Fiscalía también solicitó que imputados no puedan tener contacto con testigos del caso, entre otras medidas cautelares.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó suspender del cargo, por seis meses, a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, como parte de las medidas cautelares solicitadas en la audiencia contra ocho funcionarios y ex funcionarios la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La petición se realizó al finalizar la audiencia la tarde de ayer, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Esta inició al medio día de este 24 de setiembre, se extendió hasta al rededor de las 7:00 p.m. y el juez ordenó continuar este miércoles a partir de las 8:30 a.m.

Adicionalmente, la Fiscalía también pidió la suspensión del cargo por el mismo periodo a:

  • María Isabel Camareno Camareno, representante del Estado en la Junta Directiva.
  • María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, exgerenta general interina de la CCSS.
  • Jorge Luis Araya Chaves, exrepresentante de los patronos en la Junta Directiva.
  • Zeirith Rojas Cerna, representante de los patronos y vicepresidente de la Junta Directiva.
  • Johnny Alfredo Gómez Pana, representante de los patronos en la Junta Directiva.

En contra de todos los imputados, el Ministerio Público detalló en un comunicado a la prensa que la Fiscalía requirió el cumplimiento de otras cinco medidas, por el plazo de seis meses. Estas son el impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.

El día de ayer, tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad y deben de presentarse hoy a para reanudar la audiencia, en la que se conocerán los alegatos de la defensa técnica de las ocho personas.

La Fapta atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.