Congresista independiente busca una reforma a la Ley de Creación de Incopesca.

Un proyecto de ley presentado este 29 de mayo pretende modernizar y reforzar los controles del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) sobre el combustible subsidiado destinado a la pesca no deportiva en Costa Rica.

La iniciativa surge tras múltiples denuncias y hallazgos de uso indebido del recurso en actividades ilícitas como el narcotráfico y el crimen organizado. El expediente 25.012, impulsado por la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, plantea reformar el artículo 45 de la Ley de Creación de Incopesca.

La legisladora propone en su proyecto que el instituto establezca un proceso digitalizado que emplee un instrumento de pago electrónico. Esto permitiría el control de saldos asociado a cada pescador y la interconexión entre todos los actores del sistema.

Además, se habilita a las organizaciones pesqueras a instalar estaciones de despacho, pero bajo el nuevo sistema digital de fiscalización. El Incopesca será responsable de la trazabilidad del uso del combustible desde su asignación hasta su consumo final.

El texto autoriza por única vez una transferencia de ₡1.000 millones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) al Incopesca. Esto con el fin de realizar el proceso de digitalización de pago electrónico para el control de saldos.

Controles débiles y conexiones con crimen organizado

El texto legislativo menciona múltiples reportes desde 2007 que vinculan embarcaciones beneficiarias del subsidio con casos de narcotráfico. Entre ellos, se citan incautaciones de cocaína en barcos con acceso a combustible exonerado, e incluso beneficiarios señalados por las autoridades judiciales como parte de redes criminales.

Además, recuerda que el año pasado la Contraloría General de la República emitió un informe en el que detectó fallas sistemáticas en el control que ejerce el Incopesca, entidad encargada de administrar el subsidio. Entre las principales debilidades, se destacaron:

  • Aprobaciones sin convenios vigentes ni firmas válidas.
  • Cantidades de combustible asignadas sin criterios técnicos uniformes.
  • Boletas de inspección incompletas y cronogramas de supervisión incumplidos.
  • Escasa ejecución de inspecciones en comparación con la cantidad de trámites aprobados.

Según la CGR, entre enero de 2023 y abril de 2024 se autorizaron 40 millones de litros de combustible a 1.393 beneficiarios, por un monto total de ₡15.338 millones. Sin embargo, solo se realizaron 11 inspecciones a las cargas de combustible en ese periodo.

El texto de ley de Cambronero Aguiluz destaca que, si bien el subsidio busca apoyar a pescadores artesanales y promover el desarrollo económico en zonas costeras, las falencias actuales de fiscalización convierten el beneficio en un factor de riesgo para la seguridad nacional y la integridad de los fondos públicos.