Alcaldes había mostrado inconformidad ya que se les delegaba más red vial sin proporcionarles recursos para mantenimiento.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda suspendió el decreto ejecutivo 44263-MOPT emitido por el Poder Ejecutivo que traspasaba red vial nacional a la gestión municipal, y que había entrado en vigencia el 10 de julio.
El Tribunal admitió este jueves de forma provisionalísima una medida cautelar formulada por la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. En el expediente 24-004561-1027-CA se ordena dejar sin efecto el decreto publicado en La Gaceta en enero del presente año hasta "tener mayores elementos de juicio para resolver definidamente la solicitud cautelar".
Semanas atrás la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) expresaron su inconformidad con la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, argumentando que sería un traspaso de cerca de 3000 kilómetros de red vial, sin proporcionar los recursos económicos necesarios para su mantenimiento.
Entre las razones para oponerse señalaron que la red vial nacional, que es atendida por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), consta de 7847 km, para los que recibirán este 2024 un total de ¢116.000 millones por concepto del impuesto a los combustibles; mientras que las municipalidades deben atender 38.000 kilómetros con ¢119.000 millones que le son trasladados de ese mismo impuesto.
Además, detallaron que para el año 2023, el Conavi cerró con un superávit de 9306 millones de colones, por lo que la institución cuenta con recursos para atender la red vial nacional, pero no los ejecuta.
"La imposición del decreto 44263-MOPT echará a perder esa planificación, trayéndose al suelo las ilusiones de miles de costarricenses que han confiado en las Municipalidades para ver una mejoría en sus caminos", justificaron semanas atrás.
Para este jueves la ANAI y la UNGL se presentaron a las afueras del Contencioso Administrativo para presentar acciones legales adicionales en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.
MOPT dispuesto a impulsar reforma
A través de un comunicado a la prensa este 11 de julio, el MOPT compartió que ayer sostuvieron una reunión con integrantes de la ANAI y del UNGL para aclarar dudas al respecto del decreto.
El jerarca agregó que "no hay ninguna imposición, sino que debe privar el interés público y el diálogo para conservar el instrumento jurídico que nos permite agilizar la intervención de las rutas".
La cartera de Obras Públicas y Transportes indicó que trabajará en la reforma al decreto, para que se especifique que el traslado de las rutas se hará por solicitud del gobierno local o por solicitud del jerarca del MOPT.
Las partes también pactaron que la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial del MOPT, la asesoría jurídica del despacho del ministro, en conjunto con las municipalidades, revisarán caso por caso para determinar cuáles rutas estarían dispuestas las municipalidades a recibir y cuáles no.
El tercer y último acuerdo es que en un plazo de un año las partes desarrollarán una mesa de trabajo junto con el Ministerio de Hacienda, para impulsar proyectos de ley que puedan ayudar a generar recursos económicos que se destinen para que los municipios puedan dar mantenimiento a las nuevas rutas que tendrán a su cargo.
