Sala IV encontró que incluir al ICE dentro de la ley incumplía con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, acogió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) en cuanto a su aplicación al Instituto Costarricense de Electrice (ICE).
Según señala el por tanto del voto 2024-22483, la Sala declaró parcialmente con lugar la acción presentada y anuló el artículo 135 inciso c) de la Ley 9986, el cual derogó los artículos 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660). Con esa declaratoria vuelve a quedar instalado el régimen especial de contratación ostentado por ICE y sus empresas, en sus negocios de electricidad y telecomunicaciones.
Adicionalmente, la Sala encontró que los artículos 1, 2, 68, 69 y 70 de la Ley 9986 eran inconstitucionales en cuanto a su aplicación al Instituto Costarricense de Electricidad.
Desde el ICE señalaron en un comunicado de presa que “el esquema de contratación de la Ley 9986 le impuso al ICE y sus empresas mayores trámites y tiempos que ya habían sido salvaguardados con la entrada en vigor de la Ley 8660, al tiempo que ignoraba las facultades otorgadas al Instituto en esa misma legislación, en el marco de la apertura del mercado de las telecomunicaciones y los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos”.
Sobre el fallo de la Sala el presidente de ICE, Marco Acuña Mora, señaló:
La declaratoria de inconstitucionalidad en artículos de la Ley N.º 9986 y la recuperación de las potestades de la Ley N.º 8660, junto con la exclusión de la Regla Fiscal, son pasos esenciales para que la Corporación atienda sus deberes con el país. Ahora avanzaremos justamente en tareas como cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica y dinamizar nuestros servicios de telecomunicaciones”.
Desde el ICE finalizaron señalando que “con esta decisión, el ICE y sus empresas mejorarán su competitividad y accionar en los diferentes mercados en que actúan, y podrán ofrecer a la sociedad costarricense servicios más oportunos, eficientes y de calidad”.
