La afirmación que está en boga hoy en día en los sectores políticos tradicionales, luego de la resolución final del arbitraje en el CIADI, es que debemos volver a la minería metálica del oro a cielo abierto por el bien de las finanzas del país.
Ante los graves daños ambientales ocurridos en la zona norte, se han lanzado una serie de criterios falaces que obligan -según el presidente Chaves- a tener que retornar a la minería metálica, pero existen al menos tres preguntas clave a responder previas, que nos debemos hacer, si es que se quiere actuar responsablemente: 1) ¿Antes de que nuestro Estado se declarara libre de minería metálica a cielo abierto del oro en el 2011, no existían coligalleros? 2) ¿Cuándo era legal la minería metálica a cielo abierto, nunca existió un desastre ambiental nacional? 3) ¿Los Estados reconocidos como mineros y que incluso tienen fuerzas armadas, no tienen minería ilegal, ni desastres ambientales?
La respuesta a todas esas preguntas es un rotundo SÍ. Es decir, que volver a autorizar la minería de ese tipo no garantiza absolutamente nada. Recordemos por ejemplo los desastres mineros ocurridos en el proyecto de Mina Macacona en Esparza, donde los mineros se fueron y dejaron sus daños a ecosistemas fluviales en el río Turbina, así como al suelo y nadie se hizo cargo de ello. O el derrame de la mina Beta Vargas que contaminó el río Lagarto en la Pita de Chomes de Puntarenas. Tengamos presente que lo anterior ocurrió, teniendo una Dirección de Geología y Minas, que apoyada en diversas normas no pudieron, o quisieron actuar. Tampoco olvidemos el desastre ambiental y los daños a la biodiversidad de la mina Bellavista en Montes de Oro en el 2008, donde igualmente nadie respondió, es decir, ni desde SETENA que otorgó la licencia ambiental, ni los geólogos responsables y menos la empresa transnacional. O imposible dejar de lado, el gran derrame incluso del 2022 en abangares en la Planta La Luz, donde los lodos con químicos fluyeron por el río Santa Lucía hasta el océano Pacífico luego de grandes aguaceros y nunca hubo ni al menos una restauración ambiental por negligencia institucional.
Los coligalleros han existido desde siempre y ello se mantienen no solo porque no hay quién fiscalice, sino porque hay corrupción y así lo han señalado los propios funcionarios del OIJ en el amparo del caso Crucitas que se tramitó ante la Sala Constitucional presentado por el sector ecologista (19-011277-0007-CO). Propiamente se señaló: “Cabe mencionar que tanto los encargados del transporte, los que alquilan cuartos, o los que extraen el material, realizan pagos a funcionarios públicos a cambio de poder realizar su actividad ilícita sin ningún inconveniente, dejando así evidente la comisión del delito de corrupción a funcionario público”. También se expone: “estas organizaciones para aumentar la cantidad de oro exportado compran este en distintos lugares donde se extraen oro ilegalmente, como Crucitas, Abangares y Corcovado. Para lograr estas exportaciones se comenten otra serie de delitos como la corrupción de funcionarios públicos, la legitimación de capitales…”.
Entonces, ¿se acaban los problemas legalizando la actividad? No, es la respuesta, pues aunque la minería sea concesionada, como en Abangares, alguna de ella se hace pasar como legal y todo pasa los filtros para exportar el oro sin importar de dónde provenga; y es que ni siquiera en Perú, Brasil, o Chile, que son países mineros de amplia tradición han podido hacer nada contra lo ilegal, a pesar de tener soldados fuertemente armados y leyes que se supone son eficientes.
Entonces ¿se resolvería el problema en Costa Rica regresando a la legalidad de la minería? Pues no. Ante una respuesta de ese tipo no faltará quienes salten y digan que si se legaliza ese tipo de procesos extractivos, por lo menos el oro producirá ingresos que queden en Costa Rica. Pero a ello hay que contestarle que se estaría ante un espejismo, pues los desastres mineros están a la orden del día en cualquier Estado, tal y como ha ocurrido acá o en Minas Gerais, Brasil, a inicios del 2019, o en San Pedro de Coris, región Huancavelica en Perú, a mediados de 2019, etc. Y es que siempre, los daños ambientales son más caros que los beneficios que dejan para los Estados ese tipo de procesos, por ello no se debe caer en el engañoso argumento, con el que nos quieren hacer regresar a un pasado cuestionable, pues la verdad es que no existe la minería sostenible y menos en naciones con climas tropicales, donde los huracanes están a la orden del día.
Por otro lado, ya está demostrado, tal y como lo señaló el OIJ, que son las mafias ticas quienes han sacado toneladas de oro de una forma que se supone legal, por nuestro propio aeropuerto Juan Santa María; así las cosas, sin hilar muy delgado, se tiene que lo que nos mata es la corrupción y lo “poco eficientes” que han demostrado ser los funcionarios del MINAE al aplicar las normas ambientales.
Es cierto que en este momento histórico necesitamos una reactivación económica y por ello es fundamental hacer más eficientes los controles del oro legal que sale de Abangares, pero que ello no lleve a habilitar de nuevo la minería metálica a cielo abierto o la subterránea en todo el país. Los diputados deben hacer normas sí, pero que establezcan mecanismos para fiscalizar a los mineros ilegales y hacer una perfecta trazabilidad de ese oro para acabar con el negocio ilegal. La repuesta de volver a un pasado, legalizando la extracción minera no es la solución definitivamente y más bien pareciera que los operadores legislativos que apoyan lo anterior, buscan empantanar más a nuestro Estado que tiene un gran potencial en el oro verde, que es ese que nos hace ser diferentes, la respuesta está en el ecoturismo y el turismo rural y no en la extracción. Los extranjeros no vienen a Costa Rica a ver grandes tajos en lo que eran montañas, vienen a ver lujuriosos bosques, animales, aves y nuestros ríos sin contaminar y sin lodos químicos.
Termino citando las palabras emitidas por David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, quien expuso: “La situación del medio ambiente y los derechos humanos en América ya era motivo de preocupación antes de COVID-19. En lugar de ver a los gobiernos mejorar las salvaguardias medioambientales en respuesta a la pandemia, se han observado varias regresiones, con consecuencias para el disfrute del derecho a un medio ambiente sano en la región. Es probable que esas decisiones de política desfavorables den lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como al derecho a vivir en un medio ambiente saludable”.
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