Centenares de vecinos firmaron carta de oposición al proyecto; empresa defendió tener todos los permisos en orden.

Urbania, empresa de desarrollo inmobiliario, anunció este miércoles su decisión de no avanzar con el proyecto Vistas de Sámara, en Nicoya de Guanacaste.

Según informó la empresa en un comunicado de prensa, la decisión de no continuar con la negociación para desarrollar el proyecto se dio con el objetivo de enfocar sus recursos en otros desarrollos prioritarios que están manejando en este momento.

Asimismo, Urbania afirmó que la opción de compra del terreno donde se levantaría el proyecto venció días atrás.

"Esta decisión estrictamente empresarial se debe al costo de oportunidad de la inversión y del tiempo necesario, porque atender la situación del terreno en Sámara -si continuábamos con el desarrollo- significaría una distracción inoportuna de recursos que podemos destinar a nuestros otros negocios", dijo Michael Tarcica, CEO de Urbania.

A inicios de este mes un grupo de 366 vecinos de la comunidad de Playa Sámara, en el cantón guanacasteco de Nicoya, solicitó detener el proyecto inmobiliario que pretendía levantar un total de 3000 habitaciones distribuidas en un condominio vertical de 37 torres de 10 pisos, y uno horizontal de 333 lotes, cuestionando su cercanía al manglar del río Lagarto.

Los vecinos agregaron en sus objeciones el eventual crecimiento desmedido de la población de la localidad de Cangrejal de Playa Sámara sin que antes se hubiesen tomado las previsiones del caso en temas como agua potable, al tiempo que recordaron que en febrero pasado la administración del acueducto rural denegó peticiones de tres mil pajas de agua y obras de infraestructura para soportar el eventual incremento poblacional.

La solicitud de los samareños fue promovida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) y la Coalición por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (CODEHEMA).

El desarrollo inmobiliario, que estaba valorado en $34 millones según datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), se llevaría a cabo en un área de 9 hectáreas.

Urbania defendió que el proyecto contaba con todos los permisos necesarios. Alonso Alpízar Chaves, ingeniero civil y jefe de Tramites en la empresa señaló en un artículo de opinión publicado en Delfino.cr que el terreno donde se levantaría el proyecto estaba compuesto de tres propiedades, dos privadas y una concesión en Zona Marítimo Terrestre, y que desde el año 1988 los entonces propietarios contaron los permisos para ejecutar obras en sus fincas, al punto de que antes existía allí una pista de aterrizaje de avionetas.

De todo esto existe registro. De lo que no existe registro alguno es de si antes había o no un manglar, de qué tamaño o si pudiera considerarse una especie de humedal".

Alpízar recordó que en 1995 debido a una epidemia de dengue, el gobierno de ese entonces declaró estado de emergencia nacional y el Ministerio de Salud ordenó a los propietarios rellenar todo tipo de aguas pantanosas y estancadas que eran fuente de criaderos de mosquitos de dengue y malaria.

El ingeniero afirmó que la empresa no había entrado a la fase de diseño y que el permiso obtenido por parte de Setena cumplió con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 43.898 "Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental".

Vista aérea del terreno donde se levantaría el proyecto. Créditos: La Voz de Guanacaste