Varios ministros y ministras han presentado su renuncia al cargo. Se marchan dejando una estela de dudas y una serie de tareas inconclusas. Tras el anuncio de que se van para involucrarse en política electoral, queda un enorme sinsabor sobre la efectividad de sus gestiones. Muchos temas quedan a la deriva o, peor aún, condenados al fracaso.
Un ejemplo es la pobre gestión de la cartera de Hacienda, la cual retrata de cuerpo entero al jerarca saliente y deja un camino empedrado al nuevo ministro, Rudolf Lücke Bolaños. Veamos:
- Atrasos en Hacienda Digital. Este proyecto busca modernizar los sistemas de administración tributaria, con la promesa de facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto y gestionar mejor la deuda pública. Sin embargo, tras cuatro años de ejecución, apenas presenta un 33 % de avance físico y un risible 9,5 % de avance financiero. Las fechas de implementación se han modificado en varias ocasiones, y ya se han pagado 2 millones de dólares en comisiones de compromiso, recursos que, en otras circunstancias, habrían significado mayor recaudación.
- Deuda del Estado con la Caja. Este Gobierno ha sido evasor e irresponsable en el abordaje de la deuda con la Caja. No ha mostrado voluntad para conciliar los montos ni diligencia para establecer nuevos acuerdos de pago. Lejos de reducirla, la deuda aumentó en un 40 % durante esta administración, pasando de 2,9 billones de colones en 2022 a 4,3 billones de colones en 2025. Para este año, Hacienda dejó un faltante de 459.084 millones de colones, comprometiendo el financiamiento del sistema de salud y la seguridad social de millones de costarricenses.
- Incumplimiento de la Ley de Eurobonos. Tras presionar para que esta Asamblea aprobara la Ley de Eurobonos, el Ejecutivo no ha logrado colocar los 2.000 millones de dólares restantes, principalmente por el incumplimiento en la instalación de escáneres y por compromisos relacionados al superávit primario no cumplidos.
- Gestión de deuda a medias. Hacienda no ha presentado una estrategia integral ni sostenible para la gestión de la deuda pública. Se pasó de 28 billones de colones a casi 30 billones de colones, con una relación deuda/PIB del 59,5 %. Aunque esta ha disminuido, ello obedece más al tipo de cambio y a la apreciación del colón que a decisiones estructurales. El Ministerio se ha limitado a soluciones temporales, como los créditos de apoyo presupuestario.
- Estrategia fiscal sin rumbo. La agenda fiscal de este Gobierno ha sido un rotundo fracaso. Iniciativas como la renta global y el fortalecimiento del control tributario quedaron enterradas: nunca tuvieron viabilidad técnica ni política. Tampoco se convocaron mesas de trabajo en el seno de la Comisión de Hacendarios. Fueron proyectos sin brújula, sin derrotero y sin liderazgo.
- Deterioro de los índices macroeconómicos. Aunque en 2024 se logró un superávit primario del 1,4 %, este fue inferior al alcanzado en 2023 (1,9 %). Además, el déficit financiero aumentó a un 3,4 % del PIB, reflejando un claro retroceso en la disciplina fiscal. Los buenos resultados obtenidos tras la implementación de la Ley N.° 9635 se han descuidado, afectando la estabilidad de las finanzas públicas.
- Pobre gestión de cobro. Entre 2023 y 2024, el monto gestionado por cobro administrativo pasó de 130 mil millones de colones a 226 mil millones de colones, pero en 2024 apenas se recuperó un 20 %. La Contraloría ha advertido graves deficiencias en la planificación estratégica, táctica y operativa. La incapacidad para cobrar refleja, una vez más, el fracaso gubernamental.
- Recortes en educación. Este Gobierno pasará a la historia por haber asignado el presupuesto más bajo para la educación desde 2013: apenas un 5,07 % del PIB. Se recortaron becas, comedores y transporte estudiantil. Por primera vez, fracasaron las negociaciones para fijar el monto del FEES 2025. Hacienda tampoco ha mostrado voluntad para girar los recursos adicionales aprobados por este Parlamento, destinados a fortalecer estos rubros. El abandono de la educación pública es, sencillamente, inaceptable.
- Mala ejecución de recursos externos. Como órgano rector del Sistema de Administración Financiera, Hacienda no logró impulsar cambios en la administración y ejecución de créditos internacionales para infraestructura. Las operaciones se retrasan, se ejecutan parcialmente o ni siquiera se ejecutan, y el país paga las consecuencias: solo en 2024 se pagaron 5,8 millones de dólares en comisiones de compromiso.
- Deficiente gestión de los ingresos fiscales. Durante 2024, los ingresos corrientes registraron una caída cercana a 410.000 millones de colones, principalmente en renta (243.000 millones de colones) e IVA (132.000 millones de colones). Esto responde al tipo de cambio, una tímida política monetaria, una débil gestión de cobro y la falta de reactivación económica.
Una gran cantidad de sectores costarricenses no aguantan más una conducción económica centrada exclusivamente en indicadores macroeconómicos, olvidando el bienestar de las personas.
El nuevo ministro debe entender que la estabilidad fiscal no se alcanza con discursos, sino con gestión, planificación, rendición de cuentas y, sobre todo, con sensibilidad social. No podemos continuar con una visión estrictamente fiscalista que desatiende el sagrado compromiso de resguardar y fortalecer los fundamentos de nuestro contrato social.
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