Institución expone la necesidad de incorporar más controles en el diseño, la implementación y la evaluación de los programas que apuntan al bienestar.

La Defensoría de los Habitantes, en un comunicado de prensa, externó su preocupación en torno a la carencia de una política nacional para la atención de la pobreza. Esta premisa es respaldada por un estudio preliminar que elaboró dicha institución, en el cual se estudian las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del sector bienestar, trabajo e inclusión social. Entre estas se ubican:

  • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
  • Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
  • Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
  • Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
  • Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).

La Defensoría ha venido insistiendo en las afectaciones que ha generado la regla fiscal. Precisamente en un informe presentado desde febrero del presente año, la institución incluyó recomendaciones sobre el tema, así como un análisis del impacto en los derechos humanos de la población costarricense, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad social y pobreza. En ese momento, la Defensoría le había recomendado al presidente Rodrigo Chaves que convocara una mesa de diálogo con el propósito de discutir las reformas. 

Uno de los elementos que más inquieta a la Defensoría corresponde a que bajo el contexto de la regla fiscal, el país vive una reducción significativa y constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de atención y combate a la pobreza, lo que también compromete los avances en relación con la desigualdad.

Además de la reducción presupuestaria, la investigación preliminar elaborada por la Defensoría apunta a la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos con el fin de garantizar su idoneidad, mejorar la coordinación interinstitucional y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios. También resaltan que ampliar la cobertura de estos programas en distintas áreas geográficas debería ser una prioridad.

La Defensoría concluye su comunicado detallando la urgencia de incorporar prácticas de evaluación de servicios que incorporen metodologías de costeo claras, así como de subsanar la carencia de indicadores de impacto, los cuales miden si se está generando una incidencia positiva en la sociedad. Con vistas de lo anterior, cierran subrayando que es indispensable la formulación de una política pública que coordine y articule de manera efectiva las diversas estrategias y acciones dirigidas a la reducción de la pobreza.