En el contexto actual, la inversión en educación debe ocupar un lugar preeminente en la agenda nacional de Costa Rica. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo, la equidad social y el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, enfrentamos una alarmante tendencia de reducción paulatina del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este sector crucial.

Uno de los problemas más urgentes es la subejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual algunos expertos en economía atribuyen a una ineficiente planificación estratégica y presupuestaria. El curso lectivo 2024 inició con un panorama preocupante en términos de infraestructura educativa. Se identificaron 849 centros educativos con órdenes sanitarias vigentes, lo que evidencia un deterioro crítico que compromete la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes desde preescolar hasta secundaria. Este deterioro no solo afecta las condiciones físicas de aprendizaje, sino que también desincentiva la asistencia y participación de la comunidad educativa.

A pesar de esta situación, el presupuesto para 2025 plantea una disminución de al menos el 30% en la partida destinada a infraestructura educativa. Esta decisión agrava aún más la problemática, ya que, sin una inversión adecuada, las condiciones de las instituciones educativas no mejorarán y, posiblemente, se deteriorarán aún más. Es esencial que se realice una planificación eficiente que garantice la asignación de recursos suficientes para mantener y mejorar la infraestructura educativa existente, donde también se considere construir nuevos espacios de aprendizaje que se adapten a las condiciones contextuales y de aprendizaje de las nuevas generaciones.

Otro desafío significativo es la eliminación de nombramientos de docentes, justificada por la supuesta baja en la matrícula o la disminución de la natalidad en diversas comunidades del país. Este recorte provoca la conformación de grupos con una mayor cantidad de adolescentes, especialmente en secundaria, alegando insuficiencia de matrícula. Sin embargo, esta medida genera el hacinamiento de las aulas, afecta la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Además, contraviene el reglamento que autoriza a las instituciones de primaria y secundaria a abrir grupos con un número específico de estudiantes: entre 15 y 25 estudiantes en primaria y entre 15 y 35 en secundaria. La falta de adherencia a estas normativas refleja una planificación deficiente que perjudica tanto a estudiantes como a docentes. Aquí vale la pena preguntarse: ¿se está considerando en el presupuesto del MEP para 2025 reconsiderar esta situación?

El IX Informe del Estado de la Educación revela que el 93% de las escuelas del país no ofrece el currículo completo al estudiantado, que comprende 43 lecciones semanales. Esta carencia impide que las personas estudiantes reciban una educación integral, limitando su desarrollo académico y personal. Asimismo, de las casi 7,000 escuelas públicas en Costa Rica, solo 428 cuentan con personal de orientación, y en el nivel preescolar este servicio es inexistente. La ausencia de profesionales de orientación impide la prevención efectiva del bullying y otros problemas desde edades tempranas, afectando negativamente el ambiente escolar y el desarrollo emocional del alumnado. Pero ¿se está considerando para 2025 mejorar la cobertura del currículo completo o la incorporación de más profesionales de orientación?

Aún más preocupante es la tendencia de disminución en la inversión para programas de becas y ayudas estudiantiles, que tiene un impacto directo en el acceso a la educación para las poblaciones más vulnerables del país. Esta reducción de recursos para becas y ayudas limita las oportunidades de muchos jóvenes que dependen de este apoyo para continuar sus estudios, perpetuando las desigualdades sociales y económicas. En un país que se ha enorgullecido de su sistema educativo inclusivo, esta tendencia es inaceptable y debe revertirse. Sin embargo, en el presupuesto del MEP para 2025 esta partida también disminuye.

Estas deficiencias en la educación pública amplían la brecha con la educación privada, y generan una desigualdad que afecta principalmente a las familias de menores recursos. Es fundamental recordar que, en el pasado, las escuelas y colegios públicos ofrecían una calidad educativa que atendía las demandas sociales con recursos sostenibles, que permitía la convivencia de niños y niñas de diferentes estratos sociales. Este modelo inclusivo fomentaba la equidad y la cohesión social, valores que se han visto erosionados con el deterioro de la educación pública.

Es imperativo que la ciudadanía costarricenses reflexione sobre el cambio que experimenta la educación en nuestro país. La educación no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en el futuro de la sociedad. Al priorizar la inversión en educación, se garantiza el desarrollo de capital humano capacitado, se promueve la equidad y se construye una sociedad más justa y próspera.

Costa Rica debe luchar para revertir la tendencia de reducción de inversiones en educación y garantizar una planificación estratégica eficiente que asegure el adecuado uso de los recursos asignados. No podemos permitir que el futuro de nuestra nación sea comprometido por decisiones a corto plazo y falta de visión. La educación es un bien social que requiere de un compromiso colectivo para su fortalecimiento.

Al invertir en educación de manera eficiente y prioritaria, estaremos sembrando las semillas para un futuro prometedor, donde las generaciones venideras podrán disfrutar de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Es responsabilidad de todos los ciudadanos y autoridades trabajar juntos para que la educación recupere su lugar como prioridad nacional y motor de desarrollo para Costa Rica.

¡Hagamos que nuestras voces se escuchen! No podemos permanecer inactivos mientras el futuro de nuestra juventud pende de un hilo. Es el momento de exigir que se priorice la educación, de demandar una inversión justa y de asegurar que todo el estudiantado, sin importar su origen, tenga acceso a una educación de excelencia. El cambio empieza con nosotros: ¡defendamos el derecho a una educación digna y construyamos juntos el país que soñamos!

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