Como es sabido, el gobierno de Costa Rica ha propuesto llevar a referéndum la llamada "Ley jaguar" (pobres jaguares...). Ante ello, surge una pregunta crucial para cualquier demócrata: ¿debo apoyar o rechazar esta propuesta de convocar un referéndum? Es importante distinguir esta pregunta de otra muy distinta: ¿estoy de acuerdo o no con lo que se propone decidir mediante dicho mecanismo? Quien es demócrata tiene claro que las razones para dar una respuesta afirmativa a lo primero no pueden depender de su apoyo en la segunda cuestión. La democracia no se defiende solo cuando se está de acuerdo con algunos de sus resultados.
En este texto sostendré que la respuesta a la primera pregunta debe ser negativa. La razón central es que, sin las garantías necesarias para que un proceso ciudadano amplio de deliberación pluralista, igualitaria, inclusiva e informada preceda al referéndum propuesto por el gobierno para la 'Ley jaguar', este pierde su enorme valor democrático. A nivel institucional no disponemos de dichas garantías. Tampoco parece esperable que surjan socialmente en nuestra coyuntura política actual.
Un referéndum es un instituto de democracia directa que permite a la ciudadanía decidir sobre asuntos que son de su interés mediante un voto secreto en las urnas. Se fundamenta en dos principios: (a) una persona, un voto y (b) la decisión se toma a partir de la posición apoyada por la mayoría de la población votante (usualmente se requieren umbrales mínimos de participación para que el resultado sea vinculante). En Costa Rica, está constitucionalmente regulado en el artículo 105 de la Constitución Política.
El referéndum posee potencialidades democráticas significativas, ya que puede contrarrestar las tendencias oligárquicas que pueden surgir (y han surgido más de una vez) en un sistemas puramente representativos (del tipo que defendió J. Schumpeter).
El general Roca ante el Congreso – Banes
Para comprender su valor democrático, es importante saber que la democracia moderna afirma que el autogobierno del pueblo se da a través de las instituciones establecidas constitucionalmente. No basta con que una mayoría circunstancial asuma una posición para que esta sea democrática. La decisión debe ser del pueblo, no de una mera mayoría.
Pero entonces, más allá de las votaciones ciudadanas, ¿qué falta? En pocas palabras, la respuesta es esta: el pueblo de la democracia surge (o mejor dicho, puede surgir) gracias y en el proceso político-democrático que precede a la votación (como destaca Fernando Atria en su obra ‘La Forma del Derecho’). Este punto es clave para entender el valor democrático de las elecciones, ya sean para elegir representantes o para decidir en referéndums (y porque estas se dan después de procesos político-democráticos).
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un proceso político previo para que el resultado de esta sea la decisión del pueblo? Más allá de lo que establezcan claramente ciertas normas constitucionales y legales, responder esta cuestión requiere asumir una concepción constitucional normativa (o en primera persona). Una posición sobre lo que cada una y cada uno considera que es la democracia correcta o genuina. Personalmente, creo en la democracia participativa y deliberativa. El pueblo de la democracia emerge en un proceso amplio, diverso y prolongado de discusión ciudadana, que debe ser lo más pluralista, informado, igualitario e inclusivo posible. Sin estos elementos, se corre el riesgo de que la política democrática sea una mera disputa entre facciones de la población o, peor aún, entre grupos poderosos repartiéndose el control del gobierno (¡que es de hecho el desierto de nuestra realidad vigente!).
Ciertamente, resulta crucial que cada una de estas nociones se traduzca en instituciones. Estas deben estar diseñadas adecuadamente a nivel constitucional y legal para que las decisiones tomadas mediante referéndum mantengan su especial valor democrático (como dice el título de un valioso libro sobre el tema coordinado y escrito por Yanina Welp y Fernando Tuesta Soldevilla, ‘el diablo está en los detalles’).
Deben establecerse regulaciones para asegurar una distribución equitativa de recursos entre las distintas posturas políticas, para dar voz a minorías reiteradamente excluidas, para que se apele a conocimientos técnicos de fuentes autorizadas y para fomentar debates públicos entre figuras relevantes y variadas. De especial importancia es que se protejan ampliamente las diversas formas de expresión política ciudadana (como plantones, expresiones artísticas y protestas ciudadanas, entre otros).
Desafortunadamente, en Costa Rica el proceso político previo a la votación de un referéndum no está adecuadamente regulado. Por ello, no está garantizada institucionalmente la aparición del pueblo de la democracia.
Ante esta consideración, alguien podría apuntar: “es cierto que falta un adecuado diseño institucional, pero quizás las condiciones para el mentado proceso político previo al referéndum podrían surgir casualmente, como resultado de ciertas causas coyunturales de nuestra realidad nacional”. Esto es posible. Sin embargo, permítaseme añadir una dosis de escepticismo sobre el caso costarricense, especialmente a partir del papel que ha desempeñado el grupo político que ocupa actualmente la Casa Presidencial.
Las condiciones relevantes que se mencionaron anteriormente buscan generar un espacio igualitario en el que diversas visiones en desacuerdo político puedan oponerse y desarrollarse. Ahora bien, ¿cómo ha manejado el presidente Chaves y su gobierno la oposición política? Durante su mandato, hemos visto ataques reiterados y a veces virulentos, contra la prensa, contra órganos técnicos de control y contra la oposición democrática. Todo esto procede de un conjunto de agentes con importante poder institucional y económico. Recientemente se han denunciado hechos aún más graves, que –de ser ciertos- sugieren la organización de grupos civiles para responder violentamente a movimientos ciudadanos opositores. Resulta claro que si estas prácticas se dieran en el proceso político previo al referéndum propuesto, restarían considerablemente su valor democrático.
Así, ni por diseño institucional, ni por causas coyunturales, parece que se daría un proceso político de calidad si se convocara el referéndum promovido por Casa Presidencial. Y es justamente por esta razón que considero que una persona demócrata puede coherentemente rechazar la propuesta de convocatoria a dicho referéndum, como señalé al inicio de este texto.
Manifestación – Berni
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