Más de 3.000 kilómetros de la red nacional que eran manejadas por el MOPT pasarán a administración cantonal.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifestó su preocupación y rechazo sobre la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que pretende trasladar a la administración cantonal la responsabilidad de 3000 kilómetros de vías nacionales.
La UNGL señaló que decreto 44263-MOPT, que entraría en vigor el próximo 10 de julio, realiza el traslado de las vías a los gobiernos locales sin proporcionar los recursos económicos necesarios para su mantenimiento y lo calificaron como “inviable”.
A través de una nota enviada a jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, y al presidente, Rodrigo Chaves Robles, la presidenta de la UNGL, Patricia Porras Segura, explicó las razones para oponerse a la decisión.
Entre ellas señaló que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tiene asignado un porcentaje del 21,75% del impuesto a los combustibles para las vías que pretende desatender.
Además, detallaron que para el año 2023, se cerró con un superávit de nueve mil trescientos seis millones de colones, por lo que la institución cuenta con recursos para atender la red vial nacional, pero no los ejecuta.
Las municipalidades debemos atender con escasos recursos que se transfieren a cada gobierno local 38032 kilómetros de la totalidad de la red vial de Costa Rica. Mientras tanto el Conavi tiene la responsabilidad sobre 7939 kilómetros de la red vial del país. Tal como indica el LANAME de la Universidad de Costa Rica, la red vial cantonal es treinta veces mayor que la red vial nacional”.
Según la UGLN las municipalidades “han venido haciendo un gran esfuerzo para atender las necesidades de las calles y caminos cantonales con el desarrollo de planes quinquenales".
La imposición del decreto 44263-MOPT echará a perder esa planificación, trayéndose al suelo las ilusiones de miles de costarricenses que han confiado en las Municipalidades para ver una mejoría en sus caminos".
Continuaron:
Esto debido a que de ejecutarse dicho decreto deberemos atender grandes cantidades de kilómetros de caminos, antes responsabilidad del MOPT- CONAVI, sin contar con un presupuesto adecuado y suficiente para cumplir con las responsabilidades que se nos quieren imponer”.
La UNGL adelantó que se encuentran en análisis de la eventual inconstitucionalidad del decreto cuestionado, por violentar la autonomía Municipal y la reserva de ley contenidos en el artículo 170 de la Constitución Política y a la Ley 8801 "Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades".
Ya el pasado 21 de junio la UNGL junto con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y las Federaciones Municipales también enviaron una carta al presidente Chaves en la que se enfatizó en que la derogatoria del decreto “es fundamental para asegurar que se respeten los principios constitucionales y se mantenga la armonía y el correcto funcionamiento de las instituciones locales”.
Las instituciones reiteraron que se encuentran en la mayor disposición de iniciar las negociaciones con el Poder Ejecutivo para atender la falta de recursos económicos para atender la Red Vial Cantonal. En línea con lo anterior, buscan promover un proyecto de ley, que respete el marco constitucional, y que incluya los recursos correspondientes para la debida atención de las rutas.
La UNGL y la ANAI dieron al Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio para responder a sus peticiones.
