Cualquier persona costarricense común a quien se le pregunte por el tamaño de este país en el que vive y sueña, dirá, a lo mejor con orgullo, que es de 51.000 km2, dato escolar siempre asumido sin cuestionar.  No obstante, esta aparente obviedad niega la presencia del mar y lo que suma a la extensión del territorio y recursos de Costa Rica, obviedad que da evidencia la falsa creencia de que el mar es solo la porción de agua que vemos desde la playa.

Esta miope visión hija de la idea vetusta de “la Suiza Centroamericana”, en donde el mar no existe, producto de ver un país “chiquitico” muy afín con nuestra tendencia a aplicar diminutivos a todo, nos ha impedido entender la dimensión de nuestra soberanía marina que solo en el Pacífico, es de 589.000 km2 (unas 11.5 veces el territorio continental) y en el Caribe contamos con 24.000 km2 más. Sumando el mar y el territorio continental, la extensión total de nuestra Tiquicia es de 664.000 km2 (datos del IGN). Así si comparamos el territorio de Francia (551.695 km2) con el nuestro, éste es un poco más grande y cuenta con recursos muy valiosos que no percibimos con nuestra mentalidad “vallecentrista” desprovista de aquella romana noción de “mare Nostrum”.

Nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), es decir, todo este vasto espacio marino costarricense, a tenor de lo dispuesto por los artículos 55 y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Mar conocida como CONVEMAR, se extiende 200 millas náuticas (370 km) a partir de nuestra costa, y en el caso de nuestro territorio, se amplía aún más a partir de la Isla del Coco. Mucha razón tenía el Expresidente Rodrigo Carazo al procurar establecer habitantes en dicha Isla para reclamar este enorme espacio reconocido por el derecho marino.

Ahora, esta ignorancia no es del todo inocente. Durante un período de más de 30 años, desde la década de los 90 del siglo pasado, y las primeras dos del presente, en esta suerte de “torpeza geográfica” o “descuido de soberanía”, reproducida incluso en libros de texto escolares, cátedras de geografía y políticas de conservación, fue muy conveniente para quienes sí tenían conocimiento de esta ventaja y de la riqueza de nuestra extensa ZEE, como dicen nuestros abuelos, para uno que madruga, otro que no se levanta. Así, merced a una serie de ordenanzas que parecen partir de la insensatez de que, si no aprovechamos nuestra riqueza, mejor que otros la aprovechen, se impuso una estructura regulatoria extractiva que nunca advertimos y en nuestro desconocimiento, hasta las gracias dábamos, paso a explicar:

Las autorizaciones para la extracción de atún de parte de Costa Rica a embarcaciones extranjeras, se ha dado históricamente de dos formas, dependiendo de donde se extraiga: para la zona económica exclusiva, (ZEE) se han usado licencias de pesca por 60 días. Para la extracción de atún en aguas internacionales (fuera de la ZEE), se utilizan contratos anuales. En este segundo caso, por ser Costa Rica por ser miembro fundador de la CIAT (Comisión Interamericana de Atún Tropical), tiene un derecho de extracción en aguas internacionales que pocos países tienen.

En el primer caso, es decir, en la dotación de licencias a embarcaciones internacionales la historia es por demás un poco enrevesada, veamos:

En 1975, la llamada Ley Ferreto (ley 5775 y 6267 ya derogada) estableció el concepto de permiso de viaje de pesca para barcos atuneros, todos extranjeros, por 60 días naturales y estableciendo un valor de 60 pesos centroamericanos[1] aproximadamente, por tonelada de atún capturado. Pero la unidad de medida establecida fue la tonelada Moorson propia del siglo XIX cuyo peso real equivale a 2,83 toneladas, es decir, se otorgaba un permiso a tres por uno, como incentivo de pesca.

En la misma línea, el Decreto 23943-MAG del 5 de enero del 1995, “ajusta” el canon de 54 dólares por tonelada, pero no cambia la tonelada Moorson, resultando que las embarcaciones se llevan el atún, de nuevo, pagando 54 dólares, pero en realidad se siguen llevando tres por uno, o sea a unos 19 dólares por tonelada, es decir, por 1000 kg de atún capturado. Este precio se mantuvo hasta el 2018 (el precio actúa por kg de atún en el supermercado es 18.000 colones). A esto se agrega que la Ley Ferreto en su momento y luego la de Pesca y Acuacultura 8436 de 1995 ofrecían licencias gratuitas a barcos que trajeran al menos 300 ton a puerto costarricense para abastecer a la industria nacional.

En 2000 el Decreto 28528-MOPT, otra joya de nuestra regulación en su articulo 6 establecía una curiosa fórmula de conversión: TNR=Vc/2,83, donde Vc es Volumen de carga, esto en simple es: que la capacidad total que un barco atunero puede capturar y cargar, (volumen de sus bodegas) que viene declarado en el registro del barco, en Costa Rica se debe dividir entre 2,83 y el resultado es el registro que el país toma como capacidad para cobrar la licencia, de manera extraña, se sigue usando una medida del S XIX, no de peso, sino volumétrica, y el decreto pretende actualizarla pero en vez de aplicar la medida de tonelada métrica, divide el volumen de carga del barco entre 2,83m para registrar el resultado.

De esta manera, tenemos una extensa lista de barcos de Ecuador, México, Venezuela con capacidad de captura y almacenamiento superior a 1000 ton, que solo registraban, y por tanto pagaban, una tercera parte, aunque en la práctica capturaran tres veces más. Una muestra del registro nacional es el siguiente extracto de una larga lista del 2014:

A todo esto lo llamaron “incentivos” porque el país no cuenta con ninguna embarcación atunera especializada en este tipo de pesca. Pero estos “incentivos” no terminan ahí.

