Buenas noches.
El Caso Barrenador una vez más coloca al país en un debate que se aleja de lo técnico y lo legal y se sumerge en lo emocional y lo ideológico. La población está hecha un colocho, procurando “tomar bandos” (como si se tratara de eso) a partir de sus afectos e intereses particulares. Nada nuevo bajo el sol: somos humanos.
Lo curioso es que estas volátiles afinidades implican ciertos ejercicios de malabarismo ideológico y axiológico particularmente simpáticos. Resulta ameno ver a algunos de los que “odian al sindicalismo” levantando en brazos a Lenin Hernández (secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería) y a varios de los que “odian al PLN” declarando a Freddy González Rojas (presidente de Consejo Nacional de Cooperativas) su nuevo héroe personal.
Paciencia, ahorita explico el papel de cada uno en toda esta polémica. Entremos pues en materia, advirtiendo que será un viaje complejo y cargado de turbulencia. Ojo: el eje de la polémica no es si la tercerización es buena, mala, regular, satánica o bendita. Aquí el rollo se reduce a: ¿La Caja adjudicó con un sobreprecio descomunal o no? y ¿hubo influencias externas en esa decisión? Esas preguntas, les adelanto, todavía no tienen respuesta: precisamente eso es lo que se está investigando.
Por último... es prudente recordar que este bizcocho tiene mucho de conflicto de poder, mucho más de conflicto ideológico y muchísimo más de intereses económicos confrontados.
Listo, vamos al fútbol.
Preguntas frecuentes sobre el Caso Barrenador
¿Qué investiga la Fiscalía?
Un posible sobreprecio de 12.400 millones de colones anuales en los contratos (a diez años) de 138 Ebáis de la Caja, adjudicados a cuatro cooperativas y una asociación médica. Se investiga si a partir de un esquema de corrupción se benefició a las cooperativas desde la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Nueve de las diez adjudicaciones, a pesar de ciertos descargos iniciales que dieron a entender lo contrario, están en firme.
Dato D+: El dato del sobreprecio varía dependiendo de la fuente. El SINAE por ejemplo, sostiene que son 20.000 millones al año.
Según SINAE el sobreprecio total es cercano a los ₡20.000 millones de colones.
¿Cuáles cooperativas y cuáles Ebáis?
Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco (que es una asociación médica).
Los 138 Ebáis se distribuyen en 10 Áreas de Salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho. Entre todos, atienden a más de medio millón de personas.
¿Cuándo explotó el caso?
La denuncia y la investigación ya eran de conocimiento público pero el tema acaparó titulares el lunes 23 de setiembre cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Policía Judicial del OIJ ejecutaron 28 allanamientos y detuvieron a 8 personas imputadas por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Dato D+: Imputado: Persona que es señalada como posible autora de un delito, mediante cualquier acto de la investigación, o bien, que en apariencia haya participado en un hecho ilícito.
¿Quiénes fueron detenidos?
Si bien la Fiscalía investiga a un total de 18 personas, solo 8 fueron detenidas, incluyendo a la presidenta de la CCCS, Marta Esquivel Rodríguez y tres compañeros de la actual junta directiva: Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y María Isabel Camareno Camareno. Además, los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves. También fue detenida María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja.
Recuadro preparado por Telenoticias.
Dato D+: La Junta Directiva de la CCSS es un órgano colegiado en el que participan los tres sectores que aportan a la seguridad social: Estado, patrono y trabajadores. Está compuesta por nueve miembros: tres de los trabajadores, tres de los patronos y tres del Gobierno, incluyendo la presidencia ejecutiva que es nombrada por el Poder Ejecutivo. El sector patronal nombra a sus miembros a través de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). El sector de los trabajadores nombra un representante del sindicalismo, uno del cooperativismo y uno del solidarismo.
¿Qué medidas cautelares se le han impuesto a los detenidos?
Todavía no concluye la audiencia de medidas cautelares. Continuará este lunes 30 de setiembre en el Juzgado Penal de Hacienda, en Goicoechea. La Fiscalía ha solicitado la suspensión de sus cargos como directivos (en los casos que aplique), impedimento de salida del país y presentación a firmar cada mes ante el Juzgado entre otras cautelares. Se descartó solicitar prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.
