En innumerables ocasiones la ministra de educación ha ofrecido hacer pública su imaginaria “ruta de la educación” – digo “imaginaria” porque se nos dijo que supuestamente la tenía en su cabeza desde el primer día.  Ahora, como un estudiante que no hizo su tarea, la ministra pide a la Contraloría que le de un poco más de tiempo para presentar su política educativa, solo un poco más, hasta mayo del año entrante. Como lo oyen: la ministra piensa hacer pública su “ruta de la educación” cuando apenas le quede un año para terminar esa gestión, en pleno año electoral.

Lo grave es que, mientras nos distrae pidiendo más tiempo, lo cierto es que ella, junto con el ministro de Hacienda y el presidente, sí que están actuando a diario en la ruta de la destrucción de nuestra educación pública.

En primerísimo lugar, la están desfinanciando en forma brutal. Luego de más de una década de avances hacia la meta constitucional del 8% como piso de la inversión educativa, la misma empezó a bajar. Paradójicamente, esa caída inició precisamente cuando el actual ministro de Hacienda, Nogui Acosta, era viceministro de Hacienda, incluyendo el período en que el hoy presidente Chaves fue ministro de Hacienda. Así, la inversión educativa, que había aumentado sistemáticamente del 5% del PIB en 2006 hasta el 7,4% del PIB en 2017, empezó a caer y cae cada vez con más fuerza. Hoy la ministra y el ministro de Hacienda nos anuncian, sin inmutarse, que para el año entrante la inversión educativa tendrá que contentarse con apenas un 4,8% del PIB. Volvimos a la situación que teníamos veinte años atrás. De esa magnitud es el retroceso. Dos décadas perdidas.

Constatar que el presupuesto educativo se viene reduciendo del 7,4% al 4,8% del PIB sería razón suficiente para encender todas las alarmas. Pero el problema no se detiene ahí. Estos recortes no han sido el resultado de un manejo más eficiente de los recursos asignados a educación sino que, por el contrario, han sido acompañados de un descuido sistemático de la equidad y de la calidad educativa.

Si algo era importante tras el impacto devastador de la pandemia, era consolidar las mejores herramientas de evaluación para identificar con precisión cuáles habían sido y dónde estaban las principales pérdidas de aprendizaje, e implementar un programa sistemático de recuperación. ¿Qué ha hecho la ministra? En vez de aplicar y fortalecer las herramientas de evaluación las ha degradado al punto que hoy, no tenemos información sobre el estado de los aprendizajes en el país. Las pruebas que se aplican son una mala broma, al punto que sus resultados ni siquiera se están haciendo públicos y los niegan a la prensa y hasta al Informe del Estado de la Educación.

¡Alerta padres y madres! Porque tampoco tenemos información sobre las causas de la mayor o menor calidad de los aprendizajes, y esto, de nuevo, porque la ministra eliminó los cuestionarios de contexto y de factores asociados con el aprendizaje. Así, somos el único país de la OCDE que no aporta esa información requerida tanto para la toma de decisiones internas, como para poder hacer que nuestros resultados sean comparables con los de otros países.

Sin evaluación no puede haber calidad educativa y, hoy por hoy, la educación costarricense navega sin instrumentos de viaje. Ni los estudiantes, ni sus familias, ni el Ministerio, ni el Consejo Superior de Educación, ni los medios, ni la ciudadanía sabemos cuál es el estado de los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes, algo que sería clave para poder implementar con urgencia las medidas correctivas.

Pero no solo se descuidó la recuperación de los aprendizajes perdidos tras la pandemia, sino que se descuidaron y abandonaron muchos de los procesos que venían funcionando con éxito en el MEP. El ejemplo más claro lo tuvimos cuando se desmanteló el programa de informática educativa – un programa pionero en el mundo – y se sustituyó por otro que estaba tan mal concebido y preparado que ni siquiera logró darle uso a miles de equipos informáticos ya comprados. Como con la supuesta ruta de la educación, se nos dice que “esperan” que empiece a desplegarse hasta el próximo año, y apenas en una pequeña parte del territorio nacional, lo cual significa la perdida de equipos, de recurso humano y de aprendizajes en la población estudiantil.

Pocas cosas han sufrido más que los programas de equidad educativa. Al desfinanciarlos, se está dejando a miles de estudiantes sin las transferencias de Avancemos, sin transporte adecuado y sin suficiente servicio de comedores escolares.  Estos programas, junto con la creciente inversión educativa, habían permitido aumentar el acceso y reducir las brechas de la desigualdad educativa – fuente de la desigualdad social y económica. Miles de estudiantes dependen de éstos recursos para estudiar y, cuando no los reciban, quedarán automáticamente expulsados del sistema.

Y que decir de las faltas administrativas, pagos atrasados o incorrectos a las y los docentes, incapacidad para promover un concurso para nombrar en propiedad a las y los candidatos que mostraran la mayor idoneidad, para garantizar el empleo estable de los docentes y la calidad educativa que merecen sus estudiantes.

Costarricenses, la ruta de la educación ¡NO EXISTE! Nunca existió, cada día invierten menos en educación, recortan los programas que protegen la equidad educativa, desmantelan programas educativos, falsean la evaluación, lo que tenemos actualmente no es más que la ruta de la destrucción.

Cuando se inauguraba como ministra, doña Katherine nos instó a todos diciendo: “Ante el apagón educativo, encendamos juntos la luz”. Dos años y medio después lo que vemos, es que doña Katherine solo vino a desconectar el sistema, impidiendo por completo la posibilidad de encender cualquier luz y con el agravante de que su presencia e inacción, deterioran cada día más los canales de la educación y el futuro costarricense.

No podemos permitirlo.

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