Gracias cuestionables mecanismos reglamentarios como estos, se estima que la flota internacional capturó al menos unas 26.000 ton de atún aleta amarilla por año en aguas costarricenses usando licencia otorgada por autoridades costarricenses. De este volumen total,  únicamente el 14.5% de todo ese atún (unas 4000 ton) fue descargado en Puntarenas para la industria nacional (Cubero y Martínez, 2013), para nuestras ensaladas y sándwiches de atún.

Pero este fue solo el primer mecanismo de extracción. A las licencias otorgadas para la captura de atún en aguas costarricenses, es decir en la ZEE, donde funcionó este mecanismo se agregan las autorizaciones de captura de atún en aguas internacionales realizadas mediante el decreto ejecutivo 37386-MAG del 2012. Costa Rica por ser integrante de la CIAT tiene un derecho de pesca de 9364 ton en aguas internacionales y como no tenemos barcos se dice que “alguien debe aprovecharlas”. Esta cuota es muy apreciada internacionalmente. El decreto permite que el país contrate con una embarcación internacional una parte de la cuota, pero este mecanismo tiene un manejo diferente al anterior: El barco puede contratar, por ejemplo 1000 toneladas, métricas (aquí sí se usa la medida correcta) y paga 150 dólares por tonelada por año, o sea paga unos 150.000 dólares por año. Pero en este año el barco tiene permiso para pescar a nombre de Costa Rica esas 1000 toneladas todas las veces que pueda una durante el período contratado, es decir las 1000 toneladas son el tope por viaje. Si tomamos en cuenta que normalmente un barco puede hacer tres viajes anuales de pesca, en la práctica las 1000 toneladas contratadas se convierten en realidad en 3.000 toneladas pescadas… otra vez paga una y se lleva tres, así de generosos hemos sido por años.

Más aún, si lo pasamos a captura anual por este concepto, tomando en cuenta que el barco puede realizar tres viajes anuales autorizados, las 9364 toneladas, bien pueden significar en la práctica una extracción de unas 27.000 toneladas reales las cuales, pese a que se pescan con autorización de Costa Rica, no se reportan internacionalmente como pesca costarricense. A esto se agrega que mientras el decreto estuvo vigente, el trámite, el contrato y las autorizaciones durante años se manejó en pasillos del MAG, sin pasar por INCOPESCA y entre amigos, a tenor de los contratos y poderes revisados en la investigación.

Para tener una dimensión de nuestra marina generosidad, si combinamos los dos mecanismos que autorizan la pesca de atún, es decir, si juntamos tanto las licencias en Zona Económica exclusiva como en el uso del derecho costarricense en aguas internacionales, la extracción a nombre de Costa Rica podía llegar fácilmente a sobrepasar las 50.000 toneladas anuales (50 millones de kilos) y el rédito para el país en promedio fue de unos 904.694,65 dólares (Jiménez : 2017, pág. 41) por las licencias dentro de la ZEE, más 1.404.600 dólares por concepto de contrato de cuotas fuera de la ZEE, en total unos 2.309.294,65 dólares en el mejor de los casos. En promedio, haciendo la operación de dividir las 50.000 toneladas en lo recibido, ofrecemos cada tonelada de atún en unos 46,19 dólares y si tomamos en cuenta que 1 kilogramo de atún en promedio llena tres latas, o una tonelada unas 3.000 latas, pues el negocio realmente ha sido muy productivo, y no precisamente para el país.[2]

Al desastre normativo, en la Zona Económica Exclusiva costarricense se agregaba el hecho de que los barcos atuneros, todos de bandera extranjera, son grandes embarcaciones con redes circulares de unos dos kilómetros de circunferencia, que generaban muchos conflictos con la flota nacional por zonas de pesca, puesto que prácticamente no existía limitación para su actuar

¿Y qué se puede hacer? Frente a esta fiesta de incentivos y generosidad nacional hacia barcos extranjeros, entre el 2012 y 2022, con base en una exhaustiva investigación, se desplegaron algunas estrategias de cambio, las cuales, a la vuelta de los años, han rendido sus frutos. La primera fue el desarrollo de una reglamentación de ordenamiento espacial marino que estableciera zonas de exclusión de los barcos atuneros mediante el Decreto 38681- MAG MINAE. En segundo lugar, se desarrolló un proceso de formación para jueces y fiscales en el litoral pacífico costarricense. En tercer lugar, se tramitó una demanda Contencioso Administrativo para anular los decretos claramente ilegales y lesivos, que resultó en una sentencia favorable en el 2018 y finalmente se tramitó una reforma a la Ley de Pesca aprobada en el 2022, en la cual se regulan las condiciones para el aprovechamiento del atún fresco por parte de la flota nacional. En el próximo artículo se abordará con más detalle, cada uno de estos resultados.

Referencias

  • Cubero P. Martínez D. Análisis de la pesquería de Atún en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Costa Rica,. Informe Técnico de resultados derivados de Bases de Datos generadas por la CIAT 2002 a 2011FECOP, 2013
  • Chaves J.A. Ramírez M. El Manejo Institucional del recurso atún costarricense en los últimos 25 años. Análisis de la actuación administrativa. Informe de Investigación, FECOP 2014
[1] El peso centroamericano ($CA) es una moneda creada en 1961. Es utilizada por las instituciones del Sistema de Integración Centroamericano. Tiene un valor igual al dólar estadunidense (USD). El Arancel Centroamericano de Importación está expresado en pesos centroamericanos.
[2] El dinero producto de las licencias y contratos dinero, conforme al artículo 51 de la Ley de pesca,  va dirigido UN 25% a la UCR Puntarenas, UN 25%, a Biología Marina de la UNA, 10% para Guarda costas, 20% para INCOPESCA y 20% para los colegios universitarios (UTN)

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