Febrero 2024: Cientos de personas nicaragüenses con sus documentos de identidad en la mano frente a la embajada, alzándolos hasta sus límites físicos, para ser tomados en cuenta por funcionarios del país expulsor; para optar por una categoría migratoria digna.

En marzo 2023 se abrió la Categoría Especial Temporal de Protección Complementaria por Decreto 43.809, para personas cuya solicitud de refugio estuviera pendiente de resolución o denegada, dotando de permisos de residencia y laborales. Esto reduciría el estancamiento de solicitudes de refugio sin resolución, acumuladas de forma nunca antes vista, como lo confirman las estadísticas de la unidad de refugio 2023 y el Programa Estado de la Nación. Desde octubre 2023 se añadió una inscripción consular a los requisitos para trámites migratorios. Esta no se encuentra en la listado de requisitos en la página oficial de migración, afectando particularmente a nicaragüenses.

¿De qué forma este requisito se podría convertir en evidencia de la violencia estructural que sufren solicitantes de refugio nicaragüenses en el país?

Galtung (1969) describe la violencia estructural como ocultada, indirecta e institucional. Como una violencia silenciosa, que estructura la sociedad. La violencia personal es un evento, mientras que la violencia estructural es un proceso. Esta particularidad dificulta visibilizar culpables, formula desigualdades y las mantiene en el tiempo. Esto se refleja en los obstáculos del proceso de regularización observados en febrero 2024.

La inscripción consular permite el control para el país de procedencia de su población en el extranjero. La realidad actual de Nicaragua bajo la dictadura Ortega-Murillo ha aumentado drásticamente la cantidad de personas que solicitan refugio en Costa Rica. Este proceso debe ser mantenido bajo confidencialidad, como lo destaca el Artículo 8 del Reglamento de Personas Refugiadas Nº 36831-G: abogando al derecho a la protección internacional y la prevención de repercusiones para los solicitantes y sus familiares.

A pesar de esto se entregó un papel a las personas solicitantes, que debían presentar a la embajada, donde se especifica que el comprobante es requerido para aplicar a una categoría migratoria que solo es posible obtener habiendo solicitado refugio, convirtiéndose en violencia directa sobre la confidencialidad.

La embajada pedía 10 días para entregar el documento. Pero cientos de personas reunidas a diario en la madrugada frente a la embajada a la espera del comprobante, daban cuenta de meses de espera, cuya finalización era incierta. Esto revela que la embajada nicaragüense aprovechó la circunstancia para investigar a los solicitantes, probando que los peligros, de los cuales busca proteger la confidencialidad, son reales. Que este derecho fue violentado.

La categoría fue aprobada para recibir solicitudes durante un año. Esto implicaba que podían entregar los documentos faltantes hasta las 2pm del 29 de febrero. Conforme se acercaba la fecha de cierre de la categoría, la tensión frente a la embajada crecía. Cada día entregaban menos documentos. Para colmo las oficinas para recepción de documentos cerró a las 9am, privando de 5 horas de entrega.

Me gustaría destacar cómo lo relatado puede ser señalado como un punto en el que se entrecruzan múltiples formas de violencia estructural. La dificultad de denunciarla crece por la existencia de una vía regularizadora, con condiciones aparentemente prometedoras. Esto tras una inyección millonaria de fondos recibidos por el estado, para afrontar la situación migratoria en el país.

Podemos hablar de la inequidad resultante de exigir la entrega de los mismos documentos a personas de diferentes contextos. Lo mismo a personas que han viajado de forma voluntaria, que a quienes huyeron del gobierno de sus países. Es diametralmente diferente verse obligado a exponer su ubicación y condición de refugiado ante el gobierno del cual se huye, a presentarse a realizar un trámite sin que esto afecte la integridad del interesado y sus seres cercanos.

No es igual amanecer 3 días seguidos frente a una embajada teniendo un trabajo formal y capacidad de defenderse ante represalias, a hacerlo trabajando en el sector informal, bajo condiciones de explotación, sin protección estatal. Es “igual” el documento, pero sólo evidencia la necesidad de equidad real. Que no obstaculice de formas no contempladas a quienes se movilizan desde zonas rurales.

Creí imposible que no se hablara del tema en redes sociales y en los medios. Pero el silencio abrumador confirmó que se trata de una violencia legitimada, tan enraizada en la sociedad, que no fue noticia. Hace falta reconocer la sociedad costarricense como altamente desigual, donde no somos “igualiticos”. Una sociedad que basa gran parte de su economía en mano de obra extranjera despojada de derechos, para la cual la regularización es una amenaza a la explotación sobre la que se apoyan. Esto desde hace muchas décadas, como nos muestra Putnam (2002).

Nuestra sociedad es más desigual por procesos aparentemente inocentes que se entrecruzan. Como las dificultades para acceder a categorías migratorias adecuadas a las necesidades. Por la dependencia de la entrega de documentos por parte de un estado que ha despojado a cientos de personas de su nacionalidad y utilizar su burocracia para ejercer violencia sobre la población. El desinterés de la burocracia costarricense la vuelve cómplice de desigualdades, al subrayarlas con procedimientos extensos que excluyen a quienes no tienen acceso a abogados o conocimiento suficiente para completarlos por su propia cuenta.

La injusticia social es la base de la violencia estructural, nos explica Galtung (1969). La asimetría de poder es su fundamento. Una bala no es más “violenta” que la violencia estructural, solo es más visible. Desde lo invisible expone a cuerpos a esperas interminables, poniendo en riesgo la vida laboral, el soporte económico familiar, la salud mental y física.

Y la culpa corre sin dueño. Tanto el ministerio de migración y extranjería, la unidad de refugio, el gobierno de Costa Rica, la embajada nicaragüense, la dictadura Ortega-Murillo, las desigualdades en transporte y acceso a las instituciones, y la población en general, son culpables indirectos de la violencia vivida por los solicitantes. El entretejido violentador se vuelve difuso por sus múltiples orígenes.

Considero urgente señalar la violencia estructural, para sacarla del silencio avasallador y hacerla visible. Podemos cambiar las cosas, iniciando procesos para eliminar el requisito de inscripción consular, y limar asperezas que violentan a la población migrante. La violencia estructural la construimos en colectivo. Nos toca deconstruirla en miras a una sociedad equitativa.

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