¿Por qué se cuestiona la legalidad de esta adjudicación?
Es una larga historia y les recuerdo que Luis Manuel preparó un amplio artículo al respecto. Por lo pronto, la megaresumo en orden cronológico:
2020-2023
Para empezar, desde hace más de tres décadas varias de estas cooperativas han vendido administrando distintos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (mejor conocidos como Ebáis). Por mucho tiempo esos servicios se compraban de forma directa, pero a inicios de siglo la Contraloría encontró que ese modelo resultaba más caro y se migró al de licitación directa. En 2009 se lanzó una licitación por 6 años. En 2015 se determina que la tercerización resulta beneficiosa para la Caja (implicó mayor eficiencia y ahorro de recursos) y se decide prorrogar por 4 años más.
Aquí es clave reiterar que en términos generales la gestión de las cooperativas ha sido exitosa, es muy bien valorada para los usuarios y la propia Caja ha determinado en distintas ocasiones que el modelo le resulta conveniente pues le permite ahorrar una cantidad significativa de recursos.
Entender esto es importante, pues en 2020 la Caja concluyó que el mejor camino era seguir trabajando con las cooperativas. Eso implicaba una nueva licitación pero como Tiquicia es Tiquicia los tiempos de Dios no se coordinaron y nada que arrancaba ese proceso, por lo que la Caja amplió “a pata” el contrato (vía contratación directa) en un par de ocasiones, a fin de ganar tiempo y mantener la continuidad de los servicios.
En 2021 finalmente arrancó el proceso de la nueva licitación y ahí se presenta el primer inconveniente: los términos del cartel fueron considerados insatisfactorios y arrancaron rondas y rondas de apelaciones ante la Contraloría General de la República. En efecto, lo que pedía la Caja era un relajo (por ejemplo pasar de 4 pacientes por hora a 5, etc).
Dato D+: El 1 de setiembre del 2022, la Contraloría General de la República (CGR) autorizó la ampliación de los contratos por 18 meses mientras se concretaba la adjudicación.
Tras 17 meses de extenso pleito todo estaba finalmente listo para otorgar la adjudicación y zaz, en marzo del 2023 la actual administración de la Caja anuló todo el procedimiento. No se ofrecieron mayores explicaciones, salvo “el cartel de licitación no reúne las condiciones adecuadas”.
María Isabel Camareno Camareno, actualmente representante del Gobierno en la JD de la CCCS.
Dato D+: Esta decisión se toma tras el ingreso a la JD (a inicios del 2023) de Roberto Quirós Coronado, María Isabel Camareno Camareno y Juan Ignacio Monge Vargas, quienes ingresaron luego de que el Poder Ejecutivo desarmó la JD para ubicar a sus fichas. Sus nombramientos no estuvieron exentos de polémica, Quirós, por ejemplo, había sido abogado de Coopesana y de Camareno ya hablaremos más adelante. Como sea, ellos tres conformaron una comisión relámpago para revisar la tercerización de servicios de salud y en cuestión de semanas se trajeron abajo la licitación.
En noviembre de 2023 el trámite arrancó de cero para que fuera “un proceso bien planificado”.
2024
Abril: el Área de Contabilidad de Costos, adscrita a la Dirección Financiero Contable, presentó dos análisis indicando que las ofertas presentadas por los proveedores eran excesivas. Explicaron que se venía pagando (en promedio) 29.200 millones de colones al año y que con la nueva propuesta la Caja tendría que pagar 53.300 millones al año. Tal criterio tuvo el respaldo de la Dirección Financiera, la Dirección Logística y la Dirección Médica.
Mayo: 2024, la Junta de Adquisiciones de la CCSS (integrada por distintas gerencias) recomendó declarar infructuosa la nueva licitación pues tras su análisis técnico consideró que los precios ofertados eran excesivos. En sesión de esa junta, Gustavo Picado Chacón, gerente financiero, había dicho: “Significa un incremento del 65% en términos de lo que estamos pagando hoy y lo que deberíamos pagar en caso de que las ofertas sean aceptadas”. Tómese en cuenta: las cooperativas criticaron y desacreditaron esos informes (más adelante ampliamos sobre esto).
