecto de ley (expediente 24.577) que pretende habilitar la exploración y explotación de la minería de metales de cielo abierto en el distrito de Cutris.
