Recurso denuncia privación de libertad y restricciones a la comunicación de migrantes alojados en el Catem.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) acogió para estudio un segundo recurso de habeas corpus presentado en contra de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por la situación de las personas migrantes deportadas de Estados Unidos que el país aceptó y que se encuentran en el Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (Catem).

En el recurso, interpuesto por una persona de apellido Segura Picado, se alega que las personas migrantes, entre ellas menores de edad, se encuentran en una situación de privación de libertad de facto, sin una base legal que justifique la restricción de su tránsito. Esto justificado en reportes de la Defensoría de los Habitantes. 

Dato D+: En el grupo de deportados al Catem-Sur hay personas de países como Turquía, Armenia, Uzbekistán, India, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Vietnam, Rusia, Irán, Afganistán, Jordania, Kazajistán, Ghana, República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, Yemén, Nepal y China. Además, el Catem es un sitio de tránsito donde regularmente llegan las personas que migran del sur al norte del continente americano.

Además, en el documento se señaló que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hizo una inspección en el Catem y dijo que las condiciones del lugar se asemejan a una detención formal, con vigilancia y prohibición de salida. En los argumentos se puntualiza que, según la Defensoría, los migrantes no tienen acceso a sus documentos de identidad, los cuales fueron entregados a las autoridades costarricenses por parte de Estados Unidos.

El hábeas corpus también destaca que la Defensoría recibió quejas sobre la restricción del derecho a la comunicación con el exterior y a la libertad de expresión, dado que no se permite a los migrantes contactar libremente a familiares ni a medios de prensa. Además, hizo énfasis en que en el Catem hay ausencia de red WIFI y en la falta de recursos de las personas para adquirir tarjetas electrónicas que les permitan utilizar sus celulares.

El recurso solicita a la Sala Constitucional que ordene a las autoridades garantizar la libertad de circulación de las personas migrantes, de modo que puedan ingresar y salir del lugar libremente, sin que esto afecte la alimentación y el alojamiento que se les brinda. Asimismo que se garantice el derecho a la libertad de expresión para que los migrantes puedan comunicarse con quienes deseen.

Dato D+: El habeas corpus es el recurso que garantiza la libertad e integridad de la persona, la protege de ser perturbada o de sufrir restricciones por actos y omisiones que cometa la autoridad, detenciones o incomunicaciones ilegítimas; y además resguarda la libertad de tránsito.

Tras admitir a estudio el recurso de habeas corpus, la Sala le dio un plazo de tres días a las autoridades para que se refieran a los hechos alegados, y ordenó que se detalle a la condición jurídica en la que se encuentran las personas migrantes privadas de libertad.

El recurso se tramita bajo el expediente número 25-008039-0007-CO y fue asignado al despacho del magistrado Fernando Cruz Castro.

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Primer habeas corpus y una extensión del decreto

El pasado miércoles se dio a conocer que la Sala IV dio curso a un primer habeas corpus por este mismo tema en contra del director de la DGME  y viceministro de Gobernación, Omer Badilla Toledo. Este fue presentado por Mauricio Herrera Ulloa, ministro de Comunicación durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, y se estudia bajo el expediente 25-006713-0007-CO. 

Ese mismo 19 de marzo la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Pilar Cisneros Gallo durante la interpelación al canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, mencionó que de las 200 personas que fueron deportadas en febrero, ya salieron del país 107 de ellas. Adicionalmente, durante su comparecencia André Tinoco confirmó que estas personas "por su estatus de deportables están detenidas en el centro de atención de migrantes".

Ese miércoles, el Poder Ejecutivo publicó un Alcance Extraordinario al Diario Oficial La Gaceta en el cual incluyó una directriz de la DGME que amplía el permiso de estadía de las personas deportadas que se encuentran en el Catem. En un inicio la estadía en el país de las personas sería por 30 días naturales, pero con esta decisión se amplió a 30 días adicionales.