Junio: la presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, solicita a María de los Ángeles Gutiérrez Brenes que monte una comisión especial y elabore a la brevedad un estudio con un análisis de la oferta de servicios de las cooperativas.
María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, recién nombrada gerente general de la Caja.
Paréntesis: Gutiérrez Brenes es una figura clave en el Caso Barrenador. Al inicio del 2023 era directora de Proyección de Servicios de Salud de la CCSS y era asesora de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel. Posteriormente, en junio del 2023, cuando Esquivel decide enviar de vacaciones forzadas al gerente de infraestructura de la Caja (Jorge Granados Soto) por contradecirla con el tema del terreno del hospital de Cartago, nombra a Gutiérrez como gerente de infraestructura interina. Gutiérrez Brenes se ganó la confianza de doña Marta, a tal punto que el pasado miércoles 25 de setiembre, después de que ambas fueran detenidas el lunes 23, la oficializó como gerente general de la CCSS, cargo acompañado de una nada despreciable salario de ₡5.415.000 mensuales. Este acelerado trámite es particularmente llamativo pues dentro de las medidas cautelares que solicita la Fiscalía contra doña Marta se encuentra la suspensión de su cargo.
Julio: Gutiérrez entrega el informe a la JD y recomienda avanzar con la adjudicación pese a los anteriores criterios técnicos. Este informe es determinante, pues es en el que se sustentará la JD de la Caja para dar su visto bueno a la licitación. El informe solo está firmado por Gutiérrez, quien sin embargo dijo tener el apoyo de la comisión. Tras esas declaraciones los otros integrantes de la comisión la desmintieron e incluso dijeron que nunca conocieron la información que preparó Gutiérrez.
El 6 de julio es cuando la situación realmente se complicó y saltaron las sospechas. Doña Marta convoca a la JD a una sesión extraordinaria, celebrada un sábado y bajo la figura de “funcionario de hecho” (el cuórum estaba incompleto pues había un puesto vacante, ya que José Luis Loría Chaves había renunciado a su cargo como representante del cooperativismo el 18 de junio y Martiza Jiménez Aguilar, representante del solidarismo, había sido destituida). En esa sesión se adjudicó la administración de los 138 Ebáis por un plazo de 10 años a las aludidas cooperativas, amparándose en el informe de Gutiérrez.
Dato D+: El mecanismo de “funcionario de hecho” se puede utilizar cuando no se logra completar el cuórum por renuncias o destituciones de directivos en “situaciones de urgencia o necesidad apremiante”.
El 10 de julio, Randall Jiménez Saborío, subauditor de la Auditoría Interna de la Caja, presentó una denuncia ante la Fiscalía por la posibilidad de que se hubiese cometido el delito de tráfico de influencias. En ese documento explicó que la junta directiva A) actuó pasando por alto los criterios técnicos que advertían que las ofertas eran excesivas y B) tomó la decisión basándose únicamente en un análisis informal (que no seguía la metodología establecida por la Caja) y firmado por una sola funcionaria (María de los Ángeles Gutiérrez Brenes).
Por cierto, don Olger Sánchez Carrillo, el superior de don Randall, ya se colocó en la mira del oficialismo, aquí vemos a la diputada Ada Acuña Castro reaccionando a la denuncia en su espacio de control político.
Dato D+: El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) también presentó su propia denuncia y la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados) también hizo lo propio.
¿Qué otros elementos sospechosos ha encontrado la Fiscalía?
Además de lo ya acotado, la Fiscalía sospecha que integrantes de la junta directiva de la CCSS sostuvieron contacto directo y reuniones con los oferentes, lo que podría haber generado una ventaja indebida. Aunado a esto se aprobaron los contratos por plazos de 10 años, a pesar de que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, a menos de que sean casos excepcionales.
La Fiscalía trata de determinar si los integrantes de la JD de la Caja anularon el procedimiento de compra que estaba listo para generar uno nuevo a partir de cual, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar las condiciones a fin de favorecer a las cooperativas. Se presume, pues, que podrían haberse excedido en sus competencias y funciones.
Aunado a lo anterior, un día antes de la adjudicación (el viernes 5 de julio) el sector cooperativo, representado por Freddy González Rojas (presidente de CONACOOP), emitió un comunicado manifestando su respaldo a la Ley Jaguar. Ese incidente (además de una foto de don Freddy cenando con la ministra de Planificación que subió Albino Vargas) llevó a CRHoy a consultarle a González por la coincidencia, pero rechazó que una cosa tuviera que ver con la otra:
Le tocará a don Albino demostrar si fue el día antes o después (la reunión con Fernández y la adjudicación). Yo no tengo nada de que avergonzarme, no hemos hecho nada irregular, ni nos hemos beneficiado en el tema personal y estamos respaldando a las cooperativas que es lo que le corresponde al Consejo”.
En declaraciones a La Nación don Freddy también negó cualquier vínculo entre el apoyo a la Ley Jaguar del sector cooperativista y la contratación de los Ebáis. Además, cuestionado sobre su vínculo con Isabel Camareno Camareno (más sobre eso adelante), una de las imputadas detenidas, dijo que “Isabel Camareno puede ser mi mano derecha y mi mano izquierda, sin ningún problema”.
Suave, ¿quién es Freddy González Rojas y por qué su nombre me suena conocido?
Don Freddy se está convirtiendo en una figura clave en este caso, pues ha asumido con vehemencia la defensa de las cooperativas, así que es prudente profundizar en él.
Actualmente es el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), el órgano rector del movimiento cooperativo costarricense, que se encarga de representar y defender el sector. Fue elegido el 20 de julio pasado, aquí lo vemos posando con la nueva junta directiva:
Junta Directiva Conacoop, 2024.
Nota contextual: en esa foto aparece sentada a la izquierda de don Freddy la señora María Isabel Camareno Camareno, anterior presidenta de Conacoop (actual vocal 1) pero #OjoalDato, también una de las directivas de la Caja imputadas en el Caso Barrenador. La situación de doña Isabel es simpática y la explicó muy bien el Semanario Universidad en una nota titulada Directiva “chavista” en la CCSS brinca del cooperativismo a representante del Gobierno. En resumen, durante el largo proceso de intervención de la JD que ha liderado la Administración Chaves, han entrado y salido cualquier cantidad de personas del órgano colegiado. El Ejecutivo estaba muy interesado en que Camareno ingresara a como diera lugar. Primero la nombró en representación del cooperativismo (enero, 2023), pero cuando ese nombramiento se cayó (vía Sala Constitucional) la logró ubicar en representación del propio Gobierno (julio, 2023). Una vez dentro de la JD (en su primera entrada) Camareno (quien para la campaña electoral del 2022 dio la adhesión a Chaves “como lideresa del cooperativismo”) pasó a integrar la ya aludida y polémica comisión tripartita para analizar los contratos con los servicios de salud. Cuatro semanas después la JD anuló la licitación vigente para convocar a la nueva y el resto es historia.
Volvamos a don Freddy. Para la mayoría de ustedes es especialmente recordado por el Caso Infocoop que estalló en 2017. Ojo, todo ese rollo que tanta impresión causó en su momento terminó en sobreseimiento definitivo en 2023.
Naturalmente la bronca lo tuvo alejado de reflectores por un tiempo pero ya don Freddy está de vuelta en la jugada. González es, en resumen, el jefe de jefes del sector cooperativista. Ha formado parte de CoopeAgropal, Consalud, CoopeUvita, CoopeCaja y Fecoopa. Además ha integrado los directorios de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, de Infocoop y bueno, ahora la presidencia del Conacoop.
Su nombre les suena familiar no solo por el Caso Infocoop, lo cierto es que es un nombre muy mediático. En 2017 fue la envidia de propios y extraños porque trascendió que como secretario de Conacoop llegó a ganar más de 11 millones de colones al mes, el doble del salario del presidente de la República. Entre tanto, laboraba para la tendencia de Antonio Álvarez Desanti, pero el político se sacudió de don Freddy tan pronto estalló el Caso Infocoop. Ya sabemos, cuando algo huele mal Toño no se anda con rodeos.
En fin, que González no es ajeno a los medios pues fue muy cercano al PLN, pasó agarrado del pelo con el PAC y bueno, ahora ha desarrollado muy buenas relaciones con Chaves, quien lo describe como “cada día más amigo, cada día más aliado”.
Don Freddy, en su condición de presidente de Conacoop ha respaldado a las cooperativas en el Caso Barrenador. En un videocomunicado subido al Facebook de Conacoop dijo:
Costarricenses, ante el abuso desproporcionado en la investigación de la Fiscalía referente a los contratos de las cooperativas de salud manifestamos. ¿Aspira Albino Vargas y su grupo generar un caos para la Caja Costarricense de Seguro Social y un gran daño a la sociedad, excluyendo a las cooperativas de la operación de los centros de salud? La Contraloría General de la República estudia todavía una apelación sobre el proceso licitatorio que no ha resuelto a esta fecha sobre una cooperativa. Más grave aún es que la Fiscalía afirma que ese acuerdo de la Junta Directiva de la Caja produciría pérdidas millonarias, actuando en forma precipitada y sin conocer que apenas se está en el proceso de formalización de las garantías de cumplimiento y no se ha pagado un solo colón sobre este tema. Estamos en manos de los jueces honestos de nuestro sistema judicial”.
El jueves pasado don Freddy participó de un épico careo con Lenin Hernández (secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería) en Central de Noticias. El intercambio es memorable y obligatorio para cualquier persona interesada en este tema. Tomen nota, el programa arranca sobre el minuto 4:30 después del segmento de comedia.
PS: No se dejen engañar por los rostros de ambos en el afiche, don Freddy se ve puras risas y don Lenín (¡épico que justo se llame así!) sale todo serio y con puño al frente. Pues bueno, a la hora de la hora, el primero se puso como agua para chocolate y el segundo se mantuvo más ecuánime. Corre cinta.
Esa señora debió haberse inhibido después de semejante revolcada que le pegamos en los tribunales”.
La frase destacada es de Freddy González en “El octavo mandamiento”, aludiendo a Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y responsable de unos de los estudios técnicos que determinó “excesivas” las ofertas de las cooperativas.
Dato D+: En este programa surgió una “apuesta” estúpida a partir de la cual ambas partes desafiaron a la otra a “renunciar” a sus respectivos puestos dependiendo de quién tuviera la razón en torno a una polémica menor y absurda que surgió en el programa: ¿Se operan o no se operan menores de edad en Tibás? (Coopesain). Ambos tenían razón. Sí se hacen cirugías pero como parte de un convenio de Coopesain con el Hospital de Niños aparte del contrato de tercerización que se tiene con la Caja para ofrecer servicios de primer nivel de atención (propios de un Ebáis).
¿Qué han dicho las cooperativas sobre la investigación?
Ya conocimos la posición de Conacoop, en palabras de su presidente Freddy González Rojas, quien en resumen coincide con las autoridades del Ejecutivo que han descrito el actuar de la Fiscalía como un “show mediático”.
Por su lado, al menos dos de las cooperativas también socializaron su posición particular tras los allanamientos . Coopesiba dijo que ha actuado “con transparencia, en estricto cumplimiento de la ley” y Coopesalud dijo que “el accionar de la cooperativa siempre se ha realizado bajo el más estricto cumplimiento de las leyes y de la ética”.
Además, en un comunicado girado a los asociados y trabajadores de Coopesalud, su gerente general, Alberto Ferrero Aymerich, anunció que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la funcionaria responsable del “Estudio de Razonabilidad de Precios” (Azyhadee Picado Vidaurre) “cuyas falsas conclusiones han dado pie a que los grupos sindicales acusen la existencia de falsos sobreprecios”.
El sustento de la denuncia lo explicaré más adelante, en síntesis Ferrero asegura que el estudio de Picado está viciado y que de haberse realizado como correspondía habría constatado que lejos de un “sobreprecio” la oferta representaba un ahorro millonario significativo para la Caja.
Denuncia presentada por Alberto Ferrero Aymerich contra Azyhadee Picado Vidaurre.
Es importante acotar que...
#1. Desde mayo las cooperativas criticaron las actuaciones de Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y responsable de uno de los informes que calificó de “excesiva” la oferta de las cooperativas. Oscar Abellán Villegas, gerente de Coopesiba, calificó el informe de absurdo. Adujo que el informe plantea que el salario de cada trabajador debe ser menor al equivalente que paga la Caja cuando lo correcto debería ser que la sumatoria de todas las remuneraciones no sea superior al desembolso equivalente que haría la Caja en un Ebáis de las mismas características. En declaraciones a La Nación, dijo: “Esta señora (Picado) confunde el análisis de razonabilidad del precio con el equilibrio económico del contrato, que son dos cosas completamente distintas”.
Representantes de Coopesalud y Coopesana también desacreditaron el informe de Picado y adujeron que no toma en cuenta que la jornada laboral de las cooperativas es de 48 y no de 44 como en la Caja y que tampoco contempló la sustitución de personal por incapacidades, vacaciones y otros que es mucho más compleja en la Caja que en las cooperativas. Adujeron que dejó por fuera el costo para la Caja de su sistema de pago bisemanal y que también excluyó las pruebas de laboratorio que las cooperativas planean iniciar para descongestionar hospitales.
Freddy Gonzalez, de Conacoop sostiene que errores de cálculo de Azyhadee Picado Vidaurre le han costado históricamente ₡1500 millones a la Caja.
#2. Desde agosto el gerente de Coopesalud, Alberto Ferrero Aymerich, denunció que los análisis técnicos de la Caja que determinaron que las ofertas de las cooperativas eran “excesivas” estaban viciados, pues solo evaluaron las diferencias de salarios en los casos en que la diferencia era mayor en las cooperativas que en la Caja pero no al revés. Este dato es importante porque según Ferrero si el análisis técnico de la Caja no hubiera omitido esas diferencias se reflejaría un ahorro para la CCSS de ₡50.000 millones durante los diez años que estarán las áreas de salud en manos de las cooperativas.
Freddy González presentó este ejemplo (de Coopesain) para ilustrar el punto aludido por Ferrero.
Aquí entramos en un juego de números. 50.000 entre 10 da 5.000. Así que hablaríamos de un ahorro de ₡5.000 millones anuales para la Caja en salarios. Sin embargo, el popular post de Otto Guevara aludiendo al tema (que fue aludido por La República) habla de “un ahorro de más de ₡1.500 millones anuales, para un total de $30 millones para los 10 años del contrato”, que sigue siendo un montón de plata pero ya es otro monto.
Con esto lo que trato de decir es que por ahora, desde las dos posiciones, el papel aguanta lo que le ponga y será trabajo de la Fiscalía determinar si en efecto hay o no sobreprecio. Hasta el momento, sobra decir que no hay una conclusión judicial definitiva que confirme la existencia de un sobreprecio ilegal o de actos de corrupción. Estamos muy lejos de eso, recién inició la etapa investigativa, la Fiscalía está apenas recabando información para determinar si en efecto se pudo cometer algún delito en el proceso de contratación.
¿En qué contexto se da todo esto?
Es imposible pasar por alto un dato importante para entender esta crisis. Desde que la Administración Chaves inició, la Caja ha atravesado un complejo problema de gobernanza. A partir de mayo del 2022 se contabilizan 18 diferentes gerentes y 7 coordinadores distintos de la Unidad Técnica de Listas de Espera (a la sétima en agosto ya se la querían volar por claras diferencias con la presidencia ejecutiva). Además, ya 23 personas han desfilado por la Junta Directiva. La JD ha atravesado suspensiones por orden del Consejo de Gobierno, reinstalaciones por decisión de la Sala Constitucional, renuncias, destituciones e incluso casos particulares en los que integrantes perdieron el puesto pero después fueron nombrados de nuevo por el Gobierno o bien, restituidos por orden de los tribunales. ¿Qué ha implicado eso? Un total de 28 salidas, a una por mes. En resumen, por amplia diferencia, la JD más inestable en la historia de la Caja.
