El reciente titular de Delfino.CR, "Sala IV da 3 días a Presidencia para justificar anulación de declaratoria de interés cultural a Marcha de la Diversidad", nos ha dejado profundamente consternados. Desde la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, queremos expresar nuestro respaldo absoluto al recurso de amparo presentado por Geovanny Delgado Castro.

Nos resulta inconcebible que la Presidencia de la República haya anulado la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad 2024 y, aún peor, que haya destituido a la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz, como consecuencia de esta decisión.

Entendemos que desde Casa Presidencial ya se nos ha dado una respuesta, pero esta no nos representa ni nos convence. No se justifica desde ningún punto de vista la expulsión de funcionarios que, lejos de actuar unilateralmente, estaban siguiendo el espíritu y la letra del Decreto Ejecutivo Nº 34399-S, que declara el 17 de mayo de cada año como el "Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia".

Este decreto insta a las instituciones públicas a promover y apoyar las acciones orientadas a erradicar la discriminación hacia la comunidad GLBTI+. ¿Cómo es posible que, con este mandato tan claro, se haya revertido una declaratoria que solo buscaba enaltecer una actividad esencial para visibilizar y reivindicar los derechos de esta comunidad?

Es importante recordar que la declaratoria de interés cultural y turístico de la Marcha de la Diversidad no fue una ocurrencia aislada. Fue el resultado de un proceso de más de 13 años de lucha y trabajo constante por parte de las organizaciones involucradas.

Ignorar este esfuerzo, o peor aún, minimizarlo con decisiones arbitrarias, no solo desmoraliza a quienes han trabajado incansablemente por la inclusión, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes participan en la marcha, como bien lo ha señalado el recurso de amparo.

La anulación de esta declaratoria, sin una justificación técnica detallada y sin el debido proceso, es una afrenta a los principios de legalidad y transparencia que deben regir en una democracia.

Además, es una clara señal de discriminación contra la comunidad LGBTIQ+, contraviniendo no solo el Decreto Ejecutivo, sino también los valores fundamentales de respeto y equidad que deben prevalecer en nuestra sociedad.

Desde nuestra Asociación, reiteramos nuestro total apoyo a las organizaciones GLBTI+ y a la lucha por sus derechos. No podemos permitir que decisiones como estas pasen desapercibidas o queden sin respuesta.

Nos sumamos al llamado a que se rectifique esta situación y se restablezca la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad, como un reconocimiento justo y merecido a una actividad que es, sin duda, de enorme valor cultural y social para nuestro país.

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