Históricamente, los pueblos afrodescendientes han sido catalogados como grupos vulnerables, y no sin razón. Pero no podemos quedarnos con las manos cruzadas sin tomar acciones.

En el marco de agosto, mes histórico de la afrodescendencia, es conveniente poner el tema sobre la mesa.

Esta población, sin lugar a duda, ha contribuido significativamente al desarrollo de los países, pero el reconocimiento de sus derechos por parte de los Estados ha sido un proceso injustamente cuesta arriba.

Para analizar la situación de la población afrodescendiente, especialmente la afrocostarricense, debemos ir al librero y tomar la Constitución Política y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Estos documentos fundamentales reconocen los derechos y libertades públicas de esta población.

Nuestra Constitución, en su artículo 1, declara que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Este es el principal reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, incluyendo a los afrocostarricenses, un logro inscrito en nuestra Carta Magna en 2015 tras años de lucha.

Además, el artículo 33 establece la igualdad legal entre todos los habitantes de la República, sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Así, nuestro ordenamiento jurídico ha referenciado la protección de una población que ha estado invisibilizada durante mucho tiempo.

En esa misma línea, Costa Rica ha suscrito varios tratados y convenios internacionales que proporcionan directrices que garanticen jurídica y socialmente el reconocimiento de derechos a través de la legislación nacional.

Por ejemplo, podemos citar la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en San José en 1969, la cual reafirma el propósito de consolidar un régimen de libertad personal y justicia social, basado en el respeto a los derechos esenciales del ser humano. Estos derechos son universales y deben ser garantizados sin distinción alguna.

Costa Rica también ha logrado avances significativos en la legislación de protección y reconocimiento de la población afrodescendiente. Por ejemplo podemos hablar de la Ley No. 10.120, que declara de interés nacional la implementación de acciones afirmativas en beneficio de la población afrodescendiente, así como la Ley No. 10.001, que asegura el acceso de esta población al empleo y la educación.

En la corriente legislativa hay proyectos de ley que buscan aportar mayor seguridad a esta población. Este despacho presentó el año pasado el expediente 23.674 "Ley Para la Eliminación de la Discriminación y la Penalización de Todas las Formas de Violencia Étnico-Racial", que establece un marco normativo para garantizar el respeto, protección, cumplimiento y promoción de los derechos de igualdad y equidad.

Este proyecto prohíbe la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, contribuyendo así a la plena inclusión, integración y participación de la población afrodescendiente en la sociedad.

Desde nuestro despacho, también hemos impulsado el expediente 23.903, Reconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal. Este proyecto busca reconocer oficialmente a las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense como pueblo tribal, en línea con el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Costa Rica adoptó en 1992.

Además, establece el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense como un espacio para el diálogo y la colaboración entre estas comunidades y el Estado. Este reconocimiento es crucial para proteger los derechos y la identidad de la comunidad afrodescendiente, asegurando su participación en el desarrollo del país.

Es nuestra obligación, como diputados y como Estado, legislar para seguir avanzando en la protección y reconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales de la población afrocostarricense.

Escuchar a esta población reivindica la lucha de nuestros antepasados y reafirma nuestro compromiso de legislar siempre en beneficio del pueblo que represento y donde están mis raíces.

Pero combatir el racismo no se logra únicamente mediante leyes, convenios ni tratados internacionales. Esta lucha va desde la forma en que criamos y educamos a nuestros hijos, en cómo nos comportamos en los estadios, en las mejengas del barrio, en el bus, en cómo hablamos en la mesa del bar, en cómo nos referimos a las personas afrocostarricenses...

Debemos erradicar expresiones que, aunque comunes en nuestro lenguaje cotidiano, transmiten connotaciones racistas y discriminatorias. A menudo, sin darnos cuenta, utilizamos términos y frases que perpetúan estereotipos y fomentan prejuicios, contribuyendo a una cultura de exclusión y desigualdad.

Es crucial eliminar términos como "denigrar", que lleva consigo un significado despectivo hacia ciertos grupos, y desterrar frases como "lista negra" para referirse a lo indeseable. Estos ejemplos, aunque puedan parecer inofensivos para algunos, están impregnados de una historia de opresión y discriminación que debemos reconocer y superar.

El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también un reflejo de nuestros valores y creencias. Al transformar nuestro lenguaje, damos un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Cada palabra que elegimos usar tiene el poder de construir o destruir, de incluir o excluir, de dignificar o denigrar. Por ello, es fundamental que seamos conscientes de nuestras elecciones lingüísticas y que optemos por un vocabulario que promueva el respeto y la igualdad.

Aunado a lo anterior, no debemos perder de vista que el ideal de un ser humano solo se alcanza creando condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, además de sus derechos civiles y políticos.

La protección de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes no solo es un imperativo moral sino también un compromiso que hemos asumido como nación y mundo. Debemos exigir esta protección y trabajando por ello incansablemente desde todos los frentes.

Es vital que sigamos trabajando juntos, desde los poderes de la República, la sociedad civil y las comunidades, para asegurar que cada persona, sin importar su origen étnico, pueda disfrutar plenamente de sus derechos. Esta transformación tejerá el brillante tapiz de una sociedad inclusiva y equitativa.

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