Hace un tiempo, mi mamá me regaló un broche que guardada con gran aprecio porque representa para ella momentos especiales de su vida. Me pidió que lo luciera como símbolo del vínculo que tenemos, uno indisoluble. Uno similar al que siento por la educación de este país y que me identifica con un buen grupo de personas que durante los últimos años se preguntan por la ruta educativa, una a la cual tener acceso para poder ser parte de ella. 

La historia educativa de nuestro país nos enseña que los acuerdos sociales se plasman en leyes, acuerdos y políticas. El primer acuerdo social sobre educación lo encontramos en la Constitución Política, es aquí donde se establece como un proceso integral, gratuito y obligatorio, que incluye los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Un segundo acuerdo educativo lo encontramos en la Ley Fundamental de Educación (1958), con las respuestas a dos preguntas, para qué educar y cómo organizar el ya establecido proceso integral.  La primera pregunta se responde enunciando unos fines que revelan el tipo de formación humana que se pretende. Es una formación basada en la ciudadanía: “… formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin discriminación de ningún tipo”. La segunda pregunta se responde explicando con gran detalle la organización del sistema educativo costarricense. 

Ahora bien, estos acuerdos, que, hasta finales del siglo XX, aparentaban ser suficientes para orientar la gestión financiera, el diseño de programas educativos y la ampliación de la cobertura educativa, no lo fueron de cara a la llegada del siglo XXI. Lo cierto es que el siglo XX cerró con una intrincada organización del sistema educativo, causada tal vez por la escalada poblacional y de centros educativos. No es lo mismo la gestión de 20 escuelas en siglos pasados, que la gestión de más de 9 mil centros educativos en el siglo XXI. Aquí es donde surge la necesidad de políticas educativas que posibiliten la consecución de los acuerdos educativos iniciales, de frente a un mundo de convivencia compleja, intervenida por un entorno tecnológico en constante desarrollo, una crisis ambiental y una visión planetaria de la sociedad. Es en este marco que el Ministerio de Educación emite su primera política educativa en 1990 y una segunda en 1994, llamada Política educativa Hacia el Siglo XXI, grandes esfuerzos sin duda.

Sin embargo la Política Educativa aprobada en el 2016 por el Consejo Superior de Educación,  logra interpretar con mayor visión el tipo de educación requerida para el siglo XXI. Teniendo siempre como base la formación ciudadana establecida en la Ley Fundamental, se propone la formación de una ciudadanía planetaria, no solo local. Esta Política Educativa se denominada La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad y plantea la transformación de cuatro ámbitos: 1.Curricular y de espacios educativos. 2. Institucional (centros educativos). 3. Personal docente. 4. Gestión educativa.

El primero de estos ámbito se atiende con una propuesta de transformación curricular llamada “Educar para una nueva ciudadanía”. En su fundamentación se plantean 4 retos: 1. La formación continua de la comunidad educativa, 2. La mediación pedagógica para construir conocimientos, 3. El fomento de ambientes de aprendizaje enriquecidos, 4. Una evaluación formativa y transformadora. Esta transformación curricular a su vez plantea el desarrollo de cuatro grandes habilidades para el desarrollo ciudadano: 

  • Nuevas maneras de pensar: desarrollo cognitivo con diferentes habilidades. 
  • Formas de vivir en el mundo: interrelaciones con arraigo pluricultural.
  • Formas de relacionarse con otros: desarrollo de sinergias, comunicación y colaboración
  • Herramientas para integrarse al mundo: Apropiación de las tecnologías digitales  y responsabilidad en el uso el uso de la información.

Es importante señalar que esta propuesta de transformación curricular además de incluir perfiles para el desarrollo estudiantil y diversas formas pedagógicas, también incorpora una serie de indicadores que permiten dar seguimiento a las metas que se pretenden; algo muy deseable en toda planificación de rutas. Porque recordemos que una ruta educativa no es más que una planificación, un camino para alcanzar unos objetivos. 

A muchas personas les resultará insólito que contemos con una política educativa 4x4 vigente, que plantea cuatro transformaciones, cuatro retos y cuatro megahabilidades; una política que es robusta, coherente, pertinente, que cuenta con visión de largo plazo. De manera insólita también, quedó invisibilizada, primero por la pandemia y luego… por “desconocimiento”, tal vez.  De haber apreciado este recurso, estaríamos caminando la ruta educativa de la ciudadanía planetaria, luciéndola como un preciado tesoro y afirmando el vínculo indisoluble que un país debe tener con la educación de su población. 

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