Vuelve a ser tema de discusión la crisis del Régimen de Pensiones IVM y se habla de la urgencia en tramitar reformas con algunas propuestas que se extienden al Sistema Nacional de Pensiones. Un reciente estudio actuarial elaborado por el área técnica de la Caja ha señalado “momentos críticos” para el régimen, entre estos el año 2035 cuando las contribuciones serían insuficientes para el pago de pensiones obligando a utilizar intereses de las inversiones para cubrir los faltantes.

Es conveniente y oportuno que los cotizantes, jubilados y ciudadanos en general estemos enterados de que hubo otros momentos críticos que hace algunos años marcaron el destino del régimen y los desequilibrios que ahora preocupan. La línea de este gráfico nos muestra la información presupuestaria oficial en la cual el excedente de contribuciones, luego de pagar las pensiones, se desplomó con tres momentos críticos: 2007, 2008 y 2009.

Las reformas del año 2007

Antes de 2007 había restricciones para acceder a pensiones mínimas, entre ellas contar con 65 años de edad. En ese año, la administración implementó reformas a IVM mediante las cuales se permitía el otorgamiento de “pensión mínima” antes de cumplir esa edad. Posteriormente, una “valuación actuarial” en el 2014 señalaba que ese cambio “disparó el gasto en forma significativa”.

El faltante se cargó al Estado

Además de señalar el incremento en el gasto, la valuación recomendaba cobrar al Estado los faltantes por la reforma del 2007 a pensiones mínimas. Luego, en 2016, transcurridos nueve años, la junta directiva acogió la recomendación y aprobó un incremento en la cuota del Estado pasando de 0,58% a 1,24%.

La nueva carga para el Estado era triple

La administración de la Caja no consideró que ese aumento, por ley, obligaba al Estado a incrementar su aporte también a los sistemas de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial. En el acta de la sesión de junta directiva 8861 del 1 de setiembre 2016 se consigna el oficio DM-1722-2016 remitido por el Ministro de Hacienda que manifiesta:

"La decisión de la Junta Directiva de la CCSS, obligará al Estado a desembolsar ¢56.000 millones anuales más, para llevar su contribución de 0,58% a 1,24%, lo que redundará sin duda alguna, en un aumento significativo en el endeudamiento del Estado.”

[…]

“Es igualmente alarmante señalar, que así como el monto de ¢56.000 millones en las finanzas públicas crecerá con los años, con los salarios y el número de afiliados al IVM, la decisión traerá igualmente obligaciones con los dos grandes regímenes de pensiones, el del Poder Judicial y el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes por ley tienen igualmente derecho al mismo aumento a los del IVM.”

El año 2008

Como se observa en el gráfico, aparte de que en ese año el excedente de contribuciones se reducía, la administración decidió otorgar un aumento en las pensiones de 10,24%. Don Eduardo Doryan, entonces presidente ejecutivo de la Caja, manifestó en el diario La Nación del 18 de diciembre 2008:

El porcentaje de aumento está basado en estudios técnicos hechos por la Gerencia de Pensiones, explicó Doryan. “Se hizo una corrida de 100 años hasta el 2107, para ver cuál era el impacto que podría tener esta medida. Se concluyó que era perfectamente sostenible dado el aumento en la cobertura contributiva de este seguro (el de pensiones)”, manifestó el presidente ejecutivo.”

Sin embargo, esa “perfecta sostenibilidad” que argumentaba el presidente ejecutivo no era totalmente compartida en el seno de la junta. En las actas 8306 y 8308 del 11 y 16 de diciembre 2008 el director Don Pablo Sauma hacía constar su voto negativo para el aumento, cuestionaba los “estudios demasiado complacientes” y advertía las implicaciones.

“El Director Sauma Fiatt no está de acuerdo con el informe actuarial y la forma en que se han hecho las proyecciones respecto de la sostenibilidad del Régimen a largo plazo. En lo personal, cree que los aumentos deben ser los que compensen la inflación, porque le parece que aumentos más allá de la inflación realmente tienen un impacto en la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Realmente le parece que el informe no es adecuado y no va a aprobarlo.” (Acta 8306)

“El Director Sauma Fiatt justifica su voto negativo y menciona que ya la semana pasada había manifestado su preocupación. /… viéndolo rápidamente, le parece e insiste en que estos estudios de actuarial son demasiado complacientes y quiere que así quede en actas, en el sentido de que hay una responsabilidad de las personas que los elaboran para esta Junta Directiva y para todos los pensionados y futuros pensionados del país, pues se está hablando de las pensiones de la gente.” (Acta 8308)

El año 2009

Como lo apunta el gráfico, a partir de este año las contribuciones dejaron de ser suficientes para el pago de pensiones, ya no solo habían desaparecido los excedentes de contribuciones para incrementar la reserva sino que era necesario también tomar intereses para cubrir los faltantes.

En su informe No. 49532 del 17 de mayo 2017 (página 95) Auditoría Interna se refiere al faltante de aportes para el pago de pensiones:

En cuanto al uso de intereses por parte de la administración para financiar los gastos corrientes, esta Auditoría ha manifestado en diferentes oficios e informes que existen criterios jurídicos y técnicos que señalan la legalidad de que la Gerencia de Pensiones y de la Junta Directiva, hagan uso en determinados momentos de este tipo de ingresos, siempre y cuando la situación financiera así lo amerite, no obstante se debe indicar que en las diferentes evaluaciones realizadas por este Órgano de Control, se ha indicado que cuando los ingresos corrientes producto las cuotas no alcanzan para cubrir los gastos corrientes (Pago de pensiones), y se tiene que recurrir a los ingresos producto de los intereses, constituye un síntoma de que el sistema requiere ajustes estructurales.”

Como lo expone la Auditoría, si los aportes dejan de cubrir el gasto en pensiones y se deben tomar intereses, el régimen enfrenta “problemas estructurales” y esto ocurría desde 2009. Además, al señalar que sobre este asunto se había referido en diferentes oficios, informes y evaluaciones, queda en evidencia que la administración fue omisa en tomar las medidas pertinentes y oportunas para equilibrar las finanzas del régimen.

En resumen, la crisis de IVM no es producto de fenómenos naturales o fuerzas del destino, tiene su origen en acciones u omisiones de la administración. Entre 2007 y 2009 una reforma que disparó el gasto y aumentos desproporcionados en las pensiones tuvieron efectos negativos inmediatos como desequilibrios estructurales que no fueron atendidos oportunamente. Se suma la inacción que profundizó la crisis llevando a que la sostenibilidad del régimen solo sea posible con reformas muy costosas, ya sea por el lado de los ingresos aumentando las cuotas o con drásticas reducciones de beneficios y aumento en la edad de jubilación. Sobre esta base vendrán las reformas que hoy se proponen y que afectarán sensiblemente la calidad de vida de los futuros adultos mayores.

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