Probablemente, la queja -obvia- de las municipalidades es válida; no pueden delegar el mantenimiento de vías nacionales sin los recursos para las mismas. Sin embargo, hasta con los recursos (que seguramente serán insuficientes), la implementación de esta acción sería inviable. Veamos las razones.
La primera, y probablemente la más importante tiene que ver con los estándares. Un municipio administra vías locales, por lo general de un tamaño reducido, con un flujo vehicular regular y de vehículos de un peso promedio razonable. En otras palabras, la mayor parte de las vías locales no reciben camiones de carga, buses pesados, y otros vehículos de gran tamaño y peso (como, por ejemplo, la carga que va desde los puertos a las ciudades). La razón es obvia, el tamaño de las vías.
¿Usted imagina que los estándares de calidad de las vías nacionales, por las que pasan esos vehículos pesados, son los mismos que los de las vías municipales? Hablamos de una concentración distinta de materiales (distinta a la de uso ordinario de las municipalidades), la calidad de los materiales y sus niveles de reforzamiento. Además, ¿quién se hace cargo de las señalizaciones y demarcaciones de las vías nacionales, distintas a las municipales? Por tanto, los recursos que se requieren para dar mantenimiento a esas vías deben ser más altos.
No solo eso, ¿cada municipio tiene a los expertos en vías para hacer el análisis de su estado y las necesidades de mantenimiento, así como la temporalidad de este? ¿No es muy caro que cada municipio cuente con ese equipo de personas? ¿No tiene más sentido que se concentre en una sola institución con el presupuesto y el equipo humano para ello?
Simplemente analicemos la evidencia sobre estándares que manejan los municipios. Si alguna vez ha caminado por el centro de San José se habrá dado cuenta que las aceras (o veredas) son todas de distintos tamaños, alturas, etc. En otros cantones josefinos la cosa es mucho peor, desde la inexistencia de aceras (es decir, o usted tiene auto, o no sale de su casa), hasta el que algunas sean de menos de medio metro de ancho, otras de casi un metro, algunas de metro y medio; y todas de diferente altura, algunas con rampa, otras sin ella. Es más, en algunas zonas de la Gran Área Metropolitana existen puentes peatonales con elevadores para las personas con discapacidad. Pero para llegar al elevador tiene que hacerlo por una calle sin acera, o una zona llena de zacate. Conclusión: ¿para que el elevador si la persona con discapacidad difícilmente podrá llegar a él? Ello sin considerar la vandalización que hacen de estos.
Como se podrá apreciar, con esa política, en vez de que se resuelva un problema, éste se hará más grande. Cabe señalar —si es que a pesar de todo la política llegara a implementarse— que en otros países se han creado organizaciones entre municipios que buscan optimizar los pocos recursos de que disponen. Para ello se crea el concepto de mancomunidad. Esta es una unión de municipalidades, sobre todo, de bajos ingresos, con el propósito de juntar sus recursos y competencias en aras de un beneficio común. Por ejemplo, muchos municipios no cuentan con los recursos para comprar un camión de basura, pero entre varios si pueden hacerlo. De esta forma, comparten su uso entre distintos municipios, así como los costos de su mantenimiento. Ello además les ha permitido juntar habilidades (además de recursos), haciendo posible contratar expertos entre varios municipios para hacer obras de carácter conjunto, o la misma en distintos municipios. Aunque este es un modelo que requiere de la confianza y la coordinación entre municipios (no siempre tarea fácil), una vez iniciado, es de gran utilidad para mejorar las condiciones municipales.
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