Mientras la mayoría de medios de comunicación centran su atención en el genocidio palestino, Sudán sigue sumergida en una guerra civil que ha colapsado el país causando millones de desplazados y miles de muertes. Este conflicto armado, que inició en la capital Jartum, detonado por una lucha de poder entre el ejército y las fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido se ha extendido por el centro, oeste y el sur del país.

Desde abril de 2023 esta guerra ha ocasionado una de las peores crisis humanitarias que existen en la actualidad. Se calcula que unos 25 millones de personas, alrededor de la mitad de la población sudanesa, están necesitados de ayuda humanitaria. Naciones Unidas por su parte calcula que muchas de estas personas sufren niveles agudos de hambre, incluyendo alrededor de 750.000 personas con altos niveles de desnutrición.

En un poco más de un año más de 10 millones de sudaneses se han desplazado dentro y fuera del país. La guerra también ha devastado los servicios sociales del país. Se calcula que el 65% de la población no tiene acceso a la sanidad y alrededor de unos 20 millones de niños no van a la escuela.

La guerra en Sudán, al igual que en todos los conflictos armados, necesita de un flujo constante de armas para poder desarrollarse. Según un informe de Amnistía Internacional en que se analizaron más de 1900 registros de envíos de armas y más de 2000 pruebas digitales, existen indicios que desde el inicio de la guerra ambas partes beligerantes han usado drones, fusiles y morteros fabricados en China. El informe también demuestra que en varias partes del país, incluyendo Darfur, se han utilizado armas ligeras de fabricación china.

La investigación también revela indicios sobre el desvío de armas ligeras turcas a grupos armados opositores a las fuerzas armadas que estaban destinadas al mercado civil. El informe a su vez destaca que empresas rusas han exportado a Sudán armas ligeras para uso civil que han sido utilizadas por las partes beligerantes.

A finales del año pasado un grupo de expertos de Naciones Unidas documentó diversas ofensivas paramilitares en Darfur que fueron acompañadas de una escalada de medios utilizados y nuevas rutas de suministros de armas. En esta línea, el grupo identificó un tráfico constante de aviones de carga procedentes de Emiratos Árabes con destino a un aeropuerto al este de Chad, que transportaban armas y municiones que luego serían destinadas a Sudán. Las otras rutas incluyen combustibles y armas procedentes de Libia y una tercera ruta desde Sudán del Sur.

A pesar de que la guerra en Sudán se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional y sus efectos se han traducido en una ola de muertes y miles de desplazados, la comunidad internacional ni siquiera ha considerado extender el actual embargo de armas, que solo afecta a Darfur, a todo el territorio sudanés. Dicho embargo debe ir acompañado de diversos mecanismos de vigilancia que abarquen toda clase de armas que puedan utilizarse en combate, y una suspensión inmediata de suministros y armas que puedan utilizarse en el conflicto.

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