Cuando hablamos de desarrollo pensamos en progreso, responsabilidad, compromiso ambiental, pero sobre todo prosperidad social. Esta es la consigna que orienta los esfuerzos de la empresa que está promoviendo el proyecto inmobiliario Vistas de Sámara, en Guanacaste.
A nivel país somos conscientes de cómo ciertas provincias, sobre todo las costeras, están rezagadas en términos de oportunidades socioeconómicas respecto a la Gran Área Metropolitana. Pero el panorama que en ocasiones enfrentan los desarrolladores en estas regiones no es nada fácil, todo lo contrario, es muy retador.
Topamos de pronto con cierta resistencia de algunas personas que no entienden —o no les interesa comprender— que el desarrollo necesita de ciertas condiciones para darse. En este caso se ocupa un terreno, cumplir con toda una tramitología institucional, así como una importante inversión para crear la infraestructura necesaria y el apoyo de las comunidades aledañas.
En el caso específico del proyecto Vistas de Sámara, es importante aclarar algunos puntos que han sido tergiversados e incluso manipulados, a fin de crear desinformación en torno a esta iniciativa empresarial.
Este terreno está compuesto de tres propiedades. Dos de ellas totalmente privadas y una es una concesión de la Zona Marítimo Terrestre. Desde el año 1988 los entonces propietarios contaron con permisos gubernamentales para ejecutar obras en las fincas. Incluso, hay que agregar que ahí ya existía previamente una pista de aterrizaje de avionetas, que se usaba para dar acceso a la región. De todo esto existe registro. De lo que no existe registro alguno es de si antes había o no un manglar, de qué tamaño o si pudiera considerarse una especie de humedal.
Continuando con la historia, fue precisamente en el año 1995, cuando debido a una epidemia de dengue, el Gobierno de entonces decretó emergencia nacional y el Ministerio de Salud exigió al propietario rellenar todo tipo de estancamientos y aguas pantanosas en diversas áreas de la propiedad, pues era fuente de criaderos de mosquitos de dengue y malaria y por ende un gran peligro de salud pública para los habitantes de zonas circundantes.
Por estas acciones, donde claramente se acató las órdenes del Ministerio de Salud, el antiguo dueño enfrentó acusaciones por parte de terceros ante instancias judiciales. Los mismos tribunales emitieron sentencias en los años 2001 y 2004, absolviendo a este señor.
No obstante, ahora, más de 20 años después, aparecen nuevamente denuncias respecto a las obras ejecutadas en estas propiedades. Y las preguntas que surgen son: ¿por qué? ¿A qué obedece este interés de frenar un proyecto que ni siquiera ha comenzado? ¿Qué intereses hay de por medio?
Porque de nuevo, dejemos claro algo: desde hace muchos años no se ha realizado obra alguna en la propiedad, mucho menos ahora. No existen movimientos de tierra, sectorizaciones, inicio de construcciones… nada.
A algunos sectores de la población y medios de comunicación se les ha entregado información que no refleja la realidad del potencial proyecto inmobiliario, pues una cosa es dimensionar el máximo de capacidad del desarrollo de un terreno a establecer el tamaño justo y real de lo que se va a hacer en el mismo. Nuestra empresa no ha entrado siquiera a esa fase de diseño todavía, así que alarmar a los vecinos con temas como capacidad vial, disponibilidad de agua, entre otros, no solo es incorrecto, sino irresponsable.
De hecho, nosotros, al igual que otras personas, estamos a la espera de lo que resuelva un análisis que actualmente conduce el SINAC, siguiendo una resolución de la Sala IV, que le dio el término de 12 meses a la institución para verificar todo lo relacionado con este tema y ofrecer una solución. Nuestra empresa, totalmente respetuosa de la institucionalidad y la legislación vigente, esperará el resultado de este proceso.
Por otro lado, se aduce que recibimos un permiso de Setena rápidamente, insinuando que hay algo más detrás de ello. Esto dista totalmente de la verdad. Es más, es importante que se entienda que esta institución lo que hizo fue cumplir a cabalidad con lo indicado por el Decreto Ejecutivo 43898 sobre "Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental", publicado en La Gaceta el 18 de abril del 2024, donde el artículo 12 indica que:
El departamento respectivo de la Setena deberá realizar la verificación técnica del expediente D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) en el plazo máximo de 14 días naturales”. \
Setena cumplió con lo que se le ordenó por ley. Eso es todo.
Vistas de Sámara promete ser un proyecto de desarrollo. Una iniciativa que beneficiará a la zona y a sus habitantes, dinamizando la economía de la región, creando puestos de trabajo directos e indirectos, promoviendo el comercio, generando prosperidad.
Nuestros desarrollos inmobiliarios han demostrado tener una conciencia integradora entre la familia y la naturaleza. No es, ni será nuestra intención afectar un área protegida, todo lo contrario. Llegado el caso se tomarán medidas de protección y de mitigación de cualquier potencial impacto, pues el medio ambiente y la sostenibilidad como un todo, son claves en nuestro accionar